El detective de la PDI Leonel Contreras, quien fue dado de baja por la institución y condenado a 12 años de presidio efectivo como autor del homicidio de su compañera, la subinspectora Valeria Vivanco, quedará en libertad en las próximas horas.
La Sala Penal de la Corte Suprema — en un fallo unánime —acogió el recurso de nulidad interpuesto por su defensa y dictó una sentencia de reemplazo que modifica su condena de 12 años por 540 días de presidio, pero por cuasidelito de homicidio.
Una vez que sea notificado de la resolución, Contreras quedará en libertad: por el tiempo que ha permanecido con la medida cautelar de prisión preventiva en esta causa, desde el 5 de noviembre de 2021, fecha desde la cual se ha mantenido ininterrumpidamente privado de libertad, ya cumplió la pena ahora asignada.
La decisión fue adoptada por el presidente de la Sala Penal, Manuel Antonio Valderrama, y las magistradas María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo. También integraron la instancia los ministros suplentes Juan Manuel Muñoz y María Eliana Quezada.
El principal argumento de los jueces es que no hay dolo eventual de querer dar muerte a su compañera.
"No resulta racional estimar que hayan actuado de ese modo"
"No aparece antecedente alguno encaminado a establecer que haya existido de parte del acusado la intención positiva de dañar a la funcionaria Vivanco; asimismo, cabe descartar la posibilidad de un dolo eventual, por no existir elementos de juicio que lleven a esa conclusión y, además, por cuanto no resulta racional estimar que hayan actuado de ese modo, de haberse representado como posible la muerte de aquella a consecuencias de su actuar, sin que le importara que ello ocurriera", dice el fallo al que tuvo acceso El Mercurio.
Y agrega que "resulta más ajustado a la razón concluir que, aun de haberse representado la posibilidad de que sus actos imprudentes podrían causar algún daño a la víctima, desechó totalmente esa posibilidad, incurriendo en culpa con representación".
Los magistrados estiman que solo puede ser sancionado a título culposo —como lo persigue el recurrente—, conforme a la figura del artículo 490 N° 1 del Código Penal, "por lo que los jueces del grado han incurrido en error en la aplicación de la norma recién citada como así de aquella que tipifica el delito de homicidio al calificar de esta forma los hechos objeto de la condena", añade la resolución.
Así, el máximo tribunal acogió la cuarta causal subsidiaria del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal invocada en el recurso de nulidad por la errónea aplicación de los artículos 391 N° 2 y 490 N°1 del Código Penal, solo respecto a la sentencia impugnada, pero no del juicio oral.
Condena de primera instancia
En el juicio oral, de noviembre pasado, la Fiscalía Metropolitana Sur logró acreditar que el policía le disparó con su arma de servicio a la detective Vivanco en 2021, durante un operativo en la comuna de La Granja. Poco después de cumplir 25 años, la joven se convirtió en la mártir número 57 de la PDI.
Las magistradas del 6° Tribunal Oral de Santiago —Esperanza Carmona, Laura Torrealba y Paula de la Barra— sentenciaron por unanimidad a Contreras y establecieron que "el 13 de junio de 2021, los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, subcomisario Felipe Gallardo, subinspectora Valeria Vivanco, subinspectora María Norambuena y el detective Leonel Contreras, realizaron diligencias propias de su especialidad a bordo del vehículo en la comuna de La Granja".
En ese marco, precisaron, durante la persecución de dos civiles, Vivanco y Contreras bajaron del vehículo y, "sin existir amenaza real o peligro inminente para la seguridad de alguno de los funcionarios policiales, o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective Leonel Contreras procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal, impactando a la subinspectora Valeria Vivanco", quien resultó lesionada en la zona torácica, con entrada y salida de proyectil, lesiones que le causaron la muerte.
Obstrucción a la investigación
Con esta sentencia no se terminan los procesos judiciales en su contra, ya que existe una indagatoria en manos del fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Álex Cortez, en que se pesquisa el delito de obstrucción a la investigación, cuando comenzó el caso en 2021. Esto, luego que se retuviera un informe que revelaba que el arma homicida correspondía a Contreras. Además, antes se le había atribuido el crimen a los dos civiles que huían del control policial en La Granja.
Tras el crimen se ordenaron algunas bajas y retiros: la del entonces subprefecto Herwin Rojas y del prefecto Jorge Márquez, además del prefecto inspector (al momento de los hechos) Italo Rocca y los subprefectos Eduardo Galetovic y Sergio Poblete, el comisario Jaque Nercasseaux y los inspectores Sebastián Ortega y Andrea Larach.
