El debate por el
secreto bancario volvió a instalarse por estos días, a raíz de la denominada "Operación Tokio", que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado alrededor de US$80 millones en Chile.
Esto, porque de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, José Carlos Pérez Asencio —empleado de Banco Santander que, paralelamente, mantenía un cargo en el Banco de Venezuela desde 2012— habría aprovechado ambas posiciones para abrir cuentas en Banco Falabella y Scotiabank, e introducir así en el sistema financiero formal dinero obtenido mediante extorsiones entre 2022 y 2025.
El tema ha sido parte del debate político hace un par de años, incluso en la campaña presidencial. Actualmente se discute en el Congreso el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y que permite el
alzamiento administrativo del secreto bancario. El martes, en el Senado, la votación sobre este mecanismo empató a 23 votos, y será revisada en la próxima sesión del martes.
Ayer, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el gobierno trabaja en un proyecto de ley en esta materia. Aún cuando afirmó que la apertura de cuentas debe depender "siempre" del Poder Judicial, adelantó que "este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo (...) el daño que le hace a la economía la actividad ilícita".
¿Qué se puede hacer hoy?
Perseguir la ruta del dinero ha sido una de las herramientas que con más frecuencia se citan para atacar el problema relativo al crimen organizado. Hoy, los fiscales pueden acceder a esta información, previa orden judicial, pero han expresado inconvenientes asociados a las demoras en la entrega de dicha información por parte de los bancos.
Actualmente, la Ley General de Bancos establece que (artículo 154) las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos "estarán sujetas a secreto bancario" y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino "a su titular".
La misma norma autoriza a que sean tribunales y sus jueces quienes puedan solicitar que se levante el secreto bancario en determinadas investigaciones, a raíz de la solicitud de fiscales del Ministerio Público.
Según los investigadores, no serían los jueces, sino los bancos, la principal traba para la entrega de información. El fiscal nacional Ángel Valencia comentó hoy radio Universo que si bien han "existido algunos inconvenientes" con jueces que rechazan la medida, el mayor problema que enfrentan es "la rapidez, la oportunidad, con la que los bancos nos entregan la información, cuánto se demoran, y además el formato en que nos la entregan".
La misma percepción la había expresado en marzo la
entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien adelantó que el Ejecutivo estaba alistando tres proyectos en materia de persecución penal. Uno de ellos era relativo al secreto bancario, pero específicamente a
agilizar la entrega de información en investigaciones judiciales.
"Hoy día, si yo soy querellante o fiscal y pido al tribunal el levantamiento del secreto bancario porque estoy investigando una organización criminal, el tribunal, si tengo fundamentos, me da la autorización", señaló a El Mercurio.
"La problemática es cuánto se demoran los bancos en entregar esa información y la forma en que se entrega esa información una vez obtenida la autorización judicial. Entonces, vamos a enviar un proyecto en el cual se diga que esa información debe ser entregada dentro de 24 horas en un formato único", sostuvo.
¿Qué no se puede hacer?
Dentro del debate, algunas voces sostienen que la normativa actual es muy rígida. El economista Claudio Agostini planteó que el secreto bancario chileno está "tan blindado que se transforma en una barrera para fiscalizar a quienes tienen más medios para eludir impuestos".
En esa línea, el experto respaldó la idea de que la UAF tenga acceso a las cuentas bancarias, pero mencionó que también debería contemplarse la observación del pago de impuestos.
"La UAF va a estar mirando fundamentalmente al lavado de activos, o sea no va a estar mirando si alguien pagó IVA o no, o pagó impuesto al ingreso o no", dijo a Radio Infinita durante la discusión de la normativa en 2024. En ese sentido, consideró que tanto el Servicio de Impuestos Internos (SII) como la UAF deberían tener acceso al secreto bancario, con fines distintos.
En varias oportunidades, la OCDE ha planteado que Chile debería avanzar en un régimen más flexible de acceso a información bancaria en determinados casos. En 2017, la entonces presidenta del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, María José Garde, afirmó que el país debía "flexibilizar el secreto bancario para fines tributarios", dijo al Diario Financiero.
