Más de 68 mil denuncias, miles de investigaciones fuera de plazo y una Dirección del Trabajo reconocidamente "saturada". Ese es el escenario con el que la Ley Karin cumple hoy dos años desde su entrada en vigencia.
Si bien existe consenso en que la normativa logró instalar la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo como una prioridad para empresas y organizaciones, también se han hecho evidentes problemas en su aplicación, especialmente por el volumen de denuncias y los tiempos de respuesta de la Dirección del Trabajo (DT).
El propio Gobierno reconoce que la implementación de la ley ha generado una presión significativa sobre el organismo fiscalizador. Por ello, prepara modificaciones reglamentarias que buscan orientar de mejor manera las denuncias y acelerar su tramitación, luego de constatar que una parte importante de las presentaciones no corresponde a situaciones reguladas por la normativa.
Especialistas consultados por Emol coincidieron en que el principal desafío ya no pasa por la existencia de protocolos, sino por mejorar la gestión del sistema.
Asimismo, advirtieron que la sobrecarga de la DT ha derivado en investigaciones que tardan varios meses, afectando tanto a quienes denuncian como a los empleadores, mientras persisten dudas respecto del verdadero alcance de la ley.
A ello se suman las conclusiones de un informe elaborado por el Instituto Libertad, basado en datos oficiales obtenidos vía Transparencia, que identifica brechas en la admisibilidad de las denuncias, la ausencia de fiscalizaciones preventivas y reiterados incumplimientos de los plazos legales por parte de la autoridad.
Gobierno prepara ajustes ante la alta carga de denuncias
El Ejecutivo afina cambios a su reglamento con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que la normativa ha generado una elevada cantidad de denuncias y que ello mantiene "saturada" a la Dirección del Trabajo.
"No es un misterio que la implementación de la ley ha tenido un alto número de denuncias y tiene saturada a la Dirección del Trabajo"
Tomás Rau
Según explicó, las modificaciones apuntan principalmente a orientar mejor las presentaciones, luego de detectar que una proporción importante corresponde a conflictos de clima laboral u otras materias ajenas al ámbito de la ley.
"Un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la ley Karin, tienen que ver más con clima laboral u otro tipo de cosas. Esas denuncias se pueden canalizar por otro canal", sostuvo el secretario de Estado.
Asimismo, indicó que el nuevo reglamento también buscará reducir los tiempos de respuesta. "Nos estamos demorando a veces ocho, nueve o diez meses en poder responder, y la idea es llegar mucho más a tiempo. La justicia cuando tarda no es justicia", afirmó.
La sobrecarga de la DT y sus efectos
El alto volumen de denuncias ha terminado tensionando la capacidad de respuesta de la Dirección del Trabajo, una situación que, según Deloitte Legal, impacta tanto a trabajadores como a empleadores.
Marcela Guzmán, socia de Deloitte Legal, y Andrea Inostroza, directora de Deloitte Legal, advirtieron que la demora en los procedimientos provoca que quienes denuncian perciban que "la ley no opera como debería".
Al mismo tiempo, sostuvieron que los procesos abiertos durante largos períodos dificultan la toma de decisiones en las empresas y el seguimiento de las medidas de resguardo.
"Alrededor del 45% de ellas no corresponde a situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo"
Marcela Guzmán y Andrea Inostroza
Incluso cuando una denuncia es desestimada, afirmaron que el procedimiento genera "costos organizacionales, desgaste interno y exposición reputacional".
A ello se suma que las pymes enfrentan mayores dificultades para cumplir con las exigencias de la normativa por contar con menos recursos y equipos especializados.
Del cumplimiento a la implementación
Para Deloitte Legal, los desafíos actuales ya no pasan solo por contar con protocolos o canales de denuncia, sino por lograr que estos funcionen correctamente en la práctica.
Las especialistas señalaron que algunas empresas aún presentan brechas en el cumplimiento básico, mientras otras enfrentan problemas para coordinar investigaciones, resguardar la confidencialidad o aplicar oportunamente las medidas de protección.
Por ello, remarcaron que el foco debe estar en fortalecer la capacitación y la prevención.
"El rol del mundo privado sigue siendo clave. Existe un desafío institucional evidente por la sobrecarga de la Dirección del Trabajo, pero los empleadores no pueden restarse", afirmaron.
Datos duros
El diagnóstico también es compartido por el abogado e investigador del Instituto Libertad, Aldo Herrera, autor de un estudio elaborado a partir de antecedentes oficiales obtenidos mediante Ley de Transparencia, al cual tuvo acceso Emol.
El estudio analizó más de 66.500 solicitudes ingresadas a la Dirección del Trabajo entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 y concluyó que solo el 16,6% fue calificado como una vulneración efectiva de la normativa, mientras el 83,4% restante fue descartado.
se requiere incorporar filtros de admisibilidad al ingreso de las denuncias, dotar de mayor capacidad fiscalizadora preventiva a la Dirección del Trabajo
Aldo Manuel Herrera: "La ley necesita un perfeccionamiento urgente
El informe también mostró que la fiscalización ha sido completamente reactiva. En los primeros 17 meses de vigencia de la ley, la Dirección del Trabajo realizó 1.214 fiscalizaciones, pero todas fueron consecuencia de denuncia
s: no hubo ninguna inspección preventiva de oficio. Además, de las 1.284 materias fiscalizadas, 723 terminaron con multas, equivalentes al 56,3% del total.
Otra de las cifras que preocupa es el incumplimiento de los plazos legales. Según el documento, el 87,8% de las 8.529 investigaciones concluidas excedió el límite de 30 días hábiles fijado por la ley, mientras el tiempo promedio de tramitación alcanzó los 103 días hábiles. A ello se suma que un 23,1% de las causas seguía sin concluir al cierre del período analizado.
El estudio también detectó una brecha entre el desempeño de las empresas y el de la autoridad. Mientras la tasa de informes internos rechazados por la Dirección del Trabajo cayó desde 19,2% en agosto de 2024 a 6,1% en diciembre de 2025, el organismo incumplió el plazo legal para pronunciarse sobre el 57,9% de esos mismos informes, demorando en promedio 69,2 días hábiles en cerrar los expedientes.
Frente a ese escenario, Herrera planteó que "la ley necesita un perfeccionamiento urgente: se requiere incorporar filtros de admisibilidad al ingreso de las denuncias, dotar de mayor capacidad fiscalizadora preventiva a la Dirección del Trabajo, y equilibrar las exigencias entre el Estado y los empleadores, estableciendo mecanismos como el 'silencio administrativo positivo' cuando la autoridad no cumple sus propios plazos".
A su juicio, "solo así se puede fortalecer una ley que busca proteger a las víctimas sin transformarse en una fuente de incertidumbre jurídica para trabajadores y empresas".
