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Tomas de casas: Experta advierte de dificultad para desalojar en pandemia y alcalde teme que se importe fenómeno "okupa"

Afirman que la ley actual tiene un "vacío" y que es "urgente" modificarla y entregar más herramientas a los propietarios para que puedan recuperar sus inmuebles.

09 de Junio de 2021 | 10:51 | Por Natacha Ramírez, Emol

Si el inmueble no es desalojado dentro de las primeras doce horas, se debe iniciar un largo juicio.

El Mercurio
SANTIAGO.- Preocupación y extrañeza ha causado la toma que está protagonizando un grupo de personas al interior del condominio Los Arrayanes de la comuna de La Florida, donde desde hace meses se encuentran habitando de manera ilegal una casa que aún no había sido entregada por parte de la inmobiliaria a sus propietarios.

Los moradores irregulares ingresaron al condominio presentando un supuesto contrato de arriendo y ocuparon la vivienda –de un valor cercano a las 8 mil UF–, que correspondería a una casa piloto. Los vecinos comentan que hace unos días las mismas personas intentaron además tomarse la casa de un residente que se encuentra fuera del país. Según los antecedentes policiales, que publica "El Mercurio", se trataría de un grupo organizado de personas que busca casas vacías del sector para tomárselas.

¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones? La abogada y académica de la Universidad Central, Rebeca Zamora, explica que existen dos posibilidades de acción. Una es por la vía penal y consiste en "obtener que Carabineros desaloje inmediatamente a los ocupantes irregulares". No obstante, eso se puede hacer solo dentro de las primeras doce horas desde que comenzó a ejecutarse el delito de usurpación, ya que durante ese periodo se considera flagrancia.

Pero una vez transcurrido ese tiempo, "la única posibilidad es realizar una denuncia en la Fiscalía o interponer una querella ante un tribunal de garantía", señala la experta. Sin embargo, comenta que, en la práctica, "este delito tiene muy poca aplicación", ya que "se sanciona únicamente a las personas que con violencia –o sea agrediendo a alguien– ocupan un inmueble, y junto con la pena asignada a ese delito en particular –lesiones, por ejemplo–, únicamente se aplica una multa de 11 a 20 UTM" (entre 572 mil y 1 millón 40 mil pesos).

La artimañana del "contrato de arriendo"


La otra opción es por la vía civil e implica iniciar un "juicio de precario". La abogada explica que, "desde el punto de vista civil, estas personas se transforman en lo que se denomina 'precario', es decir, personas que en realidad no tienen un título válido para poder habitar ese inmueble". Al respecto, comenta que "precisamente el problema acá es que varias de esas personas indican tener contratos de arriendo, y como en Chile el arriendo de un inmueble ajeno es válido, es un título que justifica que esas personas puedan encontrarse en ese lugar" en ese momento, independiente de que después se pueda demostrar que haya una estafa, "pero hay un título que los habilita para poder estar" en ese inmueble.

"Es urgente, imperioso, contar con una ley que sí se haga cargo de un vacío que existe en esta materia mucho antes de la pandemia y mucho antes de esas nuevas modalidades (de tomas)"

Rebeca Zamora, abogada y académica UCEN
El gran problema de esto –señala– es que "el juicio de precario suele durar entre dos a tres años como mínimo, y hoy día en pandemia se encuentran totalmente paralizados". "Los términos probatorios –de acuerdo a la ley 21.226 (dictada por la pandemia del covid-19)– están totalmente paralizados, y eso significa que los juicio están detenidos, no han podido seguir adelante y no se están haciendo entonces desalojos", afirma.

Respecto de esta modalidad de tomarse irregularmente una casa nueva o habitada por otra persona, la experta comenta que "es una práctica bastante nueva". "En general, lo que ocurre es que la gente ocupa inmuebles que están abandonados, pero pocas veces se escucha hablar de casos donde los inmuebles están todavía nuevos, están aún pendientes de entrega a sus futuros propietarios, parece bien poco habitual", señala.

Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, subraya que "es urgente, imperioso, contar con una ley que sí se haga cargo de un vacío que existe en esta materia mucho antes de la pandemia y mucho antes de esas nuevas modalidades" de ocupación.

"Más allá de la pandemia, hay un movimiento de ocupar propiedades"


El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, concuerda con que "actualmente, hay un vacío en la ley muy preocupante, en términos de que cuando se produce la ocupación ilegal de una propiedad y ésta no es reclamada dentro de las primeras doce horas, no se puede producir el desalojo inmediato, sino que se tiene que iniciar un juicio, que por la pandemia puede tomar años". Dentro de ese tiempo, la municipalidad no tiene "ninguna facultad" para ordenar un desalojo. "Hay un vacío legal que los okupa están aprovechando", afirma.

La autoridad alerta que lo que está sucediendo en el condominio Los Arrayanes "está muy en la línea de lo que ha ocurrido en otros países, particularmente en España, con la cultura de los okupa, con gente que no solo se toma las casas abandonadas, incluso ha llegado gente que está de vacaciones y que a la vuelta encuentran su casa tomada y no pueden recuperarla".

"Es una realidad internacional que va a ser replicada en Chile tarde o temprano (...) Hoy día, más allá de la situación de la pandemia, hay un movimiento cultural de ocupar propiedades, de aprovecharse y de quedarse, y están ahí y nadie los puede sacar porque seguimos con una legislación que ya no está a la altura de los desafíos actuales"

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida
"Es una realidad internacional que va a ser replicada en Chile tarde o temprano, que de hecho ya se está replicando en muchos lugares, en las playas (...) Hoy día, más allá de la situación de la pandemia, hay un movimiento cultural de ocupar propiedades, de aprovecharse y de quedarse, y están ahí y nadie los puede sacar porque seguimos con una legislación que ya no está a la altura de los desafíos actuales", afirma el jefe comunal.

Dice que "es urgente cortar inmediatamente esta práctica, que viola el derecho mínimo que tienen los ciudadanos, que es vivir en su casa en paz", y llama al Ejecutivo a modificar la ley: "Lo importante es que tengamos un tiempo de respuesta rápido, pero el único camino es que haya una legislación que se modernice y responda a lo que hoy día es la realidad".

En el caso particular del condominio Los Arrayanes, la Municipalidad de La Florida aplicó una multa a la inmobiliaria, ya que aseguran que es ésta "la que debe hacerse cargo de sacar a esas personas de ahí, por la vía legal o por la vía práctica, llegando a un acuerdo con esa gente para que se vaya". El alcalde afirma que "los multaremos todos los días, porque se tienen que hacer cargo del problema (...) No pueden dejar a un vecindario completo sumido en la indefensión frente a esto abusivo e ilegal de los okupa". Mientras eso ocurre, dice que desde el municipio acompañarán a los vecinos con seguridad permanente en el sector.

El alcalde cree que como este caso ya es público "lo más probable es que en los próximos días ellos terminen yéndose", pero subraya que "eso no debe ocultar que hay un problema de fondo: que hoy día una persona que vive en una casa, que sale de vacaciones o se tiene que ir del país por un tiempo y le ocupan su casa no la va a poder recuperar tan rápido. Y eso es algo que hay que corregir legalmente desde el Congreso, con una iniciativa del Gobierno de Chile".
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