¿Es viable la implementación del Estado regional a 2026? ¿En qué plazo se podrá tramitar el proyecto de nuevo sistema de salud que el Presidente debería presentar como máximo en 2024?
Aquellas preguntas y varias más surgen a propósito de la votación en seis de las siete comisiones temáticas de la Convención, que esta jornada despacharon a la Comisión de Normas Transitorias las disposiciones que apuntan a la transición entre la actual Constitución y la nueva, en caso de que gane el Apruebo.
Pero esas interrogantes todavía no tienen respuestas concretas, porque las definiciones tomadas hoy buscaban ser "generales" y no contaron con toda la información disponible para aquello.
El informe que aún no llegó y fue comentado esta mañana en las distintas comisiones por convencionales de Vamos por Chile, es precisamente el del Poder Ejecutivo. Esto en el marco del compromiso que hizo el mismo Gobierno de involucrarse en la discusión.
"Tenía entendido que habría información técnica, presupuestaria, de la viabilidad de los tiempos, plazos, y financiamiento de las distintas normas transitorias. El Gobierno anunció que se iba a involucrar en esta discusión, quería saber si había algún antecedente o si hay alguien del Gobierno presente", preguntó Ruggero Cozzi (RN) al inicio de la sesión de Sistemas de Justicia.
"Escuchamos desde la mesa de la Convención que esta nueva etapa iba a venir con la escucha de expertos, que íbamos a poder hacer una labor con mayor amplitud y escuchando las ideas y conocimientos de gente que supiera los distintos temas. Veo acá que está todo zanjado", criticó Alfredo Moreno (UDI), en la Comisión de Derechos Fundamentales.
El rol de la Comisión de Normas Transitorias
La coordinadora de Sistemas de Justicia, Vanessa Hoppe (MSC) respondió a Cozzi que "aquellas conversaciones con mayor profundidad y antecedentes van a darse en la Comisión de Normas Transitorias, por cuanto por la premura del tiempo que tenemos para poder votarlas, en este momento es imposible tener la totalidad de la información al respecto".
Quien dio la respuesta oficial fue el vicepresidente Gaspar Domínguez, que intervino en la Comisión de Derechos Fundamentales para hacerse cargo de las críticas que decían que no había insumos técnicos para la toma de decisiones.
"La votación y discusión es solo en general porque debe orientar la discusión. Y la etapa para hincarle el diente a los detalles técnicos, económicos, escuchar a los expertos, que es muy necesaria para lograr una transición que nos permita avanzar de manera saludable, es la etapa de trabajo en la Comisión de Normas Transitorias, no en la comisión temática. No es conducente que en este momento inicial tengamos esta discusiones", afirmó Domínguez.
Lo aprobado y el protocolo de la mesa
Sin embargo, las normas aprobadas en esta jornada no solo plantean temáticas que se quieren abordar, sino también plazos específicos para la entrada en vigencia de múltiples organismos y para la legislación de decenas de normas en el Congreso.
Por ejemplo, entre lo visado por Forma de Estado está que en dos años desde entrada en vigencia la Constitución,
el Poder Legislativo tendrá que aprobar adecuaciones pertinentes a 15 materias distintas, como la forma de creación y supresión de las entidades territorialesy la legislación electoral para el acceso al cargo de asambleísta regional.
En Justicia, en tanto, se aprobó que el Tribunal Constitucional desaparecería en seis meses y la nueva Corte Constitucional se instalaría en cuatro; y que la ley que cree el Consejo de Justicia -nuevo órgano encargado de los nombramientos- tendrá que estar lista en dos años desde entrada en vigencia la nueva Constitución.
Con el fin de saber si están las condiciones para hacer todas esas modificaciones en esos plazos y qué consideraciones se deberían tomar para diseñar el proceso de transición entre la vieja y la nueva Constitución, la mesa iniciará este miércoles un proceso de conversaciones con distintos poderes, partiendo con las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, y funcionarios de ambas corporaciones.
Además, la mesa aprobó un protocolo la semana pasada para la recepción de insumos provenientes de los Poderes del Estado, de los órganos autónomos; de funcionarios públicos; y de académicos y expertos.
El plazo para entregar aquellos documentos es entre el 5 y el 16 de mayo y serán recepcionados por la Oficina de Partes de la Convención. Una vez recibidos, la Secretaría Técnica los debía derivar a las comisiones temáticas respectiva -que ya terminaron su trabajo- y, cerrado el plazo de ingreso, los remitirá en una versión consolidada y sistematizada a la Comisión de Normas Transitorias.
Lo que recalcan desde la mesa es que el diseño del proceso de estas normas se pensó para involucrar a los integrantes de las comisiones temáticas, que demandaban participar también de la construcción de estas disposiciones, pero que el trabajo central y la discusión de fondo le corresponde a la Comisión de Normas Transitorias. Esta instancia podrá ratificar lo que enviaron las instancias temáticas, podrá cambiarlo o incluso suprimirlo. Ninguna regla les impide descartar definitivamente lo aprobado en general.
La función del Ejecutivo
En esa lógica, el fin de la recepción de los insumos es un día antes del inicio del trabajo de Normas Transitorias, y para ese trabajo llegará efectivamente el informe del Gobierno. Según transmiten desde La Moneda, el documento llegaría este viernes a la Convención, y no contiene propuestas de normas transitorias en sí, sino un análisis de las consecuencias de las normas e información sobre cómo podría ser la transición.
Sobre el rol del Gobierno en esta etapa, la convencional
Tammy Pustilnick (INN) afirmó que "todavía hay tiempo. No solo tenemos que ver una transición paulatina en cuanto a todos los derechos y mandatos al Estado, sino que también hay un contexto social y económico de cómo se van a materializar. El rol del Ejecutivo será fundamental para determinar exactamente el plazo de tiempo que significa cada una de estas reformas".
"Este es un momento en el que se presentan todas las iniciativas transitorias, sin ninguna discriminación. Probablemente algunas son más razonables que otras, pero este es un momento indiscriminado. Por eso no me parece raro ni inapropiado que el Ejecutivo espere para manifestar su opinión hasta que exista una decantación", sumó Fernando Atria.
"Acá el que tiene la facultad soberana de definir las normas es el pleno y la instancia es la Comisión de Normas Transitorias, pero bienvenido cualquier insumo que nos ayude a una mejor transición. No sirve de nada un texto constitucional que sea inaplicable", agregó Ricardo Montero (Col. Socialista).
