"Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista", dijo ayer el Presidente Gabriel Boric en su primera visita a la Región de La Araucanía, reconociendo por primera vez la existencia de ese tipo de delitos en la macrozona sur.
Las palabras del Mandarario fueron valoradas transversalmente, sin embargo, sus impresiones sobre cuál es la mejor herramienta legal para conseguir condenas a esos ilícitos abrieron un intenso debate, luego de que advirtiera que la ley antiterrorista "ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado".
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No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, pero que no les quepa duda que más allá de la denominación que se le de al acto, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas", dijo.
Las expresiones del jefe de Estado provocaron una critica de parte del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, quien indicó a El Mercurio que “resultan bien delicados los efectos de la declaración, pues de ella puede interpretarse una inhibición absoluta a invocar la ley que califica las conductas terroristas”.
"Más grave aún si el Presidente ha reconocido la existencia de delitos terroristas. Hace tanto señalaban que la Ley de Seguridad Interior era antidemocrática y había que derogarla, desistieron de querellas como primera medida gubernamental, y terminaron poco después ocupándola o a lo menos anunciando su uso", agregó.
En ese sentido, el ex secretario de Estado sostuvo que "estoy de acuerdo en que la tipificación del delito terrorista y las normas procesales para su investigación requieren modernizaciones. Háganlas con urgencia entonces, esta discusión lleva a lo menos una década en el Congreso y varias iniciativas".
En la misma línea, el diputado independiente y ex intendente de La Araucanía,
Andrés Jouannet, comentó a
Emol que "yo lamento esa frase del Presidente, porque él no puede deslegitimar una ley. Lo que pudiera decir es que con otra ley también se puede lograr que las personas condenadas por un atentado cumplan una pena importante".
"Llama la atención que si bien el Presidente señala que el caso del molino Grollmus fue un hecho terrorista, por qué el Gobierno no se querelló por conducta de tipo terrorista. Hay que tener cuidado con eso, porque si se logra determinar a quienes ejecutaron ese hecho, cuando sean los alegatos se va a tomar en consideración lo que dijo", dijo.
En tanto, el diputado de la UDI y miembro de la comisión de seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, comentó a este medio que las palabras del Presidente en este tema "lamentablemente se suman a una serie de contradicciones que el Gobierno en general ha tenido en enfrentar el terrorismo".
"La encargada de la seguridad hablaba del Wallmapu y otra ministra de Estado buscaba conversar con el líder de la organización terrorista. Se celebra el cambio de discurso, pero no cabe duda de que pesa el comportamiento, los dichos y la actitud que el Presidente y su sector político ha tenido durante años", cuestionó.
Diferencia con ley contra crimen organizado
Sin embargo, esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la postura del Presidente, destacando que "la experiencia de atentados de tantos años que ha habido acá en la región ha ido mostrando con qué tipo de herramientas legales se logran más resultados en la persecución penal".
"La ley antiterrorista es una ley que perfectamente puede invocar la Fiscalía, muchas veces lo ha hecho, pero esas no han sido la ocasión en que se ha conseguido condenas, no ha sido ocasiones en que investigaciones ha encontrado culpables y llevarlos ante los tribunales para ser condenados", indicó a TVN.
Según la jefa de gabinete, Boric hizo esa distinción "porque hay actos que tienen estas características y otra cosa es ver qué instrumentos legales nos sirven para perseguir a los culpables. Y en la experiencia, s
e han obtenido mejores resultados con el delito de incendio, con porte de armas, homicidio, y ahora con el robo de madera".
Una mirada similar planteó el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien en entrevista con EmolTV sostuvo que la ley antiterrorista "es una tipificación penal que no ha sido eficaz y me da la impresión de que, tanto en términos procesales como sustantivos, requiere ser modificada".
"En la Constitución existe el concepto de terrorismo para contraponerlo a los DD.HH., que es de sentido común, pero creo que hay que ser mucho más precisos a la hora de recalificar estos hechos para que sea eficaz la persecución penal", subrayó, junto con advertir sobre la posibilidad de abordar el tema en la mesa de seguridad.
