El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó la resolución judicial que otorgó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, que permitía a reos de alta peligrosidad del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), mantener videollamadas con familiares y parejas.
"La opinión del Gobierno ya es conocida", partió indicando la autoridad, "consideramos que este es un hecho grave. Por supuesto, estamos en contra y
el ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza".
"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delitos de homicidio, crimen organizado que comete delitos de trata de persona, es que sus líderes, los líderes que están detenidos, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad", sostuvo.
Y añadió que: "evidentemente, ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo sentido si que finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con, eventualmente, integrantes de la propia organización criminal".
En esa línea, reiteró que "nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y, por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir".
En cuanto a si considera que Urrutia debe ser sancionado, Monsalve reparó que "eso es algo que le corresponde al Poder Judicial evaluar. Nosotros solo reiteramos que nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y que son, por lo tanto, malas señales".
Dicho eso, la autoridad recalcó que la forma de desbaratar el crimen organizado "es el aislamiento. Por eso es que los líderes de organizaciones de esta naturaleza tienen que estar en módulos de máxima y alta seguridad. Pero vuelvo a insistir, ese esfuerzo se socava cuando finalmente un juez de la República autoriza que esa persona se comunique con el exterior a través de videollamadas".
"Quiero insistir, nos parece grave, lo rechazamos, vamos a usar todas las herramientas para evitar que situaciones de esta naturaleza ocurran y le corresponde al poder judicial también realizar las medidas que tiene que tomar", cerró.
