Producto de las numerosas -y graves- heridas oculares registradas durante las manifestaciones a lo largo de todo Chile a raíz del uso de escopetas antidisturbios de parte de personal policial, abogados presentaron este lunes un recurso de protección en contra de Carabineros -institución representada por el general director Mario Rozas-, con el fin de suspender el uso de proyectiles de goma durante las próximas movilizaciones.
La acción fue presentada en favor de un grupo de personas para que puedan reunirse "y expresar nuestro parecer sobre los problemas que aquejan al país, sin necesidad de autorización previa, pacíficamente, sin temer la mutilación de nuestros órganos de parte del Estado".
Así, se busca que se "declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros de Chile, consistente en disparar balines y/o perdigones en forma arbitraria a sus protocolos, causando lesiones gravísimas", y por ello "se declaren amenazados el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión".
Sumado a ello, dice el recurso presentado por los abogados William García (constitucionalista), Francisco Bustos (derechos humanos) y Ramón Sepúlveda (penalista), se solicitó que el tribunal "ordene que se suspenda, de inmediato, el empleo de los proyectiles 'perdigón de goma o supersock, u otros que en los hechos empleen actualmente los efectivos de Carabineros de Chile, mediante escopetas antidisturbios, mientras no sea resuelto, mediante sentencia firme, el presente recurso".
Lo anterior, por las "numerosas personas que han sufrido mutilación de, al menos, uno de sus ojos", sumado a que "somos personas que panificamos asistir a la manifestación del día 12 de noviembre próximo, momento en el que obviamente no estará resuelto el presente recurso".
"Resulta esencial, para proteger nuestros derechos, el obtener una cautela inmediata que allane el ejercicio legítimo de nuestra integridad física, así como la libertad de reunión y expresión", agregó la acción judicial, a la vez que indicó que "estos hechos, que se han venido desarrollando por más de tres semanas, han dejado, hasta la fecha, más de dos mil personas heridas, de las cuales casi doscientas han perdido total o parcialmente la visión de al menos de sus ojos".
170 abogados piden "cese inmediato de actos represivos"
Por otro lado, a través de una declaración pública, un grupo de 170 abogados manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos represivos ejecutados por agentes del Estado, particularmente por Carabineros de Chile, con total respaldo de su jefatura institucional y de la autoridad pública representada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera".
"Los hechos a los que nos referimos dicen relación con actos constitutivos de violaciones masivas y sistemáticas de los DD.HH., ocurridos en los últimos días, y que siguen aconteciendo hasta el día de hoy", señaló el texto, añadiendo que aquello ha significado "detenciones masivas, muertes, personas lesionadas y mutiladas que configuran un escenario de afectación de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y psíquica".
"La situación está adquiriendo características que nos hace recordar lo ocurrido durante la dictadura cívico militar de Pinochet, frente a lo cual no podemos permanecer en silencio", afirmaron los juristas, por lo que exigieron "el cese inmediato de los actos represivos en contra de la población civil".
Además acusaron que los "recursos de amparo y protección, que tienen por finalidad cautelar derechos fundamentales, del mismo modo que en el pasado, han sido rechazados mayoritariamente por los tribunales superiores de justicia, lo que debilita la democracia y el estado de derecho", por lo que "demandamos a los tribunales superiores de justicia que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, y ante la gravedad de los hechos, adopte las resoluciones cautelares de los derechos fundamentales, bajo el marco normativo de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile".
