Tras cuatro jornadas de formalizaciones, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional para los cinco imputados por el Caso ProCultura.
Esto significa un duro revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta, entidad que llevó a cabo la investigación penal, quienes solicitaron prisión preventiva.
Asimismo, el tribunal descartó decretar arresto domiciliario total para los formalizados.
De esta forma, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno quedaron con arraigo nacional.
Este martes fue el turno para las defensas de los imputados. En ese marco, durante dos horas, los abogados de Alberto Larraín cuestionaron la solidez de la investigación del Ministerio Público y solicitaron al tribunal descartar la prisión preventiva.
Ante el juez Patricio Álvarez, Cristián Arias sostuvo que la acusación carece de precisión jurídica y afirmó que existe una "imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal". En esa línea, descartó la configuración de un fraude al Fisco y, respecto de los más de $1.600 millones que la Fiscalía asegura fueron defraudados al Gore Metropolitano, enfatizó que "lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín".
El abogado también buscó diferenciar a la fundación ProCultura de otros casos investigados en la arista Convenios, señalando que "tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (...). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental".
Por su parte, Vicente Arias destacó la conducta colaborativa del imputado durante los casi dos años de indagatoria: "Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes". Añadió que su representado "desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo".
En el cierre del alegato, la defensa sostuvo que mantener a Larraín privado de libertad sería "desproporcionado", argumentando que "no es un peligro real para la sociedad" y que el arresto domiciliario total "es suficiente medida".
