Suprema remueve a los jueces de la Corte de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez

La decisión del máximo tribunal del país la dio a conocer su vocero, Lamberto Cisternas, "Es una medida que se toma con dolor", manifestó.

26 de Agosto de 2019 | 17:13 | Por T. Cerna, Emol

Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta.

El Mercurio.
SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema determinó remover a los dos cuestionados ministros de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta.

La resolución la dio a conocer el vocero del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas. "Es una medida que se toma con dolor, porque se trata de la desvinculación de dos personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que enfocarse en el contexto que corresponde", manifestó.

Según informó, en el caso de Elgueta la decisión fue unánime (17 sufragios). Mientras que 11 votaron a favor de remover a Vásquez y 6, en contra.

"Formalmente esta es la última instancia, siempre está abierta la posibilidad de la reposición, pero esta es la última instancia", aclaró Cisternas al ser consultado sobre si los magistrados pueden apelar a la decisión dada a conocer esta tarde.

El anuncio de la Suprema se conoce luego que se llevaran a cabo los alegatos por parte de la defensa de ambos magistrados, en el marco de la causa disciplinaria que llevó a cabo la también suprema Rosa María Maggi, quien, a fines de mayo, imputó una serie de hechos relacionados con la tramitación de nombramientos, entrega de información a un investigado cercano, entre otros.


Imputaciones y defensa


En el caso de Elgueta, Maggi le atribuyó intervenir en un recurso de protección del médico Luis Arenas -condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes-, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas; haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, designar en un cargo a su ex cónyuge y a una ex alumna.

Además de haber exigido la designación de otra alumna en un cargo en el Primer Juzgado civil de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez que fue sobreseído.

Su defensa ante la Suprema, en tanto, estuvo encabezada por la abogada Tábata Recabarren, quien centró parte de sus alegatos en su experiencia como alumna del magistrado, pidiendo a la Corte optar por un traslado.

Aseguró que la remoción es la máxima sanción, "equivalente a la muerte para una persona que se desempeña en el ámbito del servicio público", y criticó que las acusaciones por presiones a Arias se sustenten solo en el testimonio de este último, quien se encuentra suspendido y a menos de un mes de ser formalizado.

En cuanto a Vásquez, Maggi lo halló responsable de irregularidades por haber nombrado su hija en un cargo de su jurisdicción; haber prestado consejo a Arenas a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar. Así también por haber modificado, en su calidad de presidente del tribunal de alzada, la integración de una Sala de la Corte sin justificación.

En su defensa alegó el ex ministro de Justicia, Isido Solís, quien también pidió a los supremos no optar por la remoción.

Solís explicó que su representado "ha actuado de buena fe" y que, en el caso del consejo a Arenas, "jamás intervino en la causa judicial". Reconoció que, si bien su acción puede tildarse de "imprudente", esta no influenció en la administración de justicia.

En cuanto a la integración de salas, recalcó que aquello se trataba de "una práctica de buen servicio" basada en tener siempre una composición de al menos dos ministros titulares, pero que, si la Suprema lo consideraba un error, "por tanto es un error".

Concluyó su presentación acusando una manipulación comunicacional por parte del Ministerio Público al solicitar en los últimos días audiencia para formalizar a Vásquez, recalcando así la trayectoria del magistrado. Pidió que se pudiera "apreciar la situación y la vida del ministro Vásquez con distancia, justicia, ponderación".

Ambos jueces se mantienen así también en la mira de la fiscalía. Elgueta fue formalizado y reformalizado por prevaricación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y nombramiento ilegal; mientras que ya se agendó para el 4 de octubre la imputación de los delitos de tráfico de influencia, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible, a Vásquez.
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