Un escenario especialmente complejo atraviesan por estos días las cárceles del país, marcado por un alza sostenida de homicidios derivados de riñas entre internos.
Solo entre enero y febrero se han registrado cuatro muertes recientes en distintos recintos penitenciarios. Tres de ellas ocurrieron en el Centro Penitenciario de Valdivia, en hechos separados, mientras que otro caso se produjo en el penal de Huachalalume, en La Serena, tras una violenta pelea que según la Fiscalía incluyó actos de canibalismo.
A estos se suman otros episodios ocurridos en enero en Curicó, Puerto Montt y un tercer recinto no especificado.
Con ello, ya son siete los internos asesinados en los primeros 41 días de 2026. La cifra resulta particularmente alarmante si se compara con todo el año 2025, cuando se contabilizaron 27 homicidios al interior de cárceles, lo que implica que en poco más de un mes ya se alcanzó cerca de un 25% de ese total.
Desde Gendarmería, no obstante, subrayan que el registro del año pasado significó una baja relevante frente a 2024, cuando los asesinatos llegaron a 48. Por otro lado, según la institución, uno de los factores claves en este aumento es el sobrepoblamiento de las cárceles.
Críticas al Gobierno
El presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), Pablo Jaque, atribuyó al Gobierno la responsabilidad por el grave nivel de hacinamiento que enfrentan las cárceles del país, situación que -a su juicio- impide realizar una adecuada segregación de la población penal.
En conversación con Radio Cooperativa, el dirigente gremial sostuvo que "esto es una falla estructural que tiene el sistema penitenciario", explicando que "hemos sufrido un aumento considerable en la población penal". Según detalló, actualmente existen cerca de 65 mil personas privadas de libertad, lo que supera la capacidad de la red carcelaria en aproximadamente 25 mil internos.
Jaque recalcó que, bajo ese escenario, "es muy complejo tener el control total de la población penal", ya que "hay que gestionar espacios donde no lo hay para seguir cumpliendo con nuestra labor. Y esa labor la seguimos efectuando con la misma cantidad de funcionarios".
Consultado sobre las consecuencias operativas del hacinamiento, advirtió que "con cárceles completamente hacinadas, no se puede segregar de manera correcta a la población penal y las cárceles se van convirtiendo en esta escuela del delito", pues personas de baja peligrosidad terminan compartiendo espacios con bandas organizadas, generándose un "contagio criminológico".
"Lo que ha hecho este Gobierno, el Presidente (Gabriel) Boric, sobre todo en la gestión del ministro (de Justicia), Jaime Gajardo, es dejar las cárceles de este país completamente hacinadas, sin poder ejercer la labor como corresponde", agregando que la estrategia apunta al futuro, mientras que "hoy tenemos un problema grave en Gendarmería".
Pablo Jaque, presidente AGECH
Por otra parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, anunció una serie de medidas adoptadas por parte de la administración penitenciaria luego de dadas a conocer las alarmantes cifras.
En primer lugar y tras reunirse con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, Pérez aseguró que se llamó a retiro al jefe titular de la cárcel de La Serena.
Hay que recordar que hace unos días, un reo de aquel recinto asesinó a su compañero de celda y según se conoció, habría cometido actos de canibalismo.
Posteriormente, indicó que "reforzaremos el plan del año pasado, esto implica el desarme sistemático de la población penal". Además, añadió que "vamos a poner mucho énfasis en la clasificación y control periódico de los planes de clasificación y segmentación, que nos permitan un abordaje adecuado dentro de la infraestructura disponible para prevenir sucesos indeseados en horario diurno y nocturno".
Finalmente, aseveró que "se pondrá especial énfasis en el perfilamiento y control de desempeño de las jefaturas, de su liderazgo y del protagonismo que deben tener frente al actual escenario de altas exigencias en materia de seguridad pública y penitenciaria, y que por lo tanto allí no podemos fallar".
En qué etapa se encuentra la reforma
En este contexto, el Ejecutivo trabaja contra el tiempo para avanzar en la reforma a Gendarmería de Chile, con apenas tres días legislativos disponibles antes del cambio de mando.
Durante la última semana previa al receso, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar la reforma constitucional que busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La instancia quedó facultada para revisar el proyecto tanto en general como en particular, fijándose como plazo el 3 de marzo para la presentación de indicaciones.
De aprobarse la iniciativa en todos sus trámites durante este segundo trámite constitucional en el Senado y sin modificaciones, la reforma podría quedar despachada antes del cambio de administración. En caso contrario, si se introducen cambios, el proyecto deberá volver a la Cámara de origen hasta que ambas corporaciones alcancen un acuerdo.
En qué consiste la reforma
Según lo expuesto por la Cámara, la reforma busca darle un nuevo estatus a Gendarmería dentro del sistema de seguridad del Estado.
El propósito principal es "reconocer el rol estratégico de Gendarmería en la seguridad pública. En esa línea, se le asigna un rol similar al de Carabineros y la PDI: contribuir a garantizar el orden público".
En coherencia con ese enfoque, el proyecto establece que la institución "pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública", modificando así su actual dependencia administrativa.
Este cambio implica que Gendarmería deja de ser solo un servicio público de rango legal para adquirir jerarquía constitucional. En la práctica, su existencia, funciones y principios esenciales quedarán consagrados directamente en la Constitución, y no únicamente regulados por leyes ordinarias, como ocurre en la actualidad.
La propuesta también introduce ajustes en el sistema de ingreso y carrera funcionaria. Se define que el acceso a las plantas y dotaciones deberá realizarse exclusivamente a través de sus propias escuelas, salvo en el caso de escalafones profesionales, empleados civiles que defina la ley y nombramientos, ascensos y retiros de oficiales se efectuarán mediante decreto supremo.
En materia de asociaciones, la reforma señala expresamente que "las asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarán disueltas". Si bien la Comisión de Constitución había planteado una excepción para los trabajadores civiles, esta alternativa fue finalmente rechazada por la Sala.
Otro de los ejes del proyecto apunta a separar funciones. La iniciativa ordena al Presidente de la República que, "dentro de 12 meses desde publicada la reforma, envíe un proyecto de ley para crear un servicio especializado en reinserción social. En ese mismo plazo, se deberán presentar iniciativas para adecuar esta enmienda a la Ley 21.730 (Ministerio de Seguridad Pública) y a la Ley Orgánica de Gendarmería".
Mientras ese nuevo organismo no exista, Gendarmería continuará siendo responsable de la reinserción social, considerando las políticas del Ministerio de Justicia y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
