Parte del oficialismo alista la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que está programada para el próximo lunes y que ya comienza a tensionar el escenario político en el Congreso.
La acción es impulsada por el Partido Republicano y la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), a partir de las inconsistencias detectadas en los Informes de Finanzas Públicas.
Desde el sector libertario sostienen que los antecedentes -dados a conocer por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- evidencian un desfase superior a los US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública, lo que, a su juicio, podría constituir una vulneración a la Ley de Administración Financiera del Estado y afectar la credibilidad financiera del país.
En cuanto a su viabilidad, el libelo de 43 páginas, ya tendría las firmas correspondientes. Según pudo constatar Emol, además de Republicanos y el PNL, hasta ahora se sumarían dos parlamentarios de RN y dos diputados del Partido de la Gente, uno de ellos el diputado Javier Olivares (PDG).
Cabe recordar que, para presentar una acusación constitucional en Chile, se requiere la firma de no menos de 10 ni más de 20 diputadas y diputados en ejercicio. A ello se suma otra limitante: los parlamentarios firmantes no pueden integrar la comisión revisora de la acusación, lo que obliga a ampliar la base de respaldo y evita que Republicanos y Libertarios queden como únicos patrocinantes.
Rechazo de la UDI a firmar y dudas en otros sectores
En paralelo, la iniciativa no ha logrado alinear a toda la oposición. Desde la UDI ya adelantaron que no firmarán la acusación, aunque señalaron que si darán su apoyo en Sala.
El presidente del partido, Guillermo Ramírez, afirmó en Desde La Redacción de La Tercera que ningún diputado del gremialismo suscribirá el libelo, señalando que "no vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos. Creemos que fue un error la manera en que se presentó. Contradice, en cierta forma, el tono que tuvo el presidente Kast en la Cuenta Pública".
Sin embargo, a pesar de no firmar, este viernes el Presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), adelantó en entrevista con Radio Infinita que "vamos a poner los votos para evitar el peor escenario, que es dividir al oficialismo. Trabajaremos para que logre los votos. Evidentemente, es responsabilidad de los firmantes juntar esos dos votos que faltan, y ojalá más".
En tanto, desde Demócratas también surgieron reparos al momento político en que se impulsa la ofensiva. La diputada Joanna Pérez advirtió que "cuando se anunció esta AC, previo a la cuenta pública, no fuimos contactados, yo advertí al gobierno que no era el mejor de los tiempos pues no ayuda al clima para sacar adelante los proyectos de urgencia país".
Asimismo, agregó que "creo que existen también otras instancias para aclarar responsabilidades, como la comisión investigadora que ingresé con este objetivo el 22 de marzo y solo tenemos 22 firmas de 62 que se necesitan. Sin embargo la gravedad es tal que analizaremos en detalle el libelo y actuaremos en consecuencia".
Oposición cuestiona fundamentos de la acusación
Desde la oposición, en tanto, la acusación fue descartada de plano y calificada como una ofensiva sin sustento jurídico ni técnico.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, sostuvo que "la acusación constitucional contra el exministro Grau no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. Las propias palabras o versiones del ministro de Hacienda dan cuenta de inconsistencias en la proyección a la luz del informe de políticas públicas del primer trimestre de este año. No hay transgresión a la ley ni se ha dejado de aplicar alguna normativa en caso alguno".
En la misma línea, el diputado César Valenzuela (PS) calificó la acción como una maniobra política, afirmando que "no hay ningún antecedente serio que justifique la acusación constitucional contra el exministro Grau".
Además, cuestionó la señal política del sector opositor, sosteniendo que "es curioso que mientras el presidente de la República llama al diálogo político, sus parlamentarios solo se encuentran en la trinchera política barata".
Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA) también puso en duda la viabilidad del libelo y el respaldo dentro de la oposición: "¿Y van a estar los votos? ¿La UDI va a dar sus votos para la acusación constitucional en contra de un ministro que no ejerce hace meses? Las prioridades de la derecha más dura, la derecha más extremista y radical, están siendo al parecer también, las prioridades de la derecha tradicional y este gobierno, que está liderado por perfiles más extremistas, como el ministro Quiroz, se dan cuenta que en la propia derecha tradicional tienen diferencias y distancia".
Despliegue de Grau
Por su parte y según consignó El Mercurio, el exministro Grau, envió una minuta a diputados oficialistas como parte de su estrategia para enfrentar la acusación constitucional en su contra, en la que busca refutar las principales críticas sobre supuestas inconsistencias en las proyecciones fiscales durante su gestión.
En el documento, Grau sostiene que la diferencia entre déficit fiscal y deuda pública no constituye, por sí sola, evidencia de un error, cuestionando así una de las conclusiones centrales del Informe de Finanzas Públicas. Argumenta que se trata de variables de naturaleza distinta -flujo versus stock- y que su comparación directa simplifica excesivamente el análisis.
Asimismo, plantea que el cálculo realizado por Hacienda omite factores relevantes en la valorización de la deuda, como el tipo de cambio, la inflación y otras variables macroeconómicas, considerando que una parte importante de la deuda está denominada en moneda extranjera. También enfatiza el rol de las operaciones "bajo la línea", como el uso de activos del Tesoro o amortizaciones, que explican por qué la deuda no evoluciona necesariamente en línea con el déficit.
Finalmente, la minuta advierte una inconsistencia en el propio informe del Gobierno, señalando que si bien reconoce la influencia de múltiples factores en la trayectoria de la deuda, estos no habrían sido incorporados plenamente al momento de cuestionar las proyecciones de la administración anterior.
