La exministra de Seguridad Trinidad Steinert.
Aton Chile/ Archivo.
Una comisión investigadora o incluso una eventual acusación constitucional, son parte de las alternativas que han surgido desde la oposición, luego de que la Contraloría determinara que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert excedió sus atribuciones y faltó a su "deber de abstención" al pedir información a la PDI sobre detectives que trabajaron en la investigación del "Clan Chen".
Al respecto, el diputado Raúl Leiva (PS), uno de los que pidió a la Contraloría que controlara la legalidad del oficio reservado de Steinert, señaló que "la Contraloría ha sido categórica: la exministra Steinert actuó fuera del marco legal y vulneró el principio de abstención al involucrarse en una causa que ella misma dirigió como fiscal. Esto no es un tecnicismo, es una infracción grave al Estado de derecho".
Según el diputado, "no se trata de un error menor. Es una desviación de poder, una transgresión al principio de juridicidad y un uso indebido de sus funciones para fines personales. Quien debía proteger a las policías y conducir su accionar, terminó exponiendo a sus propios funcionarios".
"Por eso, como bancada del Partido Socialista, vamos analizar los alcances de este dictamen y perseguiremos todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega", recalcó Leiva.
Asimismo, el diputado Patricio Pinilla (DC), otro de los que formuló un requerimiento al organismo, precisó que "la Contraloría habló y dijo expresamente que la exministra de Seguridad había incumplido sus funciones y atribuciones y había excedido lo que era la legalidad en Chile, infringiendo además el deber de abstención. Esto porque solicitó antecedentes respecto de policías que intervenían en una investigación que estaba en curso y antecedentes que excedían lo que ella podía requerir en virtud de su calidad de ministra".
Ante el dictamen, Pinilla comentó que "tenemos que evaluar qué más vamos a hacer. No basta con que se pida disculpas, no basta con que se diga que ya la ministra no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno en el sentido de que se excedieron estas atribuciones y que nunca más un ministro o ministra requerirá antecedentes de policías que están investigando delitos, porque esto puede significar un amedrentamiento respecto de ellos y además que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que están siendo llevadas a cabo por la Policía".
Y acotó que "por mucho menos se acusó al ministro Grau del Gobierno de Gabriel Boric, por mucho menos que eso. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional por cuanto aquí, derechamente, es la Contraloría la que ha dicho que se han infringido deberes que están hoy día en la Constitución y las leyes. Esto es un pronunciamiento de Contraloría, no es una decisión política".
Para el diputado Jaime Araya (IND-PPD), lo que hizo Steinert, "son hechos sumamente graves y lo que tenemos que hacer es evaluar y ejercer las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Tenemos que evaluar, y vamos a conversarlo con el diputado Leiva y los otros parlamentarios de la comisión de Seguridad de la oposición, la procedencia de una Comisión Especial Investigadora para poder profundizar en lo que realmente ocurrió, porque lo que constata Contraloría es realmente grave".
"No podemos descartar el uso de ninguna herramienta constitucional, pero tenemos que ser muy prudentes en el uso de las mismas. Estamos hablando de temas que afectan profundamente la institucionalidad, y nuestra responsabilidad como parlamentarios es estar a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía nos entregó, no instrumentalizar las instituciones, pero tampoco dejar la impunidad en situaciones que son tan graves", recalcó Araya.
El senador Iván Flores (DC), consideró que "la Contraloría ratifica lo mismo que nosotros advertimos desde el principio, desde el momento mismo en que la ministra Steiner asumió y comenzó a fallar y fallar. Bien la Contraloría y queda muy claro que lo que nosotros dijimos no era ni obstinación ni nada en contra del Ministerio de Seguridad. Al revés, nosotros veníamos advirtiendo que un ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido con una persona que no sabía".
"Lo dijimos desde el principio, la ministra Steiner no tenía atribuciones, más bien vulneraba la ley si intervenía pidiendo información sobre algunos traslados que más bien eran de su conveniencia saber y no tenía que ver con el interés de los procedimientos", precisó Flores.
La diputada Tatiana Urrutia (FA), quien también hizo un requerimiento a Contraloría, expresó que "junto a diputados de distintas bancadas analizaremos los pasos a seguir en el Congreso. Eso sí, emplazamos al gobierno al Presidente Kast a pronunciarse, no puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico, pero también es de conducción".
"Durante dos meses advertimos esta grave falla, sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su exministra antes que hacerse cargo. Hoy la Contraloría confirma que el Gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país", recalcó Urrutia.
El diputado Jorge Brito (FA), precisó que el que "la exministra de Seguridad del Presidente Kast no haya tenido un plan, haya actuado en forma ilegal como reconoce Contraloría, amerita a que no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra".
"No podemos permitir que la seguridad sea hoy custodiada por las policías, los municipios, la comunidad, y este gobierno haga la vista gorda cuando fue su principal promesa de campaña", sostuvo Brito.
La diputada y subjefa de Comité PC-IND, Ana María Gazmuri, comentó que "la resolución de la Contraloría es clara y confirma que la exministra Trinidad Steinert excedió las atribuciones de su cargo al requerir antecedentes vinculados a una investigación penal en curso y a funcionarios de la PDI. En un Estado de Derecho, la seguridad pública no puede ejercerse al margen de las normas ni sobrepasando los límites institucionales".
"La lucha contra el crimen organizado requiere instituciones fuertes, profesionales y autónomas, no intervenciones indebidas ni presiones políticas. Esperamos que se esclarezcan completamente las responsabilidades y que este caso sirva para reafirmar un principio básico: ninguna autoridad está por sobre la ley ni de los controles democráticos que resguardan la probidad y la confianza pública", remató Gazmuri.
