Destrucción del incendio en la Región de Valparaíso
El Mercurio
La Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de irregularidades graves en la gestión de fondos y recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias del megaincendio de febrero de 2024, que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que dejó cientos de damnificados y decenas de fallecidos.
El siniestro, considerado uno de los más devastadores en la historia reciente del país, arrasó con miles de viviendas y obligó al Estado a desplegar un amplio operativo de emergencia, reconstrucción y entrega de ayudas económicas y materiales a las familias afectadas, lo que implicó un gasto extraordinario en un corto periodo de tiempo.
Según los informes de auditoría difundidos por el organismo fiscalizador, se identificaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios y deficiencias en el control interno en diversas instituciones involucradas en la emergencia y en la atención de sus secuelas.
Entre los hallazgos más preocupantes, la Contraloría detectó en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso pagos sin respaldo y uso injustificado de trato directo por más de $586 millones en adquisiciones relacionadas con la emergencia.
A raíz de estas observaciones se instruyó un sumario administrativo y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.
En la Municipalidad de Quilpué, la auditoría puso en evidencia gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación de seguridad y fallas en la entrega de ayudas y en la gestión del personal y proyectos vinculados a la reconstrucción.
El organismo también evidenció deficiencias en la Municipalidad de Viña del Mar en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados entre febrero de 2024 y abril de 2025, señalando falta de trazabilidad y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
En cuanto a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, los informes detectaron pagos indebidos por demolición de viviendas siniestradas o parcialmente realizadas por más de $434 millones, junto con fallas en contratación y control interno. Asimismo, en el sector de El Olivar se identificaron pagos no acreditados superiores a $782 millones en adjudicaciones con sobreprecios y deficiencias en los respaldos.
La Contraloría General de la República subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia, especialmente en contextos de emergencia, instruyendo medidas disciplinarias y correctivas cuando corresponda.
