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Santiago: Martes 17 de febrero del 2026 | Actualizado 09:24
A semanas del cambio de mando, la discusión por los llamados "amarres" en la administración pública ha tensionado el ambiente político.
Desde el futuro Gobierno han advertido que este tipo de decisiones podría generar "un daño importante". Mientras desde el actual Ejecutivo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo aseguró que "la instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara a todos los ministerios. Los cargos de confianza, los equipos de confianza, se van el 11 de marzo"
La controversia se reactivó tras conocerse el nombramiento de Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, encabezada por Galo Eidelstein (PC). La designación, oficializada el 9 de febrero, provocó cuestionamientos en el Congreso.Ya en diciembre, diputados de la UDI habían advertido que Eidelstein habría intentado dejar "amarrados" tres cargos de alta jefatura en la repartición.
Al respecto, el Presidente electo José Antonio Kast indicó este lunes que "esto es un amarre. Es lo mismo que intentaron hacer en la ley de reajuste".
Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, defendieron el proceso y señalaron que Tapia fue escogida mediante concurso público, al que postularon 195 personas. Según se informó, obtuvo la más alta puntuación entre quienes llegaron a la etapa final.
Al interior del futuro oficialismo, el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) tildó de amarre todo tipo de "concurso público a última hora". El futuro ministro de la Segpres y actual senador José García Ruminot (RN), indicó que estos "amarres" en los ya conocidos "concursos", "no solo están ahí, hay en muchos lugares y yo también en la Araucanía tengo casos".
Por otro lado, aseguraron que estos procesos podrían ser revisados por la próxima administración. El diputado Frank Saurbaum (RN) afirmó que "no tengo ninguna duda de que la administración del presidente Kast va a ver con cuidado cada uno de estos concursos y muchos de ellos seguramente van a quedar sin efecto".
En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que "Eldeistein ha hecho ya seis nombramientos en los últimos cuatro meses, evidentemente está queriendo apenar a gente. Solo decirle al Gobierno, todo lo que ustedes amarren a destiempo, el nuevo gobierno va a entrar a desamarrar". Y agregó: "Por lo tanto, aunque le hagan un nudo ciego, vamos a estar ahí con todas las ganas y con todo el talento para ir desamarrando".
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) reforzó esa postura y anticipó que "acá si seremos inflexibles, vamos a exigir al próximo gobierno que se revise este nombramiento -Jessica Tapia- y se deje sin efecto, y vamos también a la Contraloría para que tome razón de este nombramiento mientras no se tenga claridad al respecto".
Desde el oficialismo y sectores de centro, en cambio, plantean que los cargos de confianza política deberían dejarse voluntariamente al término del mandato.El diputado Eric Aedo (DC) señaló que "quienes llegan a cargos al Estado bajo la premisa de que son personas de confianza política de un determinado sector político (...), debiesen renunciar cuando termina el gobierno del cual fueron parte". Sobre el caso específico, añadió que "debiese renunciar cuando ese gobierno esté terminando".
El diputado electo José Montalva (IND-PPD) apuntó a la necesidad de estándares más exigentes: "todo nombramiento en la administración pública, especialmente en las semanas finales de un gobierno, debe cumplir no solo con la legalidad formal, sino también con un estándar elevado de prudencia institucional".
Y agregó: "El hecho de que exista un concurso es un elemento positivo, pero no basta por sí solo para despejar todas las legítimas inquietudes. Es fundamental que estos procesos sean completamente transparentes, que se conozcan sus fundamentos y que respondan estrictamente a criterios técnicos y de mérito, y no a consideraciones políticas".
En ese escenario, desde el entorno del Presidente electo anticipan que la nueva administración evaluará caso a caso y buscará "desamarrar" aquellos cargos que estime corresponden a designaciones de confianza política.
En paralelo, el Partido Republicano calificó hace algunos días como el "amarre más grande que está dejando este Gobierno" la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Aunque el Presidente electo ha reiterado que no se pronunciará sobre un eventual respaldo hasta después del 11 de marzo, lo cierto es que, aun cuando decidiera no apoyarla, la postulación no se vería truncada.
Esto, porque la candidatura también fue ratificada por México y Brasil, países que no solo han manifestado su apoyo, sino que formalizaron su respaldo, otorgándole así un carácter internacional más amplio.
Otro de los nombramientos que no podrían "desamarrarse" corresponde a los eventuales ministros de los tribunales ambientales. Ya que en este caso, la decisión final no depende exclusivamente del Ejecutivo, y es que es la Cámara Alta la que debe aprobar o rechazar las propuestas. Se trata, además, de cargos con una duración de seis años.
La controversia se originó en enero de 2025, cuando la Corte Suprema remitió al Ejecutivo tres oficios con cinco candidatos por cada tribunal para llenar las vacantes disponibles.No obstante, el Gobierno definió recién un año después un nombre por tribunal y envió las propuestas al Senado para su ratificación. En algunos casos -como el del Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia- los cupos permanecían vacantes desde hacía cerca de cinco años.
Las propuestas correspondían a los abogados Andrés Bordalí (retirada) y Ricardo Pérez, además de la bióloga Alejandra Figueroa. Las nominaciones fueron formalizadas mediante tres oficios firmados por el Presidente Gabriel Boric en distintas fechas: el primero el 1 de diciembre y los otros dos el 6 de enero de este año.
