Diputado Matias Ramírez (PC).
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A diferencia de lo que han planteado parlamentarios de oposición, del Socialismo Democrático y el Gobierno, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, señaló que el juez Daniel Urrutia "resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional".
Cabe recordar que el magistrado autorizó videollamadas y visitas a reos que permanecen en la cárcel de alta seguridad, quienes están siendo investigados por delitos graves asociados al Tren de Aragua. Entre los beneficiados también se encuentran los formalizados por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma.
Urrutia justificó su decisión con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) que previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
En el informe que presentó el magistrado agregó que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones". Además, recordó que todos son imputados, por lo que deben "ser tratados de acuerdo al principio de inocencia".
Una de las voces que más han manifestado su oposición a la resolución de Urrutia ha sido el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien hasta la semana pasada oficia de ministro (s) de la cartera. "Es gravísimo", aseguró.
Sin embargo, el correligionario de su partido, el diputado Matías Ramírez (PC) planteó una postura distinta.
"Cada resolución se dicta en consideración a los antecedentes del proceso y las alegaciones de los intervinientes; en ese contexto, no existiendo y no habiéndose solicitado por parte del Ministerio Público la incomunicación para los imputados, se determinó, bajo el resguardo de gendarmería, dar lugar a ciertas comunicaciones con la red de apoyo de los imputados".
"Si existen nuevos antecedentes, estos deben ser debatidos en el tribunal competente, pero no corresponde iniciar una persecución contra un magistrado que resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional, lo que plantean algunos parlamentarios de derecha de expulsar a un juez por una resolución es propio de una cultura dictatorial que enaltecen continuamente", agregó.
