La Contraloría General de la República reveló que ministerios y municipios arrastran un profundo desorden financiero de US $17 mil millones en los últimos cinco años. La cifra, de acuerdo con un documento al que accedió El Mercurio, equivale a un sexto de todo el presupuesto público de 2026. Se obtuvo de la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas (50 del gobierno central y 23 del sector municipal) efectuadas entre 2020 y 2024. Y del total de esas entidades, ninguna pasó la prueba de la fiscalización. En lenguaje administrativista se dice que hubo una "abstención de opinión", es decir, no se pudo emitir un veredicto porque la evidencia no era suficiente y adecuada para confirmar que los saldos de sus balances eran "razonables y confiables". La decisión de abstenerse de la CGR se debió a la falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables. También destacan controles débiles o inexistentes; registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas. Además, se detectaron debilidades en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informativos contables y/ o operación. En total, el desorden financiero suma $15,9 billones que convertidos ahora serían US $17.300. De ese monto, $9 de cada $10 correspondió a anomalías provenientes de alguna entidad del Gobierno Central; el resto recae en el sector municipal.
