Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti
Jonathan Mancilla
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), reaccionó con dureza al informe de la Contraloría que detectó graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, que dejó miles de damnificados en comunas como Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
El organismo fiscalizador identificó pagos sin respaldo, gastos improcedentes, sobreprecios y deficiencias en los controles internos en distintas instituciones, incluyendo municipios y servicios públicos vinculados a la respuesta y reconstrucción.
En el caso de Quilpué, la auditoría reveló falencias en la entrega de ayudas, problemas en la gestión de personal y proyectos, además de la adquisición de insumos sin certificación de seguridad. Estos hechos habrían ocurrido durante la gestión anterior a la de Corti, en manos de Valeria Melipillán del Frente Amplio.
Frente a estos antecedentes, la alcaldesa actual recalcó que "este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior".
La jefa comunal además emplazó a los organismos persecutores a actuar con firmeza exigiendo que "el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público".
En su declaración, también apuntó al impacto humano de estas irregularidades señalando que "aquí lo que comprobamos es que se jugó con el dolor de más de 1.700 familias damnificadas, muchas de ellas que incluso perdieron a sus seres queridos. Aquí hubo una falta de humanidad tremenda, ineptitud en la administración de la emergencia".
"Por eso es tan importante el informe de Contraloría y que finalmente el Ministerio Público investigue posibles responsabilidades penales" finalizó la alcaldesa, subrayando la importancia de que el informe no quede solo en observaciones administrativas.
El caso ahora quedó en manos de la Contraloría General, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, que deberán determinar eventuales sanciones administrativas y penales por los hechos detectados.
