Gran debate entre expertos generó la idea por la que ahora apuesta el Ministerio de Desarrollo Social, para que el registro en redes sociales para los menores de edad sea mediante el uso de la ClaveÚnica.
Fue en el conversatorio "El acceso de los menores de edad a las redes sociales: ¿educar, prevenir, educar?", organizado por Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (UAndes) que la ministra de la cartera, María Jesús Wulf, dio a conocer la iniciativa.
"El hecho de que nosotros en Chile tengamos ClaveÚnica, desde el Estado puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunique a la red social o a la App Store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido", señaló la secretaria de Estado.
Según detalló Wulf, el diseño de la política está enfocado en "generar una verificación de edad y no de identidad" para que las empresas tecnológicas no obtengan datos personales, sino solo puedan saber si la persona que está creándose una cuenta cumple o no con la edad mínima de uso.
El anuncio generó controversia. El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, señaló en su cuenta de X que "el PNL defiende tu privacidad y la separación de poderes (...) Rechazamos que sea obligatorio usar Clave Única para entrar a redes sociales. El PNL defiende tus derechos fundamentales, independiente de tu color político, porque defiende principios, no intereses".
La medida que plantea el Ejecutivo y que comenzará a ser trabajada esta semana por una mesa técnica cobró mayor relevancia en medio del debate de uso de redes sociales luego de que este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara medidas para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y restringir otras funciones y servicios digitales considerados "perjudiciales" para niños y adolescentes.
Por ello, se adoptarán medidas para que ciertas plataformas de redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X no puedan ofrecer sus servicios a menores de 16 años.
La decisión excluye a servicios de mensajería como WhatsApp y Signal, y además, se impedirá que los menores de 16 años accedan a funciones consideradas "de riesgo", como las transmisiones en vivo y la comunicación con desconocidos a través de internet.
Medidas en otros países
Hay otros países que ya han implementado medidas similares. El primero fue Australia: en noviembre de 2024, el gobierno australiano aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.
Dos años más tarde, Indonesia ha dado ese mismo paso y el pasado marzo prohibió el acceso de los menores de 16 años a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox y YouTube, consignó EFE.
Y desde el pasado 1 de junio, Malasia es el tercer país del mundo que aplica una restricción de este tipo, ya que sus leyes prohíben el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.
Otros países estudian medidas, como por ejemplo España, donde se ha expresado la intención de elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, en Andorra se anunció en marzo que se prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales que comporten un riesgo para su desarrollo y salud mental, y en Noruega entrará en vigor en 2027 una ley para prohibir el acceso a redes a los menores de 16.
La visión de expertos
Si bien los expertos valoran la medida como "un gran primer paso", también advierten reparos por la vulneración de los derechos de acceso a espacios digitales y a la privacidad.
Jorge Varela, docente investigador del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo (UDD), señaló a Emol que "eventualmente, suena interesante asumiendo que los menores de edad acceden y usan habitualmente esa ClaveÚnica. Efectivamente, hay un temor que aparece en las preguntas que no es menor y no queda tan claro como el Gobierno aseguraría el respeto a la privacidad y el acceso a información de las personas o al mal uso, ya que estas plataformas también son controladas por otros actores ya que no las maneja el Gobierno de Chile".
"Yo tengo esa aprehensión, ya que estas plataformas tienen fines comerciales (...) Yo creo que es valioso el resguardo y el control de los accesos a menores de edad pero yo siento que el camino va por los apoderados y padres, que están muy ausentes en esta discusión. El apoderado es el que compra el teléfono y es el que debería tener una enseñanza o hacerse responsable de una enseñanza digital de su hijo o de su hija".
Asimismo, la académica de la Escuela de Psicología de la U. de Santiago de Chile (Usach), Francisca Jaque, mencionó que "la protección real de niños, niñas y adolescentes en internet no se logra solo bloqueando el acceso. Se requiere una estrategia multinivel que combine regulación de plataformas, seguridad por diseño, educación digital, acompañamiento familiar y escolar, y rutas claras de denuncia, contención y derivación".
En ese sentido, apuntó que la idea de exigir la ClaveÚnica para menores de edad accedan a redes sociales "puede ser una herramienta útil para verificar edad, pero no resuelve el problema de fondo. Los riesgos para niños, niñas y adolescentes no dependen únicamente de si acceden o no a una red social, sino del tipo de contenido al que están expuestos, de la interacción con desconocidos, del ciberacoso, de la comparación social, del uso problemático y del modo en que las plataformas están diseñadas para capturar atención".
El ejemplo de Reino Unido para Jaque da cuenta de que "Chile debería mirar esa experiencia con atención, pero también con cautela. Una restricción amplia puede reducir ciertos riesgos, pero también puede generar efectos no deseados: uso de cuentas falsas, evasión mediante otras herramientas o desplazamiento hacia plataformas menos visibles y menos seguras. La propia discusión internacional ha advertido que las restricciones deben evaluarse por sus efectos reales y no solo por su intención protectora".
