La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta jornada la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó arraigo nacional para los cinco imputados por el caso Procultura.
La Fiscalía había acudido al tribunal de alzada para intentar modificar las medidas cautelares de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.
El Ministerio Público no recurrió a la instancia por Gabriel Prado, excoordinador del proyecto en el Gobierno Regional, pues se había acordado previamente la medida de arresto domiciliario total, durante la primera jornada de formalización.
La determinación de la corte significa un duro revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta, entidad que llevó a cabo la investigación penal y que había solicitado prisión preventiva para los acusados.
El ministro José Pablo Rodríguez sostuvo que "esta corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en cuanto a que los antecedentes invocados por los acusadores no alcanzan a satisfacer el estándar exigible para imponer a los imputados las medidas cautelares solicitadas, toda vez que no permiten justificar con la intensidad requerida en esta etapa procesal presunciones fundadas de la participación punible que en el hecho les habría correspondido a los imputados".
Asimismo, indicó que el tribunal de primera instancia "distingue adecuadamente entre el estándar de condena y el estándar cautelar, exige un soporte indiciario corroborado para justificar restricciones intensas y aplica correctamente el principio de necesidad y de proporcionalidad, evitando que la medida cautelar opere como anticipación de pena en desmedro de la presunción de inocencia".
