SANTIAGO.- Por un largo tiempo, la Policía de Investigaciones (PDI) había logrado desmarcarse y, de cierta forma, fortalecer su imagen al lado de Carabineros de Chile, institución que atravesaba por una profunda crisis, salpicada por casos de corrupción en el alto mando y fuertemente cuestionada por sus procedimientos para contener las manifestaciones durante el estallido social.
Incluso, en octubre de 2019, en plena efervescencia social, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, ofreció disculpas al entonces director de la PDI, Héctor Espinosa, por haber vinculado a detectives en una denuncia por supuestas torturas en la comisaría ubicada al interior del Metro Baquedano. "Usted me pide disculpas a mí, pero tiene que pedirle disculpas a Chile; tiene que pedirle disculpas a los 12.700 detectives", le respondió en ese momento un empoderado Espinosa.
Hace solo unos meses –en abril pasado– la PDI figuraba en la encuesta telefónica del Centro de Estudios Públicos (CEP) como la institución que generaba mayor confianza en la población, superando a las radioemisoras. Y a mediados de junio, cuando Sergio Muñoz asumía como nuevo director general, destacaba que "hoy recibo una institución que está legitimada por la gente, y ése va a ser mi compromiso: seguir reforzando este capital social que hemos ganado con nuestro trabajo".
Agosto negro: Vuelco en caso de detective y querella contra ex director
Pero en pocas semanas todo se desmoronó. La bomba cayó el 4 de agosto, cuando se conoció que la PDI había suspendido a tres detectives e instruido un sumario administrativo en medio de la investigación por la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco –ocurrida en junio en medio de un operativo policial en La Granja–.
Y aunque en un primer momento no se entregaron detalles, a media que se iban revelando los antecedentes todo apuntaba a un vuelco en la investigación: Una arista abierta por la Fiscalía por posible obstrucción a las indagatorias y alteración del sitio del suceso; relatos contradictorios entre los detectives y los individuos formalizados por el homicidio; trazas químicas en las manos de un policía; y un informe que reveló que una bala y una pistola marca Jericho, de la propia institución, eran parte del caso.
En lo público, uno de los coletazos fue la remoción del jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Jorge Márquez, que fue reasignado a un cargo administrativo. Pero en la interna, el tema ha calado hondo en la institución. Según publicó "El Mercurio", el objetivo de la policía civil es "mirarse como institución" y mejorar en el "rol que cumplen en la sociedad", en línea con lo planteado por el director nacional, de que está bien que la PDI esté bajo el escrutinio público, para no ser autocomplacientes. El llamado se dirige sobre todo a las jefaturas en las Brigadas de Homicidios, para que estén constantemente supervisando a los subordinados no solo en materias técnicas, sino también en los procedimientos y en temas "éticos".
Pero no es el único conflicto que enfrenta la PDI. Casi en paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que presentó una querella contra el ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
La acción se funda en la investigación que realiza el Ministerio Público y que da cuenta "de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del ex director de la PDI y de su cónyuge, sin justificación". "Nuestra acción se sustenta en los antecedentes obtenidos en la indagatoria penal, con el propósito de establecer responsabilidades por la eventual sustracción de fondos reservados de la institución y la falsificación de documentos con los que se pretendía rendir cuenta de éstos", detalló el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio.
Fortalecimiento del control interno
En medio de estos hechos, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, fue citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara para que expongan sobre los planes de desarrollo que tiene para la institución, pero también para que "aclare y entregue antecedentes" sobre los últimos hechos que atañen a la PDI.
Durante la instancia, Muñoz dio cuenta de las distintas estrategias que ha desarrollado la institución para modernizarse y evitar que se generen actos de corrupción o de falta de probidad por parte de los funcionarios.
"Estamos frente a una situación muy compleja, que afecta claramente la credibilidad y la confianza que tiene la ciudadanía en la Policía de Investigaciones"
Raúl Leiva (PS), integrante Comisión Seguridad
"El enfoque principal es el fortalecimiento del control interno, en sintonía con el bienestar del funcionario. Hoy día siendo una de las instituciones mejor evaluadas por el escrutinio público, y la institución policial más legitimada, el control interno debe estar mucho más específico y tiene que tener un foco de atención permanente, pero salvando todas las necesidades de los funcionarios y cuáles son los riesgos que tienen de caer en actividades o en actitudes que tengan que ver con la probidad", afirmó el director general a la comisión.
Según dijo, "la confianza debe estar puesta en esto, no se ha destruido nada, creo que esta es una tremenda oportunidad para la institución de que la gente siga creyendo en nuestra objetividad, en nuestra transparencia. Me voy a preocupar de que este proceso administrativo interno llegue hasta las finales, que es lo que la gente quiere".
No obstante, respecto al caso del ex director Espinosa, Muñoz insistió en la presunción de inocencia, mientras que sobre la muerte de la detective Vivanco afirmó: "Aún no tenemos nosotros la respuesta a la investigación que se está llevando en curso y por lo tanto sería bastante irresponsable de mi parte hacer una apreciación anticipada de ello".
En juego "la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la PDI"
La exposición de Muñoz en la comisión de Seguridad de la Cámara generó diversas impresiones en los diputados que la integran.
A juicio del diputado Raúl Leiva (PS) -quien hasta ayer se desempeñaba como presidente de la comisión- "estamos frente a una situación muy compleja, que afecta claramente la credibilidad y la confianza que tiene la ciudadanía en la Policía de Investigaciones".
"Existen varios procesos en curso: uno es el relativo a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la subinspectora Vivanco, donde se han establecido contradicciones en las versiones iniciales de los propios policías, pero a su vez se plantea un eventual encubrimiento o no divulgación oportuna de medios probatorios o de peritajes de la PDI, lo cual es sumamente grave", sostiene, en conversación con Emol. Sobre la querella del CDE contra el ex director, dice que "claramente, es una situación muy delicada, que afecta la probidad, eventualmente, de la institución".
"Cuando se confía en personas que tienen que actuar honestamente y no lo hacen, debilitan la institución que dicen ellos querer, defender y representar. Y la gran dañada es la PDI frente a los ciudadanos y eso es el costo mayor"
Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante Comisión de Seguridad
Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), también integrante de la Comisión de Seguridad, comenta que "hay un tema que no podemos dejar pasar y es que cuando se confía en personas que tienen que actuar honestamente y no lo hacen debilitan la institución que dicen ellos querer, defender y representar". "La gran dañada es la PDI frente a los ciudadanos y eso creo que es el costo mayor", afirma.
Agrega que "ninguna institución debería estar cuestionada por malos manejos de los recursos o situaciones que son oscuras. Pero las instituciones son personas y las personas no son perfectas; el tema está en que la confianza de quien lidera, o los altos cargos, no pueden abusar de ese poder que les otorga la ley y los ciudadanos. Y si se le encomienda el manejo de gastos reservados (...) abusen de ese poder que se les confiere".
Advierte que "eso pasa no solo en instituciones armadas o policiales; los alcaldes también, o el manejo que pueden hacer de recursos de licitaciones, contrataciones o tratos directos que a veces terminan siendo un negocio".
