Eduardo Abarzúa, integrante del Consejo ADP y reducción de dieta: "Mi propuesta era que la rebaja fuera de un 30%"

Tras seis años de discusión en el Congreso y luego de un mes de su promulgación, se conoció de cuánto será la rebaja a las dietas de los diputados, senadores, ministros y otras altas autoridades, incluido el Presidente de la República.

El monto es transitorio, pues así lo estableció la reforma constitucional que despachó el Parlamento, quien encomendó esta misión al Consejo de Alta Dirección Pública, mientras se crea una comisión permanente que tendrá la labor de establecer la cifra definitiva.

25% fue la decisión del organismo para la rebaja en los sueldos de legisladores y ministros, 10% para el Mandatario y otras autoridades y 1% para funcionarios de exclusiva confianza del Jefe de Estado.

Quienes tomaron esta decisión reconocen que fue una labor compleja, y entre ellos está Eduardo Abarzúa quien junto a Alejandro Weber (Presidente), Bettina Horst, Cristina Orellana y Eduardo Riquelme, integran la instancia.

En entrevista con Emol -vía mail- el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, reconoció que él propuso una rebaja mayor y apostaba a un 30%.

Eduardo Abarzúa, decano Facultad de Economía y Negocios U. Aberto Hurtado y miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.

¿Cómo fue lidiar con la alta expectativa ciudadana para decidir la rebaja de las dietas? En varias de las sesiones, los expositores que escucharon, enfatizaron en que su tarea no era fácil.

Efectivamente no fue fácil. Uno de los principales problemas tenía que ver con que el encargo que la Constitución hizo al Consejo se alejaba radicalmente del rol que le es propio y que dice relación con la selección por mérito y a través de concurso público de los mejores candidatos a servir cargos directivos en los principales servicios públicos del país. Tarea con un fuerte componente técnico, a diferencia del encargo netamente político que se hizo al Consejo, aún cuando la propia Ley trató de darle un carácter de tarea técnica. Los elementos involucrados claramente evidenciaban su contenido político. Además, era bastante claro que cualquiera fuera la decisión del Consejo ésta no dejaría contento a todo el mundo y podía, además, perjudicar la credibilidad de la ADP, esencial para contar con buenos candidatos a los cargos que deben proveerse por su intermedio o con su participación.

La expectativa ciudadana era alta y su consideración, además de la sintonía con sus motivaciones fueron lo que dieron lugar a mi voto de minoría. Estimé esencial dar una señal clara respecto a la importancia de que las dietas parlamentarias -pues ese era el centro de la inquietud de la gente- debían definirse con un correlato con la realidad del país, con el alto porcentaje de chilenos que viven con muy poco y que, como consecuencia de las actuales circunstancias, tampoco ven un futuro auspicioso por delante.

Sin embargo, tampoco fue el único condicionante. Se recogieron los criterios que la ley impuso: responsabilidad asociada al cargo; independencia, EUS (Escala Única de Sueldos), realidad económica del país y política comparada. La apuesta y esfuerzo estuvo en encontrar un sano equilibrio entre todas esas variables, entendiendo que, además, lo que estaba detrás de todo era la falta de confianza en las instituciones y autoridades, con el peligro que ello entraña para nuestra democracia.

¿Cree que los porcentajes de rebaja decididos ayudarán a mejorar los niveles de confianza que existen entre la ciudadanía y la clase política?

Creo que una dieta parlamentaria menos disonante con la realidad cotidiana de la mayoría de los chilenos, a los que deben representar, sin duda contribuye. Pero sería muy simplista pensar que los problemas de desigualdad de Chile se solucionan con la rebaja de la dieta parlamentaria. Así lo afirma el CADP en su informe: la desconfianza no surge sólo como respuesta a las altas dietas, es el resultante de una sociedad -la nuestra- cuyo tejido social está debilitado, porque por mucho tiempo se ha estructurado en torno a parámetros individualistas, en que poco importa lo que pasa con el resto mientras yo esté bien. En que se ha perdido el sentido de comunidad, en que no sé como se llama mi vecino y en que faltan puentes entre chilenos que habitan en realidades muy diversas y desconectadas entre sí.

Todo lo anterior, enfatizado aún más por la caída de instituciones que tradicionalmente concitaron la confianza del Chile descreído: la Iglesia Católica, que jugó un rol tan importante durante la Dictadura, de pronto revelaba sus secretos más oscuros, y Carabineros, orgullo nacional por su fama de incorruptibles, también quedaban frente a la opinión pública como inmersos en fuertes redes de corrupción.

