Si bien avanza en su discusión la ley antiterrorista, luego de que la comisión mixta despachara ayer la normativa, el sistema
Imsi Catcher genera resistencia por parte del oficialismo.
De hecho, las diputadas Lorena Fries (FA) y Alejandra Placencia (PC) criticaron esta tecnología, manifestándose en contra de la indicación. De hecho, Placencia no descartó recurrir al Tribunal Constitucional si se aprobaba.
El Imsi Catcher tiene por objetivo interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear los datos de ubicación de los usuarios.
En diálogo con Emol, el especialista en telecomunicaciones y jefe de la carrera Tecnología en Automatización Industrial de la Facultad Tecnológica de la USACH, Gustavo Alcántara, señaló que esta tecnología funciona "como si fuese una falsa torre de telefonía móvil celular, la que no es parte oficial de la red de las empresas operadoras móviles, sino que es un sistema extra que se instala a modo de interceptar las comunicaciones".
Con esto, los aparatos móviles "se conectan" a este sistema que se hace pasar como parte de la red oficial de las antenas de telecomunicaciones.
Alcantara asegura que Imsi Catcher puede "interceptar comunicaciones y recopilar datos, como la ubicación y otra tipo de información que contenga el teléfono y que además esté comunicando en aquel momento", destacando que los investigadores pueden registrar las llamadas telefónicas.
Resalta además el sistema no discrimina las señales de los teléfonos móviles que conectará, capturando información de todos los "teléfonos móviles celulares en su radio de alcance".
El experto aseguró que el sistema es utilizado en Estado Unidos, Alemania, como también en México, entre otros países.
Oposición a la indicación
En la discusión de la idea de legislar la ley antiterrorista, la diputada Maite Orisini (FA), integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, había señalando que "la actual ley antiterrorista ha sido tremendamente ineficiente. De las 127 personas imputadas entre 2002 y 2018, sólo dos fueron condenas por esta calificación y ni hablar de los montajes y escuchas ilegales de las que fuimos testigos como país con el famoso Caso Huracán y de ahí la necesidad de modernizar y fortalecer esta legislación".
Recalcando que el proyecto de ley antiterrorista tiene varios problemas, entre ellos mencionó que "es especialmente grave que se permita la interceptación de datos mediante el sistema Imsi Catcher, lo que se traduce en una verdadera herramienta de espionaje a la ciudadanía en general".
En tanto, en la sesión de la comisión mixta, la parlamentaria Fries argumentó que "tanto las medidas de georreferenciación como las de acceso a datos de comunicaciones ya existen en otras leyes. Y por lo tanto, esta pone un riesgo (…) yo creo que el respeto a los derechos fundamentales es primero".
Por su parte, Placencia esgrimió que "las asociaciones terroristas son complejas, así como lo hemos visto durante la tramitación, y lo más probable es que simplifiquen su forma de actuar para no ser interceptados a través de estas tecnologías. Por lo tanto, quienes van a salir afectados mayoritariamente, porque es una pesca de arrastre, son las personas comunes y corrientes".
El asesor del ministerio del Interior, José Tomás Humud, señaló en la instancia que "el Ejecutivo es de la idea de no extender la aplicación de esta herramienta a otros delitos que no sean los de la ley antiterrorista. Primero un asunto de idea matriz, porque se incluyen armas, drogas, que nos parece que escapa del lineamiento del proyecto".
Prosiguió: "Además, porque si la preocupación es que esta herramienta sea aplicable en cierta medida al crimen organizado, hay una parte del proyecto que son los delitos de favorecimiento, que justamente se hacen cargo de este este vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo, que son delitos que se cometen para favorecer las operaciones de las asociaciones terroristas".
Con todo, cerró señalando que "entonces, en ese sentido, el Ejecutivo es de la idea de no incluir por ahora la aplicación de esta herramienta para delitos terroristas sin perjuicio de que eventualmente pueda discutirse en un proyecto que sí esté dentro de la idea matriz del mismo para evitar que haya problemas después del Tribunal Constitucional".
A favor de la indicación
Entre algunos parlamentarios que votaron a favor de la indicación fue la senadora Paulina Vodanovic (PS) señaló que "las medidas intrusivas que se están estableciendo aquí, para efectos de poder perseguir delitos de tanta gravedad como los que estamos considerando (...) podamos extenderlo a las normas de la ley de drogas y la ley de control de armas cuando tengan pena de crimen".
Junto a ella también estuvo a favor el senador de Arica, José Miguel Durana (UDI), "Chile está hoy día sufriendo en función de no poder tener las herramientas necesarias para efectivamente devolver la tranquilidad a los chilenos y chilenas en todo el país".
El senador Manuel José Ossandón (RN) aprobó y dijo que "no tiene ningún argumento" limitar esta tecnología.
Finalmente, el presidente de la comisión, Iván Flores (DC), explicó que se aprobó el uso de esta herramienta "con regulación". Esta tendrá que "ser autorizada por un juez de garantía a solicitud del fiscal, en un plazo acotado y con condiciones muy estrictas sobre qué hacer con la información que no es relevante para la investigación".
La norma tuvo 8 votos a favor y 2 en contra
