La ex delegada presidencial de Valparaíso y diputada electa, Sofía González (PC), se defendió ante los informes de Contraloría Regional de Valparaíso, que destapan millonarias irregularidades por parte de la entidad que encabezaba en la catástrofe.
A través de sus redes sociales, difundió un comunicado público en el que afirma: "Tengo absoluta tranquilidad respecto de cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al mega incendio. Todas tuvieron un único propósito: responder con la mayor rapidez y eficacia posible al dolor profundo de las familias que lo perdieron todo, en una tragedia que cobró la vida de 138 personas".
Agregó que "fue un período de intensa coordinación interinstitucional, con funcionarias y funcionarios trabajando bajo una presión extraordinaria, frente a una de las mayores tragedias que ha vivido nuestra región. Con todo, cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas".
Continuó indicando que durante su gestión como representante del Ejecutivo en la zona, "cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes. En este caso no fue distinto".
"Al momento de presentar mi renuncia, el día 15 de noviembre de 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos", complementó.
Sobre los informes del organismo fiscalizador, la parlamentaria electa expuso que estos "evidencian la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad en materia de gestión de emergencias. En contextos de catástrofe, los mercados pueden experimentar distorsiones relevantes, lo que exige al Estado contar con herramientas más robustas de control, fiscalización y regulación, especialmente cuando bienes y servicios esenciales se vuelven críticos para enfrentar la crisis, sin que ello implique generar trabas innecesarias o demoras que dificulten una respuesta oportuna".
"Considero adecuado que los antecedentes sean remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de los hechos y, de ser procedente, se realicen las investigaciones pertinentes, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. Existe plena disposición a colaborar en todo lo que sea requerido", cerró.
Cabe recordar que el Ministerio Público determinó abrir una causa penal tras recepcionar los informes de la Contraloría.
