Cárcel (imagen referencial).
Aton
Un importante revés sufrió el proyecto para construir una nueva cárcel en el sector Rondizzoni–Pedro Montt, luego que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera la solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenara la suspensión inmediata de todos los efectos de la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que habilitaba su desarrollo.
La resolución judicial, dictada por la jueza Rocío Pérez Gamboa, paraliza toda actuación asociada al proyecto, incluyendo modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la decisión y señaló que "la magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado. Creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción".
La acción judicial impulsada por el municipio sostiene que el proyecto corresponde a un nuevo recinto penitenciario emplazado en terrenos distintos a los de Santiago 1, interpretación que también fue respaldada por informes técnicos del Gobierno Regional Metropolitano.
Pese a ello, el Ministerio de Vivienda, en virtud de la ley 21.636, aprobada en 2023, aprobó la iniciativa calificándola como una "ampliación".
"La resolución paraliza completamente el proyecto mientras se resuelve el fondo del asunto. Impide licitar, ampliar contratos, iniciar obras o realizar cualquier trámite relacionado con esta cárcel", explicó el jefe comunal, agregando que el tribunal reconoció la solidez de los antecedentes presentados por el municipio.
Desbordes llamó además al Ejecutivo a no recurrir de la decisión judicial. "Hago un llamado a mi gobierno a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas", afirmó.
Si bien el juicio continúa su tramitación y aún debe resolverse la legalidad definitiva de la resolución ministerial, el alcalde destacó que el fallo representa una señal relevante para los vecinos y organizaciones que se han opuesto al proyecto.
"Es una buena noticia para las vecinas y vecinos, pero no la definitiva. Seguiremos defendiendo con firmeza que esta iniciativa no puede imponerse vulnerando la normativa vigente", concluyó.
