El ministro del Interior,
Víctor Pérez, presentó este jueves ante la comisión de Derechos Humanos del
Senado un informe con cifras de los hechos ocurridos durante el
estallido social en el país, entre octubre del 2019 y marzo de este año.
Su intervención se dio en medio del análisis que realiza la comisión sobre la protección de los DD.HH. en el país y el uso de la fuerza por parte de las policías,
a poco de que se cumpla un año desde el 18-O.
Según detalló Pérez, durante dicho período se produjeron 2.904 eventos graves, como enfrentamientos con Carabineros o saqueos, lo que dejó un saldo total de 25.558 personas detenidas vinculadas a estos incidentes. El 85% de estos incidentes ocurrieron en octubre y noviembre.
El secretario de Estado indicó que en medio de estos hechos 3.443 civiles resultaron lesionados por agentes del Estado, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En tanto, 11.180 sufrieron lesiones de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
Asimismo, 347 personas quedaron con daños oculares, 5 sufrieron la pérdida de visión irreversible, y hay 7 fallecidos presuntamente por acción de agentes del Estado, actualmente investigados por el Ministerio Público.
Respecto a los ataques contra las policías, el titular de Interior señaló que 4.817 carabineros resultaron lesionados, 544 cuarteles fueron atacados y hubo 1.198 vehículos policiales dañados o destruidos.
De los funcionarios heridos, 82 fueron por quemaduras, 126 por armas de fuego y 33 por traumas oculares.
Perfil de detenidos y acciones legales
Según explicó el ministro, 84% de los detenidos son hombres y un 16% mujeres. Del total, 53% fueron sorprendidos cometiendo desórdenes públicos, 26% por saqueos y 10% por infringir el toque de queda.
Producto de estos hechos, el Gobierno ha presentado 1.744 querellas, 60,3% bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Estas acciones legales apuntan a 3.044 individuos identificados, 1.444 de ellos en la Región Metropolitana y 1.600 en otras regiones.
Entras las medidas cautelares que se han dictado por parte de los tribunales, 162 corresponden a arresto domiciliario total, 228 a prisión preventiva y 189 a arraigo nacional.
Querellas del Ministerio Público y del INDH
De acuerdo a los datos expuestos por Pérez, desde ocurrido el estallido el Ministerio Público ha presentado 1.230 querellas a funcionarios de Carabineros, de los cuales 63 fueron formalizados, en 29 causas distintas.
De ellos, 12 se encuentran en prisión preventiva, 18 con arresto domiciliario total y 33 con arraigo nacional o prohibición de acercarse a la víctima.
Mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 2.499 querellas, que han dejado 68 personas imputadas.
Estas acciones van contra 2.329 carabineros, 126 militares, 22 detectives de la PDI y 1 gendarme.
