El constante deterioro del mercado del trabajo volvió a instalar la discusión sobre los costos y rigideces laborales que enfrentan distintos sectores productivos.
A comienzos de la semana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo llegó a un 9,4%, su mayor nivel desde junio de 2021 —en plena pandemia—, lo cual, no solo confirmó una pérdida de dinamismo en la creación de puestos de trabajo, sino que también encendió las alertas sobre la calidad del empleo.
La cifra completó 41 meses consecutivos sobre el 8% y, según especialistas, el problema ya no se limita al nivel de desocupació
n. El crecimiento de la ocupación sigue apoyándose en empleos informales, mientras que el empleo formal y asalariado privado acumula retrocesos.
En ese escenario, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, afirmó a EmolTV que "a esta altura ya pocos dudan de que estemos en una emergencia laboral".
El debate se cruza con reformas que continúa sumando presión sobre las empresas. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha planteado que el país enfrenta cambios permanentes, entre ellos el aumento gradual de la cotización previsional y la reducción de la jornada. "El aumento de costos laborales no ocurrió solo los cuatro años anteriores, va a seguir ocurriendo", dijo, recordando que aún restan seis puntos adicionales de cotización previsional por implementar y que en dos años más la jornada bajará de 42 a 40 horas.
En paralelo, el Gobierno mantiene en estudio medidas para enfrentar la crisis laboral. Una de ellas apunta a flexibilizar el cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el período sobre el cual puede promediarse el tiempo trabajado.
La idea aparece dentro del informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia convocada para elaborar propuestas frente al deterioro del empleo y que reunió 22 medidas.
La discusión ocurre apenas meses después de que, el 26 de abril, entrara en vigencia la reducción de la jornada de 44 a 42 horas semanales, como parte de la aplicación gradual. En tanto, para los trabajadores, el balance ha sido mayoritariamente positivo.
Según el estudio Reducción de la Jornada Laboral de Laborum, el 76% de los trabajadores afirma que la disminución de la jornada ha mejorado su vida personal, mientras más de la mitad asegura que es más productivo trabajando menos.
No obstante, desde los gremios la lectura tiene otro ángulo, pues la productividad no ha aumentado al mismo ritmo que los costos. La gran brecha, plantean, está entre una valoración positiva de los trabajadores y la complejidad operacional que enfrentan empresas intensivas en mano de obra, con horarios extendidos, peaks de demanda o ciclos productivos difíciles de ajustar.
Cómo se distribuyen las horas
Uno de los principales cuestionamientos apunta al diseño de la norma.
La ley reduce gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales, actualmente en 42 horas, y establece un techo máximo de 52 horas, incluyendo horas extraordinarias. Sin embargo, el período para calcular el promedio de jornada quedó fijado en cuatro semanas, sin posibilidad de extensión.
De acuerdo con los antecedentes analizados en la discusión presentados por la Mesa de Reactivación Laboral, ese diseño ubica a Chile como uno de los países más restrictivos entre las economías de la OCDE que cuentan con mecanismos de distribución horaria. Mientras el promedio de referencia en esos países llega a 15 semanas, el 75% permite extensiones de hasta 52 semanas mediante negociación colectiva, como ocurre en Alemania, Países Bajos o Suecia.
A esa limitación se suma el artículo 22 bis del Código del Trabajo, que impone un tope de 45 horas ordinarias semanales y prohíbe mantener ese nivel por más de dos semanas consecutivas dentro del período de cálculo del promedio. Para los gremios, esa regla reduce el margen de adaptación en actividades que necesitan concentrar más horas en ciertos períodos y compensarlas con menos horas en otros.
La experiencia internacional es usada como argumento por quienes piden cambios
. En Francia, la reducción de 39 a 35 horas estuvo acompañada por un paquete de flexibilidad, con jornada anualizada, tope de 48 horas semanales y promedio de 44 horas en doce semanas, además de subsidios fiscales. En Portugal, la baja de 44 a 40 horas en 1996 se implementó junto con un período de referencia de cuatro meses, lo que permitió ajustar la jornada con la dotación existente.
En Chile, en cambio, la baja cobertura de negociación colectiva limita los canales institucionales para intercambiar reducción de jornada por flexibilidad operativa. Según un ejercicio citado en la propuesta, para una actividad con 12 semanas peak al año, ampliar el período de referencia a 52 semanas podría reducir el costo laboral anual en 9,4%, con un efecto esperado sobre la demanda por trabajo.
Retail
Uno de los sectores que ha planteado mayores dificultades es el comercio.
Desde el gremio Marcas del Retail, su gerente general, Gonzalo Errázuriz, sostuvo a Emol que la reducción de jornada es un objetivo compartido cuando contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, pero advirtió que su implementación ha sido especialmente desafiante para una actividad que opera con atención continua y alta intensidad de mano de obra.
"El comercio debe mantener la misma cobertura horaria para atender a los clientes, por lo que, en la práctica, muchas empresas han debido contratar personal part time para cubrir las horas que ya no pueden realizar los trabajadores con jornada completa, además de reorganizar completamente sus turnos o recurrir al pago de horas extraordinarias", señaló.
Según el gremio, en el retail la reducción de jornada ya se ha traducido en aumentos de costos de entre 10% y 25%, asociados a contratación adicional, reordenamiento de turnos y horas extra. La presión se suma a otros factores que afectan al sector, como el comercio ilícito, la inseguridad, el aumento de costos operacionales y un consumo que todavía muestra señales de debilidad.
