La muerte de
Alejandro Águila, un menor de 12 años quien fue arrastrado por varias cuadras en medio de una encerrona, reactivó con fuerza el debate por aumentar las penas a los menores de edad que cometan delitos graves.
Esto, porque del grupo de sujetos que hizo un "tour delictual" esa noche en San Bernardo, dos eran adolescentes de 17 años, quienes quedaron en internación provisoria. El resto de la banda tenía 21, 23 y dos tenían 18 años. Todos quedaron imputados con robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
El hecho de que hubiera dos imputados menores de edad, provocó que varias voces pidieran endurecer sanciones y bajar la edad de responsabilidad penal adolescente.
A ese debate ya se sumó el Gobierno, anunciando un paquete de indicaciones a normativas en trámite, mientras que también han surgido nuevas propuestas y proyectos de ley que abordan materias como tipificar como delito el reclutamiento de menores por parte de adultos para cometer crímenes.
Los padres de Alejandro también han pedido que el Gobierno impulse la "ley Alejandro", justamente para aumentar las penas a menores de edad que cometan delitos graves. "Es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Adolescente, porque hoy no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad", dijo Fabio Águila, padre del menor fallecido.
Sobre este tema, el Presidente José Antonio Kast dijo a Radio Polar que estaría dispuesto a respaldar la iniciativa, pero afirmó que "tenemos que abordarlo de manera integral, hemos estado conversando con los distintos parlamentarios que han presentado iniciativas legales".
Aumento de penas
Tras la muerte del menor de 12 años, un grupo de alcaldes pidió al gobierno que se diera suma urgencia a un proyecto de ley (boletín 15.589-07) que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado.
El pasado 24 de junio, el Gobierno puso suma urgencia a la tramitación, cuyo texto apunta a agravar las penas para mayores de 16 años que cometan delitos de especial gravedad, como homicidio, secuestro, tortura, y otros que reciben penas de reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado, como violación con homicidio, secuestro con homicidio, u homicidio de miembros de la policía o de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la iniciativa considera la reincidencia respecto de conductas de similar gravedad.
Esta semana, el ministro de Justicia, Martín Arrau, planteó que a este proyecto de ley, además de ponerle discusión inmediata, se le ingresarán indicaciones. Estas son: "establecer que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos, de forma excepcional, respecto de un catálogo de 17 delitos graves propuestos, previa solicitud fundada del fiscal y autorización de un juez", sostuvo.
Otra indicación apunta a aumentar el límite máximo de sanción aplicable a menores de 16 años que cometan delitos graves incluidos en dicho catálogo.
En caso de reiteración de reincidencia, la sanción máxima que hoy llega a los 5 años, podría elevarse hasta los 10 años.
También se propondrá que "cuando un adolescente condenado por un delito del listado propuesto cumpla 18 años, y si así lo recomienda el informe del Servicio Nacional de Reinserción, será obligatorio para el tribunal ordenar su traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería, es decir, cárcel de adulto".
Reclutamiento de menores
Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno, es dar suma urgencia al proyecto de ley (boletín 17637-07) que modifica el código penal con el objeto de tipificar como delito el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales.
Dicho proyecto fue ingresado en junio de 2025 y se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Los autores son Lorena Fríes (FA), Andrés Longton (RN), Luis Malla (PL), Javiera Morales (FA), Gloria Naivellán (PNL), la exdiputada Alejandra Placencia (PC), y el actual senador Vlado Mirosevic (PL).
En su texto original, la iniciativa legal propone que "el que reclutare a un menor de edad para participar de una asociación delictiva será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio".
"La pena será de presidio menor en su grado máximo si el reclutamiento se hubiere realizado mediante el uso de fuerza, violencia, intimidación, coacción o amenaza en contra de la víctima o su familia, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad o dependencia del menor de edad" detalla el texto.
También se señala que en ningún caso, el consentimiento dado por el menor de edad eximirá al mayor de esta edad de la aplicación de las reglas previstas en los incisos precedentes.
En tanto, también se establece que quien reclute a un menor de edad para participar de una asociación criminal será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. La pena será de presidio mayor en su grado mínimo si el reclutamiento se hubiere realizado mediante el uso de fuerza, violencia, intimidación, coacción o amenaza en contra de la víctima o su familia, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad o dependencia del menor de edad.
Catálogo de 17 delitos
El Gobierno también propondrá otras dimensiones a incorporar a las iniciativas legales, como que "no se considere la atenuante de irreprochable conducta anterior a adultos que siendo menores fueron condenados por algún delitos del listado propuesto".
El catálogo de delitos propuesto es: secuestro, secuestro de menores, violación, abuso sexual calificado, parricidio, homicidio simple y calificado, robo calificado, robo con violencia o intimidación, incendio con resultado de muerte o lesiones, incendio, tenencia o colocación de artefactos explosivos, homicidio y lesiones a Carabineros, PDI o Gendarmería, o cualquier otro delito sancionado con presidio perpetuo.
Otras iniciativas
Ayer, la Presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto al senador Pedro Araya (PPD) y la senadora Paulina Vodanovic (PS) se sumaron a las iniciativas legales en torno al reclutamiento de menores, y también presentaron un proyecto en esta línea.
El proyecto busca crear un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales.
La iniciativa establece sanciones para quienes incorporen directamente a menores de edad a estas redes, así como para quienes financien, coordinen o faciliten su participación.
Asimismo, contempla penas especialmente agravadas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, realizar labores de vigilancia o cumplir otras funciones dentro de organizaciones delictivas o criminales.
El proyecto también fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el propósito de afectar directamente el patrimonio de las organizaciones criminales.
La presidenta del Senado explicó que el proyecto será informado el próximo martes y adelantó que existe un acuerdo para que sea analizado por las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución. "El respaldo transversal que reúne esta iniciativa, permitirá priorizar su tramitación e, incluso, eventualmente refundirlo con otros proyectos que persigan el mismo objetivo", dijo Ñúñez.
Por su parte, la bancada UDI pidió esta semana que se ponga urgencia al proyecto que rebaja la edad de responsabilidad penal a 13 años y sancionar como adultos a los mayores de 16 que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social. Se trata de un proyecto presentado en julio de 2018.
Asimismo, solicitaron al Gobierno acelerar la tramitación de otro proyecto de ley, impulsado por la misma bancada, que busca prohibir que los antecedentes penales de los menores de edad se eliminen una vez que cumplen 18 años.
