Lejos de terminar está el
debate en torno a las multas para quienes no concurran a sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, y que son con voto obligatorio. Esto, porque luego de que el oficialismo rechazara la iniciativa en la Cámara de Diputados, ahora busca reponer en el Senado.
El rechazo generó duras críticas de la oposición al Gobierno, desde donde acusan de un incumplimiento de un acuerdo que se había realizado para aprobar el proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), y las críticas por no poder alinear a sus parlamentarios.
Así las cosas, el Ejecutivo ha salido a defender que son partidarios de las multas y que resulta complejo alinear las distintas miradas en el Parlamento, lo que habría incidido en el traspié en la Cámara. Ahora, en el debate en el Senado, el Gobierno apunta a reponer las multas, pero "acordes al costo de vida".
Así al menos lo expresó el fin de semana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en conversación con Estado Nacional de TVN sostuvo que "el Ejecutivo, nuestro Gobierno, sigue buscando un acuerdo para que en el Senado se exprese, a través de la indicación al proyecto de la diputada Pérez que pasa de la Cámara al Senado y que tiene que resolverse finalmente el guarismo de la multa y cómo va a ser efectivamente, atendiendo también la realidad de los chilenos, entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país".
Trayectoria del voto obligatorio y voluntario
Hasta 2012, la inscripción al servicio electoral era voluntaria y el voto obligatorio, y aunque habían multas fijadas, nunca se habló de que estas fueran "acorde al costo de la vida".
Fue después de las elecciones donde salió electo Sebastián Piñera (balotaje de 2010) que se retomó con fuerza el debate en torno a la baja participación, especialmente de los grupos más jóvenes. De hecho, ya desde
2001 que habían surgido iniciativas en torno a este cambio. Para la primera vuelta, en 2009,
las multas iban entre 1 y 3 UTM, que en montos de la época eran entre $18.500 a más de $100.000.
La reforma publicada el 31 de enero de 2012, apuntaba a que la inscripción fuera automática -al cumplir los 18 años-, pero el voto fuera voluntario. Esto vino a constituir una de las reformas políticas más importantes de los últimos 50 años.
"Esta reforma constituye un hecho histórico. Es una reforma equivalente a la que ocurrió el año 1874, cuando se estableció el voto secreto y se eliminó el requisito de renta para poder votar; es equivalente a la que ocurrió el año 1949, cuando se otorgó el derecho de voto a las mujeres en nuestro país; equivalente a la que ocurrió el año 1958, cuando se estableció la cédula única de votación y, por tanto, se terminó con el cohecho", dijo el Presidente Piñera tras la promulgación de la ley.
Aunque votar fue voluntario, ser vocal de mesa o miembro de los colegios escrutadores continuó siendo obligatorio, por lo que si es designado en uno de estos dos cargos y no concurría a cumplir las funciones, se aplicaría una multa entre $78 mil y $313 mil.
A ello, se sumaba que las proyecciones apuntaban a que podría aumentar la participación, considerando que el padrón electoral aumentó en más de 4 millones de personas habilitadas para votar.
Sin embargo, la abstención se instaló como la constante en las elecciones, por lo que el debate en torno al voto obligatorio o voluntario nunca quedó del todo zanjado. En 2013, en medio de estas discusiones, la entonces diputada electa por La Florida, Camila Vallejo, dijo que era partidaria del voto obligatorio, pero con la posibilidad de que las personas sean eliminadas del registro electoral. "Inscripción automática, voto obligatorio y 'desinscripción' voluntaria", planteó.
En las elecciones de 2017, el escenario no mejoró. La participación electoral alcanzó un 46,7%; es decir, de 13,4 millones de inscritos, sólo votaron 6,7 millones en primera vuelta. En el balotaje, la votación aumentó levemente, con un 48,5%.