"Primer paso" pero "imperfecto"
La académica de la Escuela de Psicología U. Finis Terrae y experta en Convivencia Digital, Victoria Saver, mencionó sobre la idea del Ejecutivo que "el cambio debe empezar con alguna política pública, aunque esta sea imperfecta (...) Se pueden considerar otras medidas, como datos biométricos u otros. Las leyes lo que cambia es la cultura y una legislación como esta es el primer paso".
Sin embargo, la docente advirtió que "para que esta medida realmente resulte, se debe cambiar la percepción de riesgo realizando intervenciones psicoeducativas entre padres e hijos, de modo de poder darles la oportunidad de aprender estos riesgos y realizar nuevas medidas de uso en casa, como lo son los límites claros que se respeten".
A su juicio, "un gran aliado es el Ministerio de Salud, donde puede ofrecer folletos a las familias en consultorios y centros de salud; y el Ministerio de Educación puede ofrecer capacitaciones para sensibilizar y movilizar a los padres. Aunque esta legislación no sea perfecta, es un paso a la dirección correcta".
En esa misma línea, Paulina Guzmán, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la U. San Sebastián, señaló que la idea "es un piso razonable, no la solución (...) El tema de fondo es que ninguna evidencia muestra que poner una puerta, por sí sola, mejore la salud mental o la seguridad de un niño. Lo que ocurre detrás de esa puerta, la comparación, el acoso, el contenido dañino, no lo resuelve un mecanismo de acceso. Me parece sensato explorarlo, y el Gobierno lo plantea bien al hablar de 'verificación de edad, no de identidad'. Pero protege un sistema completo, no un control en la entrada".
En ese sentido, destacó el anuncio de hoy en el Reino Unido y recalcó que "no improvisaron; abrieron una consulta nacional masiva antes de legislar y nuestra mesa técnica recién está partiendo, así que no hay que apurarla. La segunda, y esta me parece la clave, es que pusieron la carga en las plataformas. Ese es también un lugar correcto de responsabilidad, y conecta con lo que internacionalmente se llama safety by design, que las plataformas sean seguras desde su diseño, con privacidad por defecto y sin funciones pensadas para enganchar, en vez de descansar todo en el bloqueo".
Se suma que "incluso, quien impulsa la prohibición admite que los adolescentes la van a evadir. Chile, que evalúa una medida más suave, tiene la oportunidad de avanzar con más cabeza y menos voluntarismo".
Añadió que una medida más efectiva "pasa por los padres. No hay tecnología ni norma que reemplace a una familia presente. El predictor más robusto del bienestar de un adolescente no es la escuela ni la ley, es lo que pasa en la casa, las conversaciones cotidianas, los límites con cariño, el saber qué le importa a tu hijo. La alternativa no es prohibir, es acompañar y descansa en dos pilares que se refuerzan".
¿Vulneración de derechos?
En el debate en redes sociales algunas voces han señalado que la media podría afectar derechos como la privacidad o el acceso a espacios digitales. Por ejemplo, Guzmán planteó que "hay que decirlo justamente para diseñarlo bien. Ocurre una paradoja conocida, ya que para verificar edad muchas veces se termina pidiendo más datos, documentos, biometría, de modo que una medida pensada para proteger puede aumentar el riesgo si no se cuida cada detalle. Y concentrar todo eso en una plataforma del Estado eleva la apuesta".
"En el acceso, el riesgo es excluir precisamente a los jóvenes que más se benefician de estar conectados, los que están aislados, los que no encuentran apoyo en su entorno cercano, y empujarlos a espacios menos regulados, donde quedan más expuestos, no menos. La Convención de Derechos del Niño protege a la vez su seguridad y su participación, y cualquier medida tiene que sostener las dos", sostuvo la académica de la USS.
También Jaque mencionó que la propuesta podría tener impacto negativo "si no se diseña con resguardos claros. Proteger a niños, niñas y adolescentes es una obligación del Estado, pero esa protección debe equilibrarse con otros derechos: privacidad, acceso a información, participación y desarrollo progresivo de autonomía. UNICEF ha planteado que el desafío es permitir que la niñez pueda aprender, jugar, expresarse y participar en línea, pero en condiciones seguras y respetuosas de sus derecho".
En tanto, para Saver, "puede sonar impopular, pero la intimidad de los adolescentes no es factible para las redes sociales. Esto en vistas de que todo lo que se hace en el mundo digital tiene una huella digital rastreable y legible, por lo cual cada acción realizada es trazable, la información se guarda y las redes sociales las venden a las grandes compañías".
Agregó que "la inmadurez e impulsividad de adolescentes puede someterlos a acciones que no se eliminan", por lo que "muchos padres utilizan como control parental el poder revisar todas las conversaciones de redes sociales". A su juicio, "se debe promover la intimidad, pero en espacios de la vida real, como conversaciones profundas con amistades, escribir su interioridad en un cuaderno a mano. La privacidad en la vida real es la que los padres deben respetar profundamente".
Respecto del acceso a espacios digitales, mencionó que no tendría gran impacto para los menores ya que "las redes sociales cumplen un rol que no es generativo ni tampoco ofrece un mayor aprendizaje, puesto que lo que hacen los adolescentes es scrollear en redes sociales como consumidores, no como generadores o el uso de plataformas donde realmente generen un producto".