Los temores
Uno de los mayores "temores" que han expresado los detractores del levantamiento del secreto bancario, esencialmente personeros del oficialismo, es la afectación al derecho a la privacidad.
Así lo manifestó ayer el presidente del PNL, Johannes Kaiser en su cuenta de X: "Se los voy a explicar con manzanitas. Yo no estoy dispuesto a que un militante comunista o del Frente Amplio tenga discrecional acceso a mi cuenta de banco. Punto. El secreto bancario nos protege del totalitarismo y del delito y no hay garantía en este planeta, que me haga confiar en que los delincuentes de extrema izquierda no van a abusar de este acceso si lo obtienen", agregó.
En esa línea, el punto de discordia en torno al alzamiento se sigue concentrado en que esté sujeta a una orden judicial versus una facultad administrativa de la UAF.
El martes, luego que la Sala del Senado decidiera rechazar la propuesta de levantamiento sin control judicial por parte de la UAF -por
dos empates en la votación de manera consecutiva- el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, apuntó a la relevancia de que el proceso sea visado por tribunales.
"Cada vez que la UAF ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, este se ha otorgado dentro de los plazos que establece la ley, que es de tres días. Por otra parte, el objeto de este proyecto de ley, oportunidad de hacer inteligencia financiera, es un momento prepenal, previo a cualquier tipo de formalización. Por lo tanto, el resguardo de los derechos de los ciudadanos, particularmente del derecho a la privacidad, se hace doblemente importante y, por tanto, por eso exigir control judicial es razonable", sostuvo.
Desde la oposición salieron a cuestionar los argumentos de quienes votaron en contra y afirman que el resguardo a los derechos de las personas queda garantizado en el mismo proyecto, con distintas acciones, incluyendo responsabilidades penales a funcionarios de la UAF en caso de no respetar la privacidad.
Tras la votación del martes, el senador Diego Ibáñez (FA), dijo en X que "la norma establecía la autorización judicial como regla general, pero administrativamente se podría levantar en casos específicos: si es una operación sospechosa previamente reportada y necesaria, si se trata del reporte de un banco, si se refiere a una personalidad jurídica o un funcionario público".
"Para resguardar los derechos de las personas, el levantamiento administrativo estaría sujeto a una auditoria interna, responsabilidades penales para el funcionario de la UAF y un informe remitido a la Comisión de Seguridad del Congreso. Lamentable que no se apruebe. Se tendrá que votar en una próxima sesión. Si no le tememos a nada ¿Por qué rechazar?", sostuvo.
Este viernes, en tanto, desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (UDI), llamó a "dejar de mentirle a los chilenos", y defendió que "hoy día, la fiscalía tiene plena capacidad de levantar el secreto bancario cuando lo ha requerido. Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la fiscalía no le haya pedido al poder judicial hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido".
"Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho. Si esto aplica respecto a las cuentas bancarias, ¿por qué no aplica también respecto a los celulares, o los allanamientos de morada, o interceptación de comunicaciones?", sostuvo.
En esa línea, parlamentario apuntó al derecho constitucional a la privacidad personal, y alentó a la izquierda "a que si quieren saltarse garantías del debido proceso, que lo digan".
Propuestas y tramitación
El proyecto que el Congreso discute actualmente crea el Sistema de Inteligencia Económica, y entre sus disposiciones, plantea el alzamiento del secreto bancario vía administrativa. Se trata de un proyecto que fue enviado por el gobierno anterior en mayo de 2023.
En concreto, la iniciativa busca "perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto".
El proyecto crea un Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, las que pueden compartir información a través de sus unidades de inteligencia.
En el caso de la UAF, se amplía su facultad para que pueda levantar alertas asociadas a delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de crimen organizado en términos generales, y en materia de crimen organizado, "se le habilita a acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial, cuando dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones".
Fue justamente esa disposición la que pasó a comisión mixta el miércoles, y su resolución se abordará en la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 9 de junio.
Sobre esta propuesta se mostró a favor el fiscal nacional Ángel Valencia, quien esta mañana dijo que respecto al alzamiento del secreto bancario para grandes corporaciones y sociedades anónimas, "algunas instituciones del Estado, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podrían tener acceso más ágil".
