Un amplio rechazo y cuestionamientos generaron las conclusiones de la Contraloría General de la República en torno a la detección de 18.132 anotaciones de vacunas provenientes de 91 lotes, que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento, además de inoculaciones con RUT de personas fallecidas, esto entre 2022 y 2023.
Sobre este tema,
Elizabeth López, jefa del Departamento de Inmunizaciones del Minsal, salió a señalar anoche que "
ambas situaciones se explican por errores de digitación al momento de ingresar la información en el sistema a nivel local, en el contexto de alto volumen de personas vacunadas en las campañas".
Los dichos fueron refrendados esta mañana por la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien además descartó fallas de seguridad en las vacunas y que el problema detectado en Contraloría ya se había registrado en auditorías en 2017 y 2021. "No hay riesgos a la seguridad de la administración de las vacunas, lo que hay, es una dificultad legítima de registro de sistemas muy complejos y de altísimo volumen, en sistemas que no estaban preparados para detectar ese error (...) nos estamos haciendo cargo de una solución estructural a un problema de larga data", dijo la subsecretaria a Tele13.
No obstante aquello, el mundo político y exautoridades de Salud salieron a apuntar a que se trata de una situación de gravedad y que se debe investigar. Incluso, algunas voces ya anunciaron que citarán a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a la comisión de Salud de la Cámara para que entregue explicaciones.
"Daño a la confianza"
El diputado de la UDI e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayú, adelantó que junto a oficiar al ministerio de Salud, citará a la comisión de Salud a la titular de la cartera, Ximena Aguilera, para que explique los alcances del informe evacuado desde Contraloría.
Lilayú aseguró que los datos entregados "significan un daño a la confianza en la salud pública, no por sus funcionarios, sino que por los graves problemas de gestión que han demostrado las autoridades de Salud de este gobierno", y afirmó que "la mala gestión nuevamente genera botar a la basura recursos económicos que ya son escasos en salud".
"La señora Pina Bertoglia y la señora Elizabeth López, ambas jefaturas del PNI durante este gobierno, deben dar cuenta de estos graves e inaceptables errores", exigió Lilayú.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Salud de la Cámara, diputada Helia Molina (PPD), comentó que "no me parece bien que ocurran este tipo de cosas, aunque se puedan atribuir a errores del sistema de registro, que es muy complicado. Entonces, creo que el informe de la Contraloría es un llamado de atención, es una luz roja para que el ministerio y todos los que están involucrados en este proceso de la atención primaria y de la distribución de vacunas, generen los protocolos más adecuados para que así esto no se vuelva a producir".
"Pero ojo, hay que tener en cuenta que para un país como el nuestro, con 20 millones de habitantes, en dos o tres años colocar casi 100 millones de vacunas es un estrés tremendo para el sistema y hubo errores del registro. El registro no estaba bien implementado previamente, y hay que entonces considerar este informe de la Contraloría como un tremendo aporte a una visualización muchísimo más rigurosa cuando se vuelva a producir un sistema de este nivel de importancia epidemiológica y los sistemas de salud y los ministerios de salud deben ser resilientes, es decir, aprender de estas crisis y de estas crisis salir fortalecidos".
Por su parte, el senador Iván Flores (DC), tildó como "demasiado preocupante" lo que señala el hallazgo de Contraloría, "en el efecto inmediato, pero también porque daña la fe pública y la confianza que por cierto cuesta mantener en personas que dudan de las vacunas".
"Debemos salvaguardar los buenos estándares"
Consultada por Emol, Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS-UDD y exsubsecretaria de Salud Pública, comentó sobre el informe de Contraloría que "las vacunas son un bien público. Como tal deben cuidarse, administrarse y gestionarse correctamente, de lo contrario, más allá de ser ineficaz en su objetivo sanitario, también lo deja de ser como elemento de equidad para disminuir las desigualdades sociales".
"Como país debemos salvaguardar la cultura y buenos estándares de inoculación y no dejar pasar por alto estos graves hechos administrativos que van en línea contraria", subrayó.
En tanto, Enrique Paris, exministro de Salud, dijo a este medio que "me parece gravísimo lo que detecta Contraloría y lo que transparenta en este informe en relación a las vacunas contra el virus de covid-19 (...) esto ya escapa a todo lo imaginable. Se suma a los errores repetidos de la Dipres, se suma a las mentiras del subsecretario de Pesca y realmente evidencia un pésimo manejo gubernamental".
Consultados por los efectos de una eventual inoculación con una dosis vencida, Paris comentó que "afortunadamente no produce efectos dañinos hasta lo que se ha demostrado en el ser humano. Lo que produce sí es una falta de respuesta inmunitaria, por lo tanto el paciente que se vacuna con una vacuna vencida no va a estar protegido en contra de la enfermedad contra la cual se vacunó y eso es un engaño obviamente a los pacientes y a la población chilena y a la opinión pública".
