Luego de las distintas versiones expresadas durante el viernes y el fin de semana, desde el Gobierno salieron este lunes a intentar aclarar
algunas de las dudas y cabos sueltos que quedaron tras conocerse las sanciones de Estados Unidos a tres funcionarios chilenos por supuestamente "promover" la construcción de un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso, algo que el país norteamericano considera como una amenaza a sus intereses y los de la región.
Avance del proyecto y notificados
Una de las principales interrogantes que persistían era sobre qué tan avanzado se encontraba el proyecto, ya que mientras el canciller Alberto van Klaveren había hablado de una "fase sumamente inicial", el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló se estaba "en la recta final".
Muñoz, uno de los sancionados, habló al respecto en T13Radio, donde dijo que "es importante entender cómo funciona esto. Nosotros como subsecretaría, como ministerio, recibimos proyectos del sector privado que les interesa poder hacer despliegue a telecomunicaciones a lo largo del país. Y estos proyectos tienen que seguir una secuencia de permisos y
el subsecretario se refirió al primero de esos permisos. Son 13".
"Se refirió al primero de esos permisos, que era el permiso que tiene que ver con la autorización desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones. Efectivamente, esta es una autorización que había llegado a fines de noviembre del año pasado y que está siendo analizado por parte de la subsecretaría", afirmó.
En la misma línea, la ministra Camila Vallejo dijo en punto de prensa que "la evaluación de este tipo de proyectos tiene distintos procedimientos que da nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo. Evidentemente hay un paso que se inicia desde el Ministerio de Transporte, pero que corre distintas reparticiones ministeriales, son alrededor de 13 evaluaciones de permisos y autorizaciones sectoriales como lo ha sido para otros proyectos, como el conocido proyecto donde participa la empresa Google de ese cable submarino".
"Por lo tanto nosotros no distinguimos el país de origen y la empresa, el país de origen de la empresa, sino que básicamente la evaluación técnica que hacen las distintas reparticiones ministeriales según la evaluación sectorial y que además buscan hacer prevalecer el bien del desarrollo del país", agregó.
En cuanto a la identidad de los sancionados, Muñoz, que ya había reconocido ser uno de los tres, habló de los otros dos potenciales nombres, los que serían el subsecretario Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
En primer lugar, el ministro de Transportes afirmó que, pese a que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que esta medida afectaría también a sus familiares, a ellos no han sido notificados de una medida por el estilo hasta el momento.
"Tampoco se ve a otras personas que hayan recibido un mensaje como este. O sea, aparentemente, quizás porque las otras personas que podrían estar sancionadas no tienen visas vigentes", dijo haciendo alusión a Araya y Petersen.
Roles y antecedentes
Sobre qué papel cumplía cada uno de los sancionados en el avance del proyecto, Muñoz se limitó a decir que "nosotros como subsecretaría no generamos proyectos, no construimos infraestructuras. Lo que hacemos es más bien recibir proyectos desde el sector privado y de la mano de ellos avanzar a través de una buena regulación".
"Lo otro que es importante es que si nosotros como subsecretaría recibimos proyectos de esta naturaleza y los tenemos que analizar y simplemente los ignoramos, también somos sujetos de que el proponente vaya a un tribunal y diga, 'oigan, no están considerando el proyecto como corresponde'", agregó.
Además, apuntó a que se busca hacer este proceso "con neutralidad, sin distinguir cuál es el origen, la empresa, sino que más bien decir, en la medida que usted cumpla cierta normativa, en la medida que usted cumpla cierta legislación, al principio del proyecto y al final, porque nosotros también, cuando esta cosa se construye, tenemos que ir y velar porque cada uno de los permisos que ese proyecto tenga que conseguir, los consiga. Que no son pocos".
Finalmente, y en cuanto a lo que reza el comunicado compartido por Rubio, donde señala que los tres funcionarios "dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio", Muñoz dice que "me parece inaudito. La verdad es que, en mi opinión, a mí no me cae ninguno de esos calificativos".
Vallejo, por su parte, habló de cuándo el Gobierno se enteró de esta situación y las advertencias que el embajador estadounidense, Brandon Judd, ya le había hecho a varios secretarios de Estados, como el propio Muñoz y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre el malestar del gobierno de Donald Trump con el avance de la iniciativa.
La secretaria de Estado evitó profundizar en el momento exacto en que se supo de esto en La Moneda, pero dijo que "el Presidente evidentemente está en diálogo permanente con sus ministros. Y el Presidente siempre, como jefe de Estado y también sus ministros como ministros de Estado, tiene muy claro que, independientemente de las preocupaciones de empresas extranjeras o de países extranjeros, hay una soberanía que se defiende y se respeta hasta el último momento".
Muñoz, en tanto, dijo que se enteró el viernes, mientras aún estaba en sus vacaciones, del correo electrónico que revocaba su visa, agregando que "me quedé asombrado. Informé, por supuesto, a Cancillería, a Presidencia, respecto de lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que después fue el propio gobierno norteamericano que también salió a hacer el anuncio".
No obstante, sí detalló que ya había tenido una tensa reunión con Judd tiempo atrás advirtiéndole de posibles sanciones, por lo que de inmediato supo que esta decisión tenía que ver con el proyecto del cable submarino.