Con todo, las fichas del oficialismo están puestas en el proyecto de ley contra el crimen organizado, el cual fue ingresado durante el gobierno anterior y al cual el Ejecutivo le ha realizado numerosas indicaciones. Actualmente, dicha iniciativa está ad portas de pasar a tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, es decir, a punto ser despachado.
Según el presidente de la Comisión de Seguridad de esa corporación,
Raúl Leiva (PS), dicha iniciativa "entrega muchas mayores herramientas en cuanto se pueden aplicar técnicas especiales de investigación para todo tipo de banda organizada, como las que contempla, por ejemplo, la ley 20.000 contra el narcotráfico a esas bandas".
El legislador socialista detalló a este medio que el proyecto mencionado por Boric permite contar "con agentes reveladores, agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones. Entonces, es mucho más eficiente esa norma, porque permite sancionar de manera más simple la asociación ilícita".
"Es mucho más fácil de acreditar los delitos, porque no se requiere la vieja estructura. Además, como dice el Presidente, es importante tratar a las bandas que ejecutan actos terroristas como una organización criminal (…) la ley antiterrorista tiene muchos problemas en cuanto a la acreditación del delito efectivo", enfatizó.
Sobre esa diferencia, Jouannet añade que "quienes atentan o están detrás de estos grupos se denominan terroristas porque pretenden desestabilizar al Estado, no son como los delincuentes común y corriente, que actúan fundamentalmente por motivos económicos, aún cuando eso es un elemento como lo dijo el líder de la CAM".
"Ellos lo hacen del punto de vista político e ideológico, deslegitiman el Estado en una sociedad moderna, eso si es terrorismo. Cuando se ataca, solo por el hecho de atacar o causar daño, no es terrorismo, aunque cause terror, como el Tren de Aragua, que es un grupo delictual que tiene un fin económico, no ideológico", expuso.
¿Normas complementarias?
No obstante, existe coincidencia en el Parlamento en que si bien hay que modernizar la ley antiterrorista y que se debe despachar el proyecto contra crimen organizado, ambas herramientas deben existir, ya que serán complementarias a la hora de intentar conseguir sanciones efectivas para quienes cometen delitos de ese tipo.
"Son absolutamente complementarias. Lo que hoy necesitamos para enfrentar la violencia, delincuencia y el terrorismo, son más herramientas de persecución penal, no menos”, dijo al respecto Alessandri, quien destacó que la propuesta mencionada por Boric "está en el Senado y va a pasar pronto a tercer trámite".
Para Jouannet, "efectivamente la ley de tipo terrorista
requiere naturalmente de una prueba mucho mayor, pero no es que sea ineficiente. Lo que ocurre es que para invocarla tienen que darse ciertas circunstancias, en el caso del molino si se da, o en el caso de Carmen Phillips, donde dejaron panfletos sobre violencia política".
No obstante, concuerda en que "ambas cosas son complementarias, debemos tener una ley de tipo terrorista moderna, porque hoy tenemos terrorismo, lo ha reconocido el propio jefe de Estado y eso es muy importante. Lo que sí hay que hacer es que no sacamos nada con tener leyes si no tenemos cómo aplicarlas".
"Si no tenemos agentes del Estado que puedan pesquisar, si no tenemos Carabineros, van a seguir ocurriendo hechos y no va a haber reacción en materia investigativa. El discurso del Presidente tiene que ir acompañada de acciones concretas, como aumentar la dotación de Carabineros", advirtió.
Una visión similar planteó Leiva, quien reconoció que "son complementarias, pero definitivamente yo avanzaría por atacar la organización criminal terrorista, porque eso permitiría sancionar y perseguir bandas criminales aún cuando no cometan delito alguno. Es mucho más fuerte en materia de prevención".
Según el parlamentario socialista, a diferencia de la ley antiterrorista, el proyecto contra el crimen organizado "permite una persecución criminal antes de la comisión de delito, porque se autonomiza el delito, el pertenecer a ese tipo de organización ya constituye un delito y no solo el cometer el hecho punible".