En 2021, la segunda vuelta de gobernadores se convirtió en la votación con más baja participación en la historia, con menos de un 20%. Eso aceleró la tramitación del proyecto para reponer el voto obligatorio en el país, y sólo 48 horas después de ese proceso electoral, la
Cámara aprobó la iniciativa con 105 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones. Posteriormente, tuvo luz verde en el Senado
En el Plebiscito de salida de ese año, las multas para quienes no votaran y no justificaran su ausencia, iban desde los $29.386 (1/2 UTM), hasta $176.313 (3 UTM), montos que son resueltos por los respectivos tribunales de policía local.
En 2023, para el Plebiscito de Salida del segundo proceso constitucional, las multas a beneficio municipal también oscilaban entre las 0,5 y 3 UTM, que para ese momento alcanzaban rangos entre $32.108 y $192.648.
¿Aplicar una multa "acorde al costo de la vida"?
Consultados por Emol, expertos afirman que al ser los juzgados de policía local los que fijan finalmente la magnitud de la multa -en conformidad a la ley-, finalmente esto queda "a criterio del juez". Asimismo, sostienen que si bien se trata de un debate legítimo, hacerlo tan pronto a una elección podría constituir un "riesgo para la democracia".
René Jara, doctor en ciencia política de la Usach, comenta que la salvedad que hace la ministra Vallejo en torno a aplicar multas acorde al costo de la vida, "es irrelevante", especialmente si se considera la forma en que estas multas operan.
"Hay que recordar que Servel transmite a los juzgados de policía local la lista con las personas que se abstuvieron de votar y son estos organismos quienes aplican la ley. Al igual que en otros casos, podría quedar a criterio del juez aplicar la multa o una rebaja de la misma en los casos que así lo ameriten. Eso depende de cuán flexible sea la norma para que el JPL la aplique en el caso a caso.
"Modificar el monto o la forma de calcular las multas justo antes de una elección con el fin de influenciar la participación o el resultado constituye un riesgo para la democracia. En la práctica, puede terminar siendo un cambio de reglas en beneficio de algunos actores políticos y en detrimento de la neutralidad que debería resguardar el proceso".
Gonzalo Valdés, analista político UNAB
Por su parte, Gonzalo Valdés, analista político de la UNAB, comenta que las multas para el voto obligatorio pueden ser discutidas en relación con el "costo de vida", aunque existen distintos enfoques sobre cómo aplicarlas.
"En Chile las sanciones son proporcionales a la falta, independiente del ingreso. En otros países, como Suecia, se aplican multas proporcionales al ingreso en contextos específicos (comúnmente llamados 'días-multa')", subraya.
Si bien a juicio del experto esa discusión es legítima y necesaria, "debe darse con perspectiva institucional y no en medio de un proceso electoral". Esto, porque "modificar el monto o la forma de calcular las multas justo antes de una elección con el fin de influenciar la participación o el resultado constituye un riesgo para la democracia. En la práctica, puede terminar siendo un cambio de reglas en beneficio de algunos actores políticos y en detrimento de la neutralidad que debería resguardar el proceso".
"Si personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro propusieran alterar los efectos de las elecciones dos meses antes de que se realizaran, seguramente serían acusados de intentar un golpe de estado encubierto. Por lo mismo, en democracia no basta con discutir los contenidos de las políticas: también es fundamental respetar las formas y los tiempos en que estas se debaten y se aplican. Solo así se garantiza que los cambios sean percibidos como legítimos y no como intentos de manipulación electoral", zanjó.
Tomás Duval, analista político de la U. Autónoma, subraya que el Gobierno ha tenido que retroceder en la discusión sobre el voto obligatorio con multa luego de lo ocurrido en la Cámara de Diputados en que se rechazó esta opción dejándolo sin multa, es decir como "voluntario", lo que deja entrever la preocupación por supuestos malos resultados en noviembre próximo. "De ahí que las palabras de la ministra reflejen una opción, porque al menos la multa no sea tan alta como una fórmula intermedia". comenta.
"Ello no es nada nuevo en este Gobierno porque hizo algo similar en las elecciones municipales del 2024 donde el ejecutivo presentó un veto para rebajar las multas que estaban entre 0,5 y 3 UTM dejándolas finalmente en 0,5 UTM, probablemente estas palabras apunten en la misma dirección", remarcó.
