SANTIAGO.- Todo comenzó en abril con una captura de pantalla proveniente de Instagram que llegó a un grupo de WhatsApp del que participaban mujeres estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales, en la cual se veían las reacciones que un profesor ayudante de la carrera le daba periódicamente a una de ellas. Eran corazones, aplausos. Como ella, muchas otras alumnas se quejaron de algo similar. Fueron, en total, más de veinte las estudiantes que reconocieron este comportamiento de parte del abogado.
Pocas semanas después, a mediados de mayo, un grupo seis de las afectadas decidió poner una denuncia formal ante la universidad, con el patrocinio de dos profesoras. Pidieron tres medidas de protección: que el profesor ayudante no les hiciera clases, que no les revisara pruebas y que se le prohibiera la entrada a la facultad.
"Para resolver las medidas de protección, la normativa interna da un plazo de cuatro días en total, y a ellas se les concedieron las primeras dos, pero en un plazo de 17 días", explica a Emol Macarena Espinoza, desde la Asamblea de Mujeres de la UDP.
Eso fue lo primero. La otro, cuenta, tuvo que ver con el acuerdo de confidencialidad en torno a las denuncias. "La directora de carrera (Soledad Cabañas) entregó la información de las compañeras que denunciaban al director del Departamento de Género (Rodolfo Figueroa), que lo envió a todos los profesores, incluyendo el ayudante denunciado, y rompiendo así el acuerdo de confidencialidad", cuenta Espinoza.
"Se filtró toda la información a los demás profesores, con todos los datos de nuestras compañeras, sus nombres, sus RUTs... se rompió todo lo que era el acuerdo de confidencialidad, que está establecido por la normativa que entrega la universidad", explica. Desde entonces, dice, el problema empezó a escalar.
Aunque las estudiantes comenzaron una toma en la Facultad de Derecho el martes pasado, hoy son ocho las facultades que se encuentran ocupadas y el problema, aseguran, es transversal en toda la universidad. "Se han sumado porque la problemática también las involucra", dice Espinoza. "En todas las facultades han existido problemas en la aplicación del procedimiento".
Después de hacer el protocolo
La movilización comenzó en la Facultad de Derecho, donde la Asamblea de Mujeres aprobó de forma unánime una toma de las instalaciones el pasado 20 de agosto. "La forma en que las autoridades habían llevado el procedimiento de nuestras compañeras había sido sumamente ineficiente, nefasta. Había mucha responsabilidad de las autoridades de por medio", explica Espinoza.
A juicio de la asamblea, el procedimiento carecía de perspectiva de género y había sido revictimizante. Debido a la filtración de las denunciantes, se produjo una serie de situaciones que los propios estudiantes relatan: otros profesores, en clases, cuestionaban que dar likes en Instagram se considerara acoso.
"El movimiento intervino mucho en la modificación de la normativa el año pasado. Estuvimos presente en las discusiones y sabemos que el error no está ahí, sino que lo está cometiendo la Dirección Jurídica y quienes llevan a cabo los procedimientos"
Macarena Espinoza, Asamblea de Mujeres UDP
"A ellas se les insistió en que acudieran a la normativa, porque se había trabajado con todas las autoridades, y que finalmente denunciaran, para que esto no quedara de manera informal. Nuestras compañeras acudieron a esa supuesta herramienta institucional que nos entrega la universidad, pero salieron totalmente expuestas y revictimizadas del procedimiento", añade.
Pero cuando la toma comenzó en Derecho, notaron que el fenómeno excedía las paredes de la facultad. "Empezamos a contactarnos con nuestras compañeras de las demás asambleas de mujeres e identificamos que este problema se expande, que todas las facultades tienen casos en los cuales el procedimiento ha sido muy mal aplicado por las autoridades", comenta.
Por eso, el foco de la movilización está puesto en la Dirección Jurídica de la universidad, encargada de llevar las denuncias. El problema, explican, no está tanto en la normativa sino en su aplicación. De hecho, el sistema de denuncias de la universidad se vio influido por el movimiento feminista en 2018 y se añadieron cambios a los procedimientos, que fueron dirimidos en comunidad. Incluso se creó un Departamento de Género.
"El movimiento intervino mucho en la modificación de la normativa el año pasado. Estuvimos presentes en las discusiones y sabemos que el error lo está cometiendo la Dirección Jurídica y quienes llevan a cabo los procedimientos", dice.
Una toma tensa
La universidad, en tanto, emitió una serie de comunicados internos para la comunidad, el último de ellos durante la tarde de este miércoles, donde reconocen la importancia de "evitar y sancionar cualquier forma de abuso o discriminación, especialmente por razón de género u orientación sexual".
"La ruptura de la confidencialidad de las comunicaciones constituye objetivamente, y al margen de las circunstancias que la produjeron, una segunda victimización de las denunciantes. Reconocer eso de manera explícita (...) así como establecer las responsabilidades que correspondan, es un primer paso para restaurar la confianza", asegura un escrito firmado por el rector del establecimiento, Carlos Peña.
"La ruptura de la confidencialidad de las comunicaciones constituye objetivamente (...) una segunda victimización de las denunciantes. Reconocer eso de manera explícita (...) es un primer paso para restaurar la confianza"
Carlos Peña, rector
"Las tomas —que lesionan bienes muy importantes de la universidad, en especial su quehacer intelectual— se encuentran sancionadas en las reglas que a todos nos obligan", asegura el rector, quien llama a las autoridades de cada facultad a "disponerse a dialogar con las estudiantes una vez que ellas, a la brevedad, depongan la ocupación de los espacios físicos de la universidad".
Y es que la relación entre las estudiantes y el establecimiento educativo está, según las propias alumnas, "completamente quebrada". "La institución, sus autoridades y profesores nos han estado amedrentando", aseguran desde la asamblea. Este martes, un grupo de estudiantes de Auditoría se tomó un aulario, a quienes, aseguran, se les cortó el suministro de agua. "En otras facultades, como Sociales, han llegado profesores amenazando a compañeras de primer año que se están movilizando, diciendo que se acordarían de sus caras", agregan.
"Lamentablemente los errores han sido muy grandes y se tomó la decisión, a nivel de universidad, de que no se va a negociar o a abrir diálogos hasta que se establezca un petitorio en el cual nos aseguremos que no va a pasar lo mismo que con la normativa: que nos digan que van a cumplis algo y que definitivamente no sea así", concluye Espinoza.
