"Se aprobó una norma que permite la justicia por mano propia", aseguraron desde el Gobierno luego de que el Senado diera visto bueno al proyecto que sanciona el delito de usurpación de propiedades.
Hasta ahora, se trata solo de una falta, pero - en una de sus normativas- se modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito. Asimismo, se establece la ampliación del período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
El proyecto que ingresó en julio del 2020 al Senado, recién esta semana fue despachado para continuar su tramitación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba el Ejecutivo, ya que todas sus indicaciones fueron rechazadas, y además, parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos lograron imponer una serie de modificaciones.
Entre ellas, aprobaron la modificación al Código Penal que permite la legitima defensa contra las personas que ocupen un inmueble. También se aprobó que la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo mientras que el Gobierno planteó penalizar la usurpación con violencia con la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 a 20 UTM, finalmente
Respecto a la usurpación de un terreno sin violencia, el Ejecutivo proponía una multa de 6 a 10 UTM, mientras que la oposición respaldó una sanción de presidio menor en su grado mínimo.
La gran discrepancia entre el Gobierno y la oposición, estuvo en el artículo que establece que la situación de flagrancia del delito de usurpación de propiedades ocurre "mientras subsista la ocupación del inmueble o la usurpación de derechos reales constituidos sobre ellos".
Ahora, el proyecto continuará su tramitación en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, ya anunció que se insistirá con las indicaciones del Ejecutivo, porque esto "va en contra de los estándares civilizatorios principales".
Elizalde asegura que la crítica apunta a la norma adicional que incorpora "la autotutela y la justicia con mano propia, es decir, el conflicto entre civiles por vía de la fuerza para resolver conflictos en el ámbito del derecho", visión que fue compartida por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
"Esto va en contra de los principios civilizatorios principales, queremos que sea el Estado (a través de las policías o jueces) el que resuelve los conflictos", sentenció el secretario de Estado.
Mientras que el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe Kast (EVO), tras la votación en el hemiciclo aseguró tajantemente que "este proyecto de ley no solo es correcto, si no que es urgente".
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), señaló que "el proyecto de usurpación se aprobó con amplia mayoría en el Senado y la ministra Tohá comete otro error, al igual como dijo que la Ley Nain-Retamal era la ley del gatillo fácil, ahora dice que el proyecto de usurpación es la ley de la autotutela. Lo que estamos pidiendo es nada más ni nada menos que se respete el Estado de Derecho".
