Nuevas controversias sigue generando la trama por la expropiación de los terrenos usurpados en San Antonio y que el Gobierno impulsa como medida para zanjar la crisis que se arrastra a raíz de la megatoma.
Este viernes se conoció que los $11.000 millones con los que el Gobierno indemnizará a los dueños del terreno -100 hectáreas a expropiar- provienen de dineros del Serviu -de distintas regiones- que no fueron ejecutados. Se trata de montos que, esencialmente, están destinados para proyectos de vivienda.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dijo a El Mercurio que esos fondos de $11 mil millones que estiman "salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad".
Sobre las razones que explican que ese monto se encontrara sin ejecución a diciembre, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma (DC), aseguró al citado medio que "este año el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores: al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año".
Asimismo, recordó que "hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos".
Así, entre los Serviu regionales que empezaron a devolver recursos precisó que: "ocurrió con una compra de terrenos en Coyhaique, del orden de los $4 mil millones; otra en Castro, de aproximadamente $3 mil millones, y otras en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble", Palma.
"Una burla"
Este nuevo antecedente para el financiamiento del pago que se hará a los dueños del terreno usurpado, y que irá para el proyecto habitacional que el Gobierno pretende instalar, ha sido foco de nuevas críticas en el Parlamento.
El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.), parlamentario por Aysén, comentó a Emol que "es inaceptable que el minvu de Aysén haya devuelto recursos al gobierno central cuando en la región existen proyectos de vivienda en Chile Chico, Puerto Aysén y Coyhaique esperando recursos para compra de terreno. En esta historia alguien miente".
Quien también se refirió al tema fue el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), quien exigió "respuestas inmediatas" ante esta situación. "¿Por qué la Región de Aysén dejó recursos sin ejecutar y quién permitió que esos fondos terminaran disponibles para resolver problemas en otra región? Estos montos eran para nuestras familias y alguien decidió no usarlos".
"La autoridad de vivienda del Gobierno tiene que dar la cara y explicar, con detalle, dónde falló la gestión. Y que no aparezcan nuevamente con la pandemia, porque ese argumento ya no resiste. Queremos saber quién tomó estas decisiones y por qué Aysén, otra vez, queda relegada y pagando los costos de errores que no son nuestros", sentenció.
Por su parte, el diputado Alejandro Bernales (PL) representante de Castro, sostuvo que "me parece realmente vergonzoso que el Minvu, sabiendo que en Chiloé hay proyectos habitacionales que no se han podido realizar, como por ejemplo en Ancud, se esté destinando platas que eran de la región para solucionar problemas de otras regiones".
"Esto realmente es inaceptable y una burla para los vecinos de Chiloé, porque los recursos que no se ejecutaron en Castro, podrían haberse ejecutado en Ancud para la compra de un terreno que falta para familias, que no han tenido viviendas en muchos años. Nosotros hemos estado en varias reuniones con el ministro pidiendo los recursos para una compra de un terreno en Ancud y dice que no hay. Y ahora, estos recursos, que no son menores, se destinan para San Antonio y no para nuestra región".
El parlamentario también cuestión que las autoridades de la región "no peleen estos recursos como corresponde y como si nada dejan que se vayan para Santiago. Realmente esto es una burla para nuestros vecinos", subrayó.
Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD e Independientes e integrante de la Comisión de Vivienda, diputado Héctor Ulloa, si bien respaldó la decisión de expropiar los terrenos "por tratarse de una toma masiva y consolidada en el tiempo", cuestionó el uso de los recursos.
"Debo ser claro en señalar que como representante de la Región de Los Lagos me parece un mal precedente que se utilicen en esta megatoma, recursos de Vivienda que deberían ir en beneficio de miles de familias del sur de nuestro país, que llevan muchos años esperando una solución habitacional. Me gustaría que el gobierno explique bien esta decisión, y si es posible que los recursos necesarios sean obtenidos de otra manera".
Senadores UDI piden antecedentes a Montes
Por su parte, senadores de la UDI llamaron al Gobierno a aclarar la reasignación de recursos habitacionales usados para financiar expropiación. Además, solicitaron que el Ministerio de Vivienda entregue los antecedentes en la Comisión de Vivienda y que se informe con claridad el impacto que esta reasignación tendrá en las metas habitacionales de las regiones afectadas.
El senador David Sandoval, integrante de la Comisión de Vivienda, sostuvo que "lo que está ocurriendo es inquietante. El propio Ejecutivo ha reconocido que los fondos usados para expropiar terrenos en San Antonio provienen de iniciativas que no llegaron a comenzar obras en nuestras regiones. Estamos hablando de recursos que hoy se usarán para resolver un conflicto generado por una ocupación ilegal".
Desde Ñuble, el senador Gustavo Sanhueza advirtió que la medida afecta incluso a regiones que han cumplido sus metas: "Ñuble cumplió su meta de construcción de viviendas y aun así le sacan recursos. Cuesta entender que a una región que avanza la terminen castigando por errores y atrasos que son responsabilidad del propio Gobierno". A su juicio, lo ocurrido "revela una gestión desordenada, que toma fondos de regiones que hicieron la pega para destinarlos a una situación que se arrastra hace años y que nunca fue enfrentada con decisión".
El senador Iván Moreira, de Los Lagos, apuntó a la forma en que el nivel central está abordando el déficit habitacional en el sur: "Aquí había recursos asignados para familias que llevan demasiado tiempo esperando una solución, y esos fondos se desviaron para cubrir un problema que el Estado dejó crecer durante años. Eso es lo que indigna, que la falta de gestión del Gobierno termine pagándola la gente de nuestras regiones".