Le parecería adecuado o pertinente que los porcentajes que ustedes decidieron, que son transitorios, se mantuvieran por al menos los próximos cuatro años. Esto considerando el plazo que existe para que se conforme la comisión, que debería ser designada y ésta decidir antes del 11 de septiembre de este año?

Más allá de lo que yo considere, creo que esta pregunta debería dirigirse a los parlamentarios y al propio Ejecutivo, ya que uno y otro son los encargados de legislar y asegurarse que la comisión permanente pueda entrar pronto en funciones. Dados los tiempos legislativos y considerando que aún no se ingresa la ley orgánica constitucional de la comisión a tramitación, es prácticamente imposible que ese organismo pueda cumplir su tarea antes del inicio del próximo período presidencial.

Abazúa (al centro) junto a Alejandro Weber y Cristina Orellana, participando de la comisión de Constitución de la Cámara en noviembre del año pasado, cuando se discutía el proyecto. (Crédito: Jonathan Mancilla, El Mercurio)

Por lo tanto, aparentemente la decisión del CADP se proyectará en el tiempo. Creo que considerar ese aspecto implicaba sumar una condicionante externa adicional a la decisión del Consejo, sumados a los criterios señalados por la Ley y al pie forzado -impuesto por los parlamentarios- de mantener la equivalencia entre las dietas de senadores y diputados y las remuneraciones de los ministros de Estado. Creo que la pregunta no es si es bueno o malo, pues por lo pronto es, sino más bien si este nivel de desprolijidad es el que nuestros legisladores deben seguir demostrando si lo que se persigue es hacerse eco del malestar ciudadano y revertir su imagen deteriorada frente a sus representados.

¿Hubo división en el CADP respecto a algunas de las decisiones tomadas o las resoluciones tendieron a ser unánimes? ¿Cuál fue el punto de mayor debate?

En general el CADP, desde sus comienzos, ha sido un ejemplo de cómo se puede construir desde la diversidad cuando se tiene el bien común a la vista. El CADP tradicionalmente ha tendido a funcionar con visión de Estado y el norte ha sido contribuir a profesionalizar el Estado. Por cierto, eso pasa por las personas que componen las instituciones y los cambios de consejeros dan lugar a inflexiones a este respecto.

Ahora bien, en este encargo de rebajar transitoriamente las remuneraciones de altas autoridades hubo claramente una discrepancia respecto al monto de rebaja aplicable a parlamentarios y ministros. El voto fue 4x1 y el mío fue el voto disidente. Me remito a lo que precisé al fundar mi decisión de no participar del 25% acordado por el resto del CADP. Mi propuesta era bajar al menos 30% la dieta para sacar a Chile del ránking OCDE de los tres países mejor pagados, lo que se traducía en dejar una remuneración parlamentaria de $6.544.896 bruto mensual.

En el caso de la remuneración de ministros, con la rebaja que proponía los situaba en la mediana de los países OCDE expresadas en dólares PPA (paridad del poder adquisitivo). Y creo que entregaba una señal clara respecto a la desigualdad en el país y a los estándares que esperamos de nuestros representantes.

No alcanzamos consenso sobre el punto, lo que tampoco es un sacrilegio. La discrepancia, en un contexto de respeto y tolerancia, es parte de la democracia y los corporativismos malentendidos no contribuyen al progreso de las instituciones ni de las naciones. Estoy seguro que mi disenso no será un obstáculo para que el Consejo continúe cumpliendo el rol que le es propio en un clima de fraternidad republicana.

Rotundamente sí. Las responsabilidades de los ministros son mucho mayores: desde un eventual juicio político, inhabilidad para ejercer cargos públicos, delitos propios del ejercicio de la función pública o responsabilidad en su propio patrimonio por decisiones que adopte, entre otros. Además, el impacto en la vida de los chilenos de las acciones y omisiones ministeriales es mayor, pues la de los parlamentarios se diluye y morigera entre sus pares; también son mayores los costos de oportunidad de los ministros, sin desmerecer el enorme valor de la representación a través del poder legislativo.

También la 'estabilidad en el empleo' de los ministros es mucho menor, a veces incluso son fusibles para descomprimir la presión frente a un Gobierno que no funciona tan bien como debería, a diferencia de los parlamentarios que tienen un horizonte temporal definido. A nivel comparado, la mayoría de los países OCDE paga más a sus ministros, un 41% más en promedio. El dejar ambas remuneraciones asociadas fue una restricción más para nuestra definición.