Barbería (imagen referencial).
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Los diputados Roberto Arroyo (Indep) y Catalina del Real (PRep) presentaron un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias para barberías, peluquerías y establecimientos afines, incorporando la obligación de acreditar antecedentes penales y regularidad migratoria del personal que presta servicios de atención directa al público.
La propuesta modifica el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, para condicionar el otorgamiento y renovación de la patente comercial a que el titular del local mantenga documentación vigente sobre quienes trabajan en el establecimiento. En concreto, se busca exigir certificado de antecedentes y, en el caso de personas extranjeras, permiso de residencia o autorización para trabajar vigente.
La iniciativa legislativa surge en un contexto de creciente preocupación por el uso de determinados rubros comerciales como eventual fachada para actividades ilícitas.
De hecho, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se ha advertido que el crimen organizado estaría actuando en distintos negocios, no solo barberías, sino también ópticas, centros de estética y otros comercios, situación que encendió las alertas sobre la necesidad de reforzar las herramientas de fiscalización.
Al respecto, el diputado Arroyo comentó que "este proyecto no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia. Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público".
Por su parte, Catalina del Real sostuvo que "los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos".
La iniciativa también establece que los titulares de patentes deberán llevar un registro actualizado de las personas que atienden en el local, el que deberá estar disponible para fiscalización municipal. Además, contempla la caducidad de la patente cuando se permita trabajar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos o cuando no exista el registro correspondiente.
Finalmente, los legisladores plantearon que el proyecto apunta a fortalecer la fiscalización municipal sin afectar a quienes desarrollan esta actividad de manera formal, responsable y cumpliendo con la ley. En ese sentido, afirmaron que la propuesta busca proteger tanto a los vecinos como a los trabajadores y emprendedores que sí cumplen las reglas.
