Incertidumbre. Preocupación. Miedo. También desazón. Tanto autoridades centrales como locales -y de diferentes sectores políticos- han coincidido en que muchas de las personas que habitan en la Macrozona Sur, han experimentado algunos de esos sentimientos, al menos, en los últimos años, producto de los diversos ataques que se han reportado.
Cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asumió, descartó aplicar un estado de excepción constitucional como el que se venía implementando en la administración de Sebastián Piñera, sobre todo -según comentaban personeros de La Moneda- porque aquello no era una solución definitiva y total para abordar el conflicto en la zona. De hecho, apuntaban completamente al diálogo.
Lo cierto, es que tras una serie de solicitudes y un aumento de los actos violentos, un 16 de mayo de 2022, la en ese momento ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que el Gobierno había desechado la idea de tramitar un proyecto de reforma constitucional que permitía crear un estado de excepción "intermedio" y, anunció, en su lugar, un estado de emergencia "acotado" en las provincias de Arauco y Biobío de la VIII región y en toda La Araucanía.
Así, hace exactamente un año se publicó en el Diario Oficial la declaración del estado de excepción constitucional de emergencia para las zonas antes mencionadas y que rige hasta la actualidad.
En total, la medida se ha prorrogado 23 veces (el martes 9 de mayo se realizó la última votación que la extendió por 15 días más y este miércoles, de manera especial porque la próxima semana es distrital en el Congreso, se tomará una decisión nuevamente), y tal como lo dicen las cifras -y lo reconoce el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas- ha existido una disminución en los delitos.
Según datos del Gobierno, el 2021 fue el año con más eventos de violencia rural desde el 2017. Una gráfica muestra que esa tendencia recién se revirtió el 2022, cuando registró una baja del 31% (en los datos también se consideran las regiones de Los Ríos y Los Lagos).
Ahora, en un detalle para las zonas con estado de excepción, La Araucanía disminuyó de 1.070 eventos en 2021 a 647 en 2022. En tanto, Biobío de 560 a 442. Hasta el 30 de abril de este año, la gráfica expone 266 casos para la primera región mencionada y 107 para la segunda.
Crédito: Gobierno
"El estado de excepción ha ayudado a disminuir la cantidad de afectados, pero lo que estamos viendo hoy día son atentados sumamente violentos, donde se está atacando directamente a las personas", señala Rivas a Emol.
De hecho, si bien el gobernador asegura que todos los hechos que han ocurrido "son gravísimos", resalta que los momentos más duros son cuando se atenta contra los habitantes. "Hay personas que han sido asesinadas, carabineros asesinados (...) atacaron al consejero electo Héctor Urban (Partido Republicano) y a su familia y tomaron de rehenes a gendarmes de la cárcel de Angol", relata.
A juicio de Rivas, en el último tiempo ha existido una "variación" en cuanto al motivo de los ataques. En algún momento, precisa que "la causa era que se atentaba contra la industria forestal o los agricultores, que es el discurso de los grupos radicalizados, pero eso ha variado. Hoy se está atacando a civiles, entre ellos niños", dice.
El lunes, sin ir más lejos, "una mujer que iba con su madre y sus dos hijas fueron atacadas, encañonadas. Les dispararon y quemaron su vehículo, un ataque absolutamente cobarde por parte de estos grupos". "Hace un par de meses, hubo un ataque contra trabajadores de un servicio de retiro de basura donde se les disparó a sus piernas, un ataque digno de los grupos narcos de Centroamérica, de grupos paramilitares de otras partes".
"Esta situación que estamos viviendo hoy día amerita que le demos una vuelta de tuerca a cómo se están haciendo las cosas (...) No podemos seguir escondiendo debajo de la alfombra una realidad que se está transformando cada vez más compleja", añade.
"Hay delitos de carácter terrorista"
El gobernador comenta que el problema de los actos violentos no está en las 32 comunas de la región, pero que dónde está focalizado el conflicto es principalmente en la provincia de Malleco. Es una zona "deprimida, donde la gente está asustada".
La Subsecretaría del Interior, de hecho, comunica que Malleco y Arauco son las zonas que concentran el 74% de los eventos totales; mientras Cautín y Biobío representan el 18% y 2% respectivamente (lo anterior es una comparación temporal del periodo entre el 18 de mayo y 30 de abril de cada año).
