Llegó marzo y entró en vigencia el plan piloto de uso de pistolas taser -elemento que provoca una inmovilización neuromuscular a sus objetivos- por parte de Carabineros en casos de violencia intrafamiliar en la Región Metropolitana.
Sin embargo, continúa el debate en torno a si los inspectores municipales puedan portar estos elementos.
De hecho, un operativo de fiscalización vehicular en Estación Central terminó en las últimas horas en un enfrentamiento cuando un individuo armado disparó contra inspectores municipales.
El Gobierno tomó distancia de esta idea. La subsecretaria de Prevención del Delito,
Carolina Leitao dijo en enero en diálogo con Radio Cooperativa que los funcionarios de
las entidades comunales "no deben reemplazar la función policial".
En contraparte, alcaldes le piden al Ejecutivo que considere la seguridad municipal para la implementación de estas pistolas.
Así las cosas, el jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), anunció que recurrirán a la Contraloría General de la República (CGR) para pedir un pronunciamiento. "El Gobierno ha hecho oídos sordos a la urgente necesidad de dotar de mayores herramientas de defensa a los guardias municipales", dijo.
En ese sentido, señaló que "el día que muera uno de nuestros guardias, los alcaldes no dudaremos en apuntar al Gobierno de (Gabriel) Boric, porque se lo hemos dicho en todos los tonos: a falta de contingente policial son nuestros guardias quienes están enfrentando a bandas que ocupan armas automáticas".
Con todo, afirmó que "presentamos ante la CGR un escrito para pedirle un pronunciamiento jurídico sobre las armas no letales. Si la contralora (Dorothy Pérez) nos dice que son armas de defensa, no dudaré un segundo en comprarlas para los guardias municipales de Lo Barnechea".
