Sin consulta indígena seguiría el proceso constitucional, esa fue la decisión que se impuso este miércoles en la reunión de delegados del Consejo Constitucional, tras una votación.
El tema se abordó luego de que el Gobierno señalara que era "procedente" realizar una consulta indígena en este proceso y que corresponde al Consejo ejecutarla, aunque aclaraban que era "una recomendación". Esto raíz de la petición hecha por el único representante de los pueblos originarios en la instancia Alihuén Antileo, para que el Ministerio de Desarrollo Social se pronunciara.
Y si bien los delegados de las bancadas del oficialismo votaron a favor de su realización, la oposición votó en contra y se impuso por ser mayoría en el órgano.
De aquello se dio cuenta hoy la mesa en un oficio al que tuvo acceso Emol, enviado por la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, al consejero Antileo, en que se concluye que "no cabe más que disentir de la postura manifestada por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En esa línea, el proceso de redactar una nueva propuesta constitucional no constituye una medida administrativa o legislativa, ni es el Consejo Constitucional el órgano competente para lleva a cabo una consulta indígena en los términos del Convenio N°169 de la OIT".
"A ello se suma, la ausencia de facultades constitucionales y/o reglamentarias del Consejo Constitucional para llevar a cabo acciones en pos de una consulta indígena, lo que en el marco del derecho público no permite que el Consejo Constitucional exceda sus atribuciones ni un pretexto de circunstancias extraordinarias", se agrega, a la vez que recuerda que se han realizado otros mecanismos para fomentar la participación de los pueblos indígenas.
Además, se señala que por mayoría de votos de los delegados (de Republicanos y Chile Vamos), se arribó a la convicción de que "este órgano carece de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para realizar una consulta indígena; y que, por tanto, no procede que este Consejo Constitucional realice tal consulta".
En el texto, además se detallan las facultades con las que cuenta el Consejo Constitucional, de acuerdo a la ley, la Constitución y su reglamento. "Cabe recordar que en el inciso final del artículo 154 de la Constitución señala que 'ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con la función que esta Constitución asigna al Consejo Constitucional', por lo cual resulta del todo improcedente que una autoridad ministerial pretenda entregarle al Consejo Constitucional funciones, competencias u obligaciones no contenidas en el ordenamiento vigente".
Tras esto, en el texto se detallan los argumentos de la "improcedencia" de la consulta indígena para el organismo. Además, se argumenta que "la consulta indígena recae sobre medidas administrativas o legislativas y no procede en casos de elaboración de una nueva Carta Fundamental", que el Consejo "no es la entidad competente" para llevarla a cabo, por ser "un órgano excepcional, de carácter temporal y cuya única misión es redactar la propuesta de texto de nueva Constitución".
Opiniones divididas
Al respecto, la delegada de la bancada RN-Evópoli, Pilar Cuevas explicó que "nosotros pedimos un informe en derecho a la Secretaría del proceso que nos ha entregado los argumentos que determinan que como Consejo Constitucional y dado el reglamento y la propia Constitución que nos mandata como único objetivo redactar la Constitución, no tenemos las atribuciones jurídicas para realizar para realizar una consulta indígena".
"Los tiempos y recursos con que cuenta el Consejo hoy día no permiten hacer una consulta como está concebida con todos los pasos y tiempos", acotó Cuevas.
El delegado de los consejeros UDI, Arturo Phillips, planteó que "lo que hicimos fue ratificar la interpretación de la secretaría general del proceso constituyente, dio el mismo argumento, que no están las atribuciones ni facultades para poder realizar algo distinto", agregando que una consulta indígena sería "ir más allá de nuestras atribuciones".
El delegado de la bancada RD-IND, Julio Ñanco, dijo que "nos preocupan las señales que deja e evidencia aquello y el incumplimiento de los tratados internacionales vigentes. Y también que existe un pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social que indicaba que aquello procedía".
"Dimos las razones de que era importante garantizar la participación y que aquello puede configurar distintos escenarios que los expresamos en la mesa", sentenció Ñanco.
La consejera Kinturay Melin (RD) opinó que esto "es un retroceso en participación política de los pueblos originarios, es un retroceso en participación ciudadana, se están pasando a llevar tratados internacionales que significa que se está pasando a llevar legislación que está actualmente vigente (...) Espero que evalúen la gravedad de lo que significa pasar a llevar el marco normativo de nuestro país". La consejera consideró que por tiempo se podría llevar adelante un proceso más "acotado".
Al interior de Unidad para Chile comentan que podrían evaluar distintas alternativas ante lo ocurrido, incluso ante organismos internacionales. Desde el proceso señalan que el tema podría ser llevado al pleno del Consejo, pero cabe tener presente que la oposición es mayoría en el órgano.
