Tras su publicación en el Diario Oficial, comenzó el proceso de implementación progresiva de la denominada Ley Jacinta, normativa que busca fortalecer la seguridad vial mediante mayores exigencias para la obtención y renovación de licencias de conducir, además de endurecer las sanciones para quienes omitan información sobre enfermedades inhabilitantes.
La ley lleva el nombre de Jacinta González, menor que falleció en 2022 producto de un siniestro vial, y cuyo caso impulsó una discusión legislativa que se inició en abril de 2024 y concluyó en diciembre de 2025 en el Congreso.
Este martes, en el Hall del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se dio a conocer oficialmente el inicio de su implementación, instancia en la que estuvieron presentes sus padres, Camila Schnitzer e Ignacio González, junto al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Ignacio González, padre de Jacinta, señaló que "esta ley nace desde una tragedia, pero desde hoy se transforma en un escudo protector para niños, padres, madres y adultos mayores que transitan por nuestras calles. Es una normativa muy humana, que busca prevenir la pérdida de vidas y, cuando eso ocurre, entregar un apoyo más digno y humano a las familias".
Agregó que la Ley Jacinta "no busca perseguir a nadie, sino proteger a la ciudadanía, asegurando que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea realmente idónea. Eso es un acto de responsabilidad civil con la comunidad".
La ley contó con un respaldo transversal en el Congreso, lo que demuestra que “cuando se trata de proteger la vida, Chile puede unirse”, añade el padre de Jacinta y recalcó que ahora también existe una responsabilidad ciudadana para que la norma se cumpla.
En relación a esto, el ministro se refirió destacando que "se busca tener mejores garantías de que todas las personas que estén detrás del volante cumplen con las condiciones de salud médica" subrayando que manejar "es una tremenda responsabilidad".
La normativa modifica tres cuerpos legales: la Ley de Tránsito, la ley que regula los Seguros Obligatorios de Accidentes Personales (SOAP) y el Código del Trabajo, incorporando nuevos estándares para evaluar la idoneidad física y psíquica de los conductores, mayores castigos por falsear antecedentes de salud y un aumento significativo en las indemnizaciones en caso de muerte o incapacidad.
"Las personas que estén solicitando su licencia de conducir tengan que hacer una declaración jurada de que no están en conocimiento de ninguna enfermedad o condición que sea inhabilitante para poder conducir" explica el ministro Muñoz. En ese contexto, advirtió que "faltar a la verdad podría signficar no solamente en una multa grave, sino que la pérdida de la licencia de conducir".
Muñoz recalcó que el objetivo no es dificultar el trámite, sino que "queremos que sea más difícil ocultar información", sostuvo, agregando que "aquí las personas tienen que poner todos los antecedentes arriba de la mesa.
En el caso de la Ley de Tránsito, se establece la obligación de suscribir declaraciones juradas donde los postulantes a licencias acrediten no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas, además de la elaboración de un reglamento que estandarizará el procedimiento de evaluación médica en todas las direcciones de tránsito del país.
El ministro detalló que la ley también incorpora cambios en otras materias, entre ellos permitir el ingreso de vehículos que reemplazan los espejos laterales por cámaras. "Son más flexibles y permiten tener mejor visibilidad, pero por normativa no podían entrar al país", explicó. Además, se reguló el traslado de menores en motocicletas, exigiendo que tengan al menos 12 años y los pies apoyados en los posapiés.
La implementación comenzará con la redacción de dicho reglamento, que deberá ser dictado por el Ministerio de Transportes en un plazo máximo de doce meses. Una vez publicado, las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir noventa días después, mientras que el resto de los cambios —como el aumento en las coberturas del SOAP— entran en vigencia desde la publicación de la ley.
Finalmente, Muñoz enfatizó que conducir "antes que un derechos, es un responsabilidad (...) hay un acto de confianza de parte de la sociedad de que esa persona está habilitada para conducir, por el riesgo que significa para los demás".