Interiorizándose en la violencia rural, el gobernador dice que hay personas que ni siquiera pueden entrar a sus campos o tienen miedo de enviar a sus niños a los colegios. Por lo mismo, llama al Gobierno a hacer modificaciones necesarias para "poder terminar con estos grupos".
De acuerdo con su relato, cuando el Presidente Boric ha visitado La Araucanía ha reconocido que "hay delitos de carácter terrorista" por lo que en esa línea solicita tener una "buena ley de inteligencia", hacer "modificaciones a la ley antiterrorista", tener una gran "ley de reparación de víctimas" y contar con una "policía militarizada distinta".
"El Estado de Excepción es una carta que le dice a los militares como funcionar. Creo que es el momento de que el Ejecutivo entienda que aquí lo que hay es una guerra contra estos grupos que le declararon la guerra al Estado, que son un grupos radicalizados, que están vinculados con otros delitos como el robo de madera, como el narcotráfico, el robo de vehículos, entre otras cosas", remarca.
"Es el momento donde se empiezan a hacer cosas distintas. No sacamos nada con seguir con un Estado de Excepción que pueda defender y controlar algunas zonas, cuando vemos que estos atentados son mucho más preparados (...) Yo creo que este Estado de excepción que partió como acotado no sirvió para nada. Cuando llega la ministra Carolina Tohá, incorpora el tema de la defensa de la vida de las personas que entregó una herramienta más para poder defender por parte de las fuerzas militares a las personas, pero creo que hoy día el paso que tenemos que dar ahora es principalmente es cómo con el Estado de Excepción logramos desarticular las bandas que están detrás de los atentados", continúa.
"Un estado de sitio (...) la verdad aquí hoy día entendiendo la situación en la cual están muchas zonas de nuestra región, es absolutamente evaluable".
Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas
Consultado sobre el estado de sitio que solicitaron esta semana algunos parlamentarios de oposición, sostuvo que "el Ejecutivo tiene que ocupar todas las facultades que tenga a mano y que la Constitución le permita para poder controlar esta situación. Yo entiendo que un estado de sitio hay que evaluarlo, porque es una medida que obviamente corta algunas libertades de las personas, pero la verdad aquí hoy día entendiendo la situación en la cual están muchas zonas de nuestra región, es absolutamente evaluable".
"Yo creo que la población en general va a agradecer una medida donde obviamente se pueda tener un estado de sitio para poder controlar algunos algunos sectores de nuestra de nuestra región". dice.
En tal sentido, Rivas apunta a una "ampliación" del estado actual más a terminar con la medida constitucional. Algo que también apoya la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC).
"El Estado de Excepción ha sido insuficiente. Los hechos de violencia, particularmente este mes de mayo son claros en mostrar que persiste el terrorismo y la acción delictual", comenta a través de un comunicado. Sin embargo, manifiesta que la medida debe continuar y el llamado a los parlamentarios es a votarlo "favorablemente" este miércoles.
Datos de la Fiscalía de La Araucanía
Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se excusó de entregar una evaluación del primer año de la medida por ser "una situación eminentemente preventiva" y, por lo tanto, no le correspondería al Ministerio Público pronunciarse.
No obstante, dio a conocer algunos datos. Durante 2022 los delitos que pueden enmarcarse en el fenómeno de violencia rural en La Araucanía disminuyeron en aproximadamente un 43% respecto del año anterior (977 denuncias a 561 ingresos), con descensos importantes en delitos como usurpaciones y daños.
En el subgrupo de los hechos de mayor connotación -atentados incendiarios, homicidios y ataques armados- que habían tenido un fuerte incremento a partir de 2019, esta disminución fue menor (de aproximadamente un 7%, de 169 a 157, de acuerdo a los números que entregó el fiscal en su última cuenta pública).
En el comportamiento de estos delitos del presente año, tomando las denuncias recibidas entre el 1 de enero y el 14 de mayo, se registra en La Araucanía la misma cantidad de hechos de violencia rural que contabilizábamos en igual periodo de 2022: 239. Por su parte, los hechos de mayor connotación tuvieron un incremento de un 17% (pasamos de 62 en 2022 a 73 en 2023).
