Clínicas de Chile - la asociación gremial que reúne a 40 prestadores de salud privados de Santiago y regiones - informó a Emol que el total de la deuda que Fonasa mantiene con las clínicas privadas asciende aproximadamente a $382 mil millones al 30 de junio de 2023.
"La Dirección de Presupuesto ha informado una modalidad de pago en semanas anteriores, la que resulta inaceptable para los prestadores privados, pues consiste en pagar un 40% de la deuda a marzo de 2024 y, el resto, al final de esta administración de gobierno, sin reajuste alguno y en circunstancias de que se trata de deudas por prestaciones ya entregadas y de muy larga data", agregó Clínicas de Chile.
Esta situación generó ruido en el Congreso Nacional. Los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Lilayu, acusaron al Gobierno de propiciar un "lento desangramiento" de los prestadores privados de salud.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas advirtieron que lo cuestionable no sería precisamente la modalidad de pago que ofreció la actual administración, y que fue calificada como "inaceptable" por parte de los privados, sino que el mayor riesgo se presentaría si los prestadores de salud -por razones económicas- comienzan a quebrar o a presentar graves problemas financieros, lo que podría derivar en eventuales quiebras, impactando directamente en los pacientes que allí se atienden.
"Al pactar de manera absolutamente unilateral la forma de pago de esta deuda, el Gobierno está propiciando el lento desangramiento de la industria, forzando a los chilenos a abandonar el sistema de Isapres -como está ocurriendo en la actualidad- para así imponer su propio objetivo: que en Chile exista un sistema único de salud. Esa pareciera ser la única y verdadera intención que tienen las actuales autoridades, porque de lo contrario no estarían ofreciendo una alternativa que terminará provocando la quiebra de todos o la mayoría de los prestadores privados", señalaron los legisladores.
Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, recordó que "el Ministerio de Salud, como parte de las propuesta para enfrentar la crisis de las Isapres que golpea fuertemente a los prestadores al no pagarles, había planteado que se pagarían y agilizarían los pagos de Fonasa a todos los prestadores".
Por esta razón, señaló que "esta información que se comunica, que habría una cifra estimada de $382 mil millones adeudados por Fonasa a prestadores privados, es claramente un incumplimiento de los compromisos establecidos por el Ministerio de Salud en su momento y que públicamente había señalado este punto de agilizar los pagos a los prestadores privados por parte de Fonasa y, por cierto, disminuir la deuda de arrastre".
Asimismo, la diputada Danisa Astillado (PS) indicó que "resulta inaceptable que la supuesta demora en los pagos a prestadores privados de salud, se use como excusa para no discutir el pacto tributario que Chile necesita y demanda. Tal como lo muestra la experiencia comparada de los países desarrollados, es indispensable que el Fisco recaude más recursos, en un esquema donde quienes tienen más, aporten más. No puede haber políticas públicas robustas, sin un financiamiento igualmente robusto. Avanzar hacia el desarrollo exige más y mejor Estado".
