La mañana de este martes se concretó la entrega al Presidente Gabriel Boric del informe de la comisión para la Paz y el Entendimiento, que tenía como misión hacer una serie de propuestas para avanzar en resolver el conflicto indígena en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
En una actividad en La Moneda, los ocho comisionados -representantes de distintos sectores, gremios y sensibilidades-, dieron cuenta del trabajo realizado desde junio de 2023 y que concluyó el pasado 30 de abril. Aunque no consiguieron unanimidad en la votación de las recomendaciones -por el voto en contra de Sebastián Naveillán-, sí lograron evacuar 21 propuestas en torno a cinco ejes clave: justicia y reconocimiento, reparación integral a todas las víctimas, tierra y territorios, desarrollo territorial e institucionalidad.
Los ejes se trazaron a raíz de los diálogos, encuentros y sesiones que sostuvieron los miembros de la comisión con distintos sectores, tanto en las regiones involucradas como en Santiago. En total, la comisión realizó 63 sesiones oficiales, se contó con asistencia técnica del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y se trabajó con países como Nueva Zelanda, Canadá, Colombia y Estados Unidos.
La tarea previa fue clave, puesto que el diagnóstico es el que permitió elaborar las recomendaciones. A grandes rasgos, se detectaron desafíos y limitaciones del actual sistema, relacionado principalmente con insuficiencia de recursos, especulación inmobiliaria, complejidad en la gestión de solicitudes y falta de reconocimiento de la institucionalidad mapuche. Entre otros elementos que arrojó el diagnóstico están:
Justicia y Reconocimiento
El documento detalla que "en los diálogos interculturales organizados por la Comisión, se evidenció un discurso recurrente que responsabiliza al Estado -tanto por acción como por inacción- por las afectaciones históricas, describiéndolo como 'injusto' y 'discriminatorio'".
Añaden que "en el centro de las reivindicaciones mapuche está la demanda por reconocimiento, entendido como la base mínima para cualquier esfuerzo de reconciliación. De acuerdo con representantes a los que la Comisión escuchó, este reconocimiento debe ser integral, incluyendo aspectos como la cultura, la lengua, las formas de vida y el derecho a la autogobernanza en asuntos propios".
Reparación a víctimas
El documento aborda en materia de reparación a víctimas las consecuencias que económicas y productivas que ha tenido la violencia en estas regiones. "En la región de La Araucanía, por ejemplo, las hectáreas cultivables disminuyeron de 300 mil a 190 mil en los últimos cinco años, según estimaciones presentadas por representantes del sector agrícola ante la Comisión (...)", señalan.
La violencia "ha generado un clima de inseguridad y vacíos de poder estatal en ciertos territorios de las cuatro regiones, aprovechados por grupos delictivos dedicados al narcotráfico, robo de madera y venta ilegal de armas. Entre 2013 y 2024, se registraron 8.926 hechos de violencia, con un promedio de dos incidentes diarios, resultando en 60 fallecidos, 1.468 lesionados y 4.810 bienes destruidos, incluyendo viviendas, vehículos y maquinaria".
Asimismo, se detalla que el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural del Ministerio del Interior es considerado "insuficiente" por asociaciones de víctimas, y "desproporcionado en relación con el daño acumulado".
Tierras y mecanismos
En materia de tierras, la Comisión constató "una importante brecha entre la demanda de tierras del pueblo Mapuche y la acción desarrollada por el Estado para abordarla, lo que representa un obstáculo clave para avanzar hacia la paz y el entendimiento".
El texto también señala limitaciones en algunos puntos de la Ley Indígena, relacionadas a tiempos y recursos. Añade que "otro problema es el crecimiento sostenido de los precios por hectárea en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esto ha reducido la capacidad de compra de tierras,
generando distorsiones en el mercado e incentivando medidas de presión, incluyendo la violencia, para acceder a tierras".
Impacto de otras políticas públicas
Durante el trabajo de la Comisión también se constató que "otras políticas públicas, como el fomento a la industria forestal a través del Decreto Ley 701 y la creación de áreas silvestres protegidas, han contribuido indirectamente al conflicto".
"La expansión de predios forestales de monocultivo en zonas aledañas a comunidades indígenas, y la superposición de parques y reservas nacionales con territorios reclamados por éstas han intensificado las tensiones entre el pueblo Mapuche y otros actores en los territorios, incluyendo negocios forestales de pequeña y gran escala, e instituciones públicas".
Institucionalidad
En el diagnóstico, el informe aborda las limitaciones de la actual institucionalidad, entre ellas, la Conadi, la que "fue diseñada hace más de 30 años, en un contexto muy distinto al actual, lo que limita su capacidad para responder a las demandas contemporáneas de los pueblos indígenas".
A ello, se suma que la Conadi "enfrenta desafíos presupuestarios constantes. Desde 2016, su presupuesto ha experimentado una tendencia a la baja, con un crecimiento moderado en los últimos años (menos del 1% en 2023 y 2024). Esta falta de recursos limita su capacidad para implementar políticas públicas efectivas y responder a las demandas de los pueblos indígenas".
"En los diálogos interculturales y encuentros autoconvocados organizados por la Comisión, los participantes destacaron la necesidad de una nueva institucionalidad con mayor poder resolutivo, autonomía y recursos que la actual Conadi. También se enfatizó la importancia de reconocer y fortalecer las formas tradicionales de organización indígena, así como garantizar una representación efectiva ante el Estado", detalla el texto.
Situación de la tierra mapuche
El documento explicita que entre 1993 y 2024, la Conadi ha adquirido 230.563 hectáreas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos bajo el mecanismo 20B, con una inversión total de US$ 1.017 millones.
80% de la demanda de tierras institucionalizada en la Conadi está en la Región de La Araucanía
A pesar de estos avances, las compras han mostrado fluctuaciones, con un declive notable a partir de 2019. Esto refleja las limitaciones del sistema actual, incluyendo restricciones presupuestarias, la especulación inmobiliaria y la creciente complejidad en la gestión de las solicitudes. La falta de recursos y la discrecionalidad en la toma de decisiones han generado un "cuello de botella" en la implementación de este mecanismo, lo que ha retrasado significativamente el proceso de restitución.
La demanda de tierras actualmente institucionalizada –es decir, que cuenta con aplicabilidad o solicitud presentada a la fecha de las recomendaciones– se estima en 377.334 hectáreas, con un valor aproximado de US$ 3.110 millones.
La Región de La Araucanía concentra el 80% de la demanda actualmente institucionalizada en Conadi, con Cautín liderando (238.836 hectáreas). Otras provincias con demandas significativas incluyen Malleco (65.940 hectáreas), Arauco (30.216 hectáreas) y Valdivia (16.388 hectáreas). "Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para responder a las demandas territoriales", señala el diagnóstico.
Plazo requerido para cerrar demanda de tierras
Para estimar el tiempo necesario para cerrar la brecha de demanda de restitución territorial, se consideraron dos escenarios diferentes, según los que el plazo varía:
Escenario 1 (sin variación de precios ni presupuesto): Bajo este escenario, se requerirían 80 años para cerrar completamente la demanda de 377.334 hectáreas.
Escenario 2 (con variación de precios y presupuesto según tendencia histórica): Bajo este escenario, el plazo se extiende a 162 años, debido al aumento proyectado en los precios de la tierra y la capacidad presupuestaria limitada de Conadi.
