Al menos dos ejecutivos bancarios involucrados, otros 17 sujetos destinados a distintas operaciones y US$80 millones movilizados. Ese es parte del saldo que ha dejado la llamada Operación Tokio, relativa a una investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos del Tren de Aragua.
El "rubro" de este negocio ilícito eran las extorsiones para la realización de fiestas clandestinas.
De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, el grupo extorsionó a cerca de seis locales del barrio Bellavista, advirtiendo que sólo ellos podían tener réditos económicos por la venta de alcohol. También cobraban a los dueños de los locales por la realización de las fiestas; de no cumplir, se desataban ataques con armas.
Esta mañana, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, detalló a Radio Duna que la red de sujetos vinculados al Tren de Aragua se encargaba de "subir" el dinero de las extorsiones hacia el ahora exejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Ascencio -de nacionalidad venezolana y uno de los imputados-, a través de una serie de maniobras para perder la trazabilidad del dinero.
El domingo, 17 ciudadanos venezolanos fueron formalizados por asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando. El tribunal decretó la prisión preventiva para 14 de los imputados, mientras que los otros tres quedaron con arresto domiciliario total y nocturno. Se dictó un plazo de 150 días de investigación.
Sistema bancario y Aduanas
La Operación Tokio ha puesto en el centro del debate los controles internos de la banca y la supervisión del sistema financiero chileno, así como también el rol de Aduanas.
En el caso del sistema bancario, las dudas recaen en los controles internos que tienen los bancos, para detectar movimientos irregulares, y el control hacia sus propios funcionarios. Esto, porque además de José Carlos Pérez Ascencio, también se detectó a Rossana Blanco, una ejecutiva del Banco Estado, vinculada a extorsiones.
En el caso del ejecutivo bancario, Barros detalló que "él, estando en la banca, lo retienen y él abre ocho productos bancarios, por lo tanto también es un sujeto que maneja las inversiones y trata de hacer perder la trazabilidad de los dineros".
Las dudas sobre las alertas de los bancos también recaen en el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto, porque los bancos deben detectar operaciones inusuales, activar alertas internas y, cuando corresponde, enviar Reportes de Operaciones Sospechosas —ROS— a la UAF.
A raíz de esto, el diputado Jaime Mulet (FRVS), ingresó ayer a la Cámara de Diputadas y Diputados una solicitud para conformar una Comisión Especial Investigadora, con el objetivo de esclarecer las eventuales responsabilidades institucionales y privadas en el caso.
En el documento presentado, Mulet plantea que "debe responder la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los órganos del Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, obviamente, la asociación de bancos porque realmente no asumen ninguna responsabilidad en una operación internacional de lavado de esta magnitud".
Asimismo, adelantó que "vamos a ver qué pasa con los órganos de la administración del Estado, pero también vamos a invitar a la banca, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)".
Querella de Aduanas
Otra parte de la institucionalidad que toca este caso es el Servicio Nacional de Aduanas, que deben fiscalizar todo lo que entra y sale del país. Esto, porque Rossana Blanco también estaría vinculada al contrabando de camionetas SUV hacia Venezuela.
Los vehículos salían a través del Paso Los Libertadores hasta llegar a Caracas, donde eran vendidos. Rossana Blanco y su pareja Joel Díaz -conocido como "Lermitage"- uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua, quien se dedicaba a producir eventos y extorsionar a locatarios nocturnos, sacaban los vehículos bajo la modalidad de salida temporal del país.
Este mes, Aduanas presentó una querella ante el 10° Juzgado de Garantía, por el delito de contrabando propio, que involucra al menos a tres vehículos, cada uno de ellos valuados en más de $20 millones.
Secreto bancario
Consultado por el debate en torno al levantamiento al secreto bancario, el fiscal Barros sostuvo que "a mí lo que me corresponde es aplicar las normas que hay, esa es función del legislador y no me voy a meter en ese mundo porque es difícil salir ganando en el mundo político. Cuando uno tiene una investigación robusta, los jueces no te van a negar el levantamiento del secreto bancario".
De todos modos, planteó que la pregunta de fondo es, "por ejemplo, ¿la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá los recursos que necesita para hacerse cargo de esto? ¿Los distintos servicios del Estado estamos actuando todos de manera coordinada?".
Con todo, reconoció que hoy "hay mucha más conciencia de que la Aduana tiene que estar coordinada con el Ministerio Público, con el Servicio de Impuestos Internos, con la UAF, con todas las instituciones que funcionan en este sistema".
El tema ha sido parte del debate político hace años, incluso en la campaña presidencial. Actualmente se discute en el Congreso el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica y que permite el alzamiento administrativo del secreto bancario. El martes pasado, en el Senado, la votación sobre este mecanismo empató a 23 votos, y será revisado nuevamente durante esta jornada.
El jueves pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el gobierno trabaja en un proyecto de ley en esta materia. Aún cuando afirmó que la apertura de cuentas debe depender "siempre" del Poder Judicial, adelantó que "este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo (...) el daño que le hace a la economía la actividad ilícita".