El Mercurio
"La flexibilidad bien diseñada no implica precarizar el empleo; al contrario, permite protegerlo y hacerlo sostenible", afirmó Errázuriz.
Entre las medidas propuestas por el gremio están fortalecer los mecanismos de distribución flexible de jornada mediante acuerdos entre las partes, incentivar la inversión en tecnología y capacitación, reducir rigideces administrativas e implementar incentivos efectivos para la contratación formal, especialmente en sectores intensivos en empleo, cómo el comercio.
Agricultura
Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente Antonio Walker también valoró el objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero advirtió que la experiencia desde la entrada en vigencia de las 42 horas confirma que el agro requiere un tratamiento más flexible.
Walker explicó que "las principales dificultades se dan en labores que deben realizarse en momentos muy específicos, como cosechas, riego, ordeña, packing o manejo sanitario. Esto genera desafíos operativos relevantes, especialmente para pequeñas y medianas empresas que no siempre tienen margen para contratar más personas o reorganizar turnos sin afectar sus costos y productividad".
Por eso, la SNA plantea perfeccionar la implementación de la ley mediante acuerdos de distribución flexible entre empleadores y trabajadores. En esa línea, Walker sostuvo que la CPC y sus ramas plantearon al Gobierno la necesidad de activar mecanismos como bolsas de horas o sistemas de promedio, que permitan concentrar más horas en períodos de alta demanda y reducirlas en períodos de menor actividad, manteniendo el vínculo laboral, las remuneraciones y las cotizaciones.
"La falta de flexibilidad puede generar efectos no deseados, como mayores costos, menor contratación formal, presión sobre las pymes agrícolas y más incentivos a reemplazar mano de obra por mecanización."
Antonio Walker, presidente SNA
"La falta de flexibilidad puede generar efectos no deseados, como mayores costos, menor contratación formal, presión sobre las pymes agrícolas y más incentivos a reemplazar mano de obra por mecanización. Flexibilizar la aplicación de la ley no significa retroceder en derechos, sino hacer compatible la reducción de jornada con la realidad del campo, la productividad y la protección del empleo rural", cerró.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en tanto, señalaron a Emol que "la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales ha implicado desafíos operacionales y un aumento de costos para todas las empresas y obviamente afecta con mayor intensidad a las de mediano y pequeño tamaño".
"En el caso de la construcción, estos efectos son particularmente relevantes, ya que se trata de una actividad organizada por etapas, con plazos contractuales definidos y una alta coordinación entre distintos equipos y especialidades. La implementación de la nueva jornada ha requerido reorganizar turnos y procesos, especialmente en periodos en que es necesario intensificar las labores para cumplir con los tiempos comprometidos", agregó.
La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales ha implicado desafíos operacionales y un aumento de costos para todas las empresas".
Alfrefo Echavarría, presidente de la CChC
Dicho eso, el gremio liderado por
Alfredo Echavarría subrayó "que existe espacio
para avanzar hacia mecanismos de mayor flexibilidad, siempre resguardando los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la jornada legal. Sectores como la construcción necesitan contar con herramientas que permitan distribuir la jornada de manera más eficiente, de común acuerdo entre trabajadores y empleadores".
Turismo, hotelería y gastronomía
El impacto de la reducción de jornada también se concentra con fuerza en las industrias vinculadas a la atención de público y la estacionalidad de la demanda. Restaurantes, cafés y locales gastronómicos concentran buena parte de su actividad en horarios de almuerzo, cena, noches, fines de semana y festivos, precisamente cuando gran parte de las personas está fuera de su jornada laboral.
El presidente de Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Guillermo Prieto, sostuvo que la reducción a 42 horas ha obligado a reorganizar turnos, contratar más personal en algunos casos y absorber mayores costos operacionales, sin que exista un incremento equivalente en productividad.
"Lo importante es entender que no todos los sectores productivos funcionan bajo la misma lógica. La legislación laboral debe reconocer esas diferencias para evitar que medidas bien intencionadas terminen afectando la competitividad de empresas que generan miles de empleos y cumplen un rol clave en el desarrollo económico y turístico del país", señaló.
Aton
En la misma línea, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, afirmó que la implementación de la jornada de 42 horas ha representado "un desafío importante para la industria, porque somos un sector que, por su propia naturaleza, opera cuando la mayoría de las personas descansa: fines de semana, feriados, vacaciones y temporadas altas".
Zalaquett explicó que, a diferencia de otras actividades económicas, reducir la jornada no significa reducir las horas de funcionamiento de hoteles, restaurantes, centros de montaña, agencias de viajes o atractivos turísticos, que deben mantener su operación precisamente en los períodos de mayor demanda.
"Esto ha implicado mayores costos para las empresas, una permanente reorganización de turnos y dificultades para mantener la continuidad de los servicios, especialmente en las pymes, sin que ello se traduzca necesariamente en mejoras de productividad", dijo.
Desde la hotelería, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, sostuvo que la implementación de las 42 horas ya ha impactado en la contratación de personal, principalmente por el aumento de costos que ha significado para las empresas del sector.
"El impacto es especialmente complejo y la preocupación aumentará cuando se llegue a la jornada de 40 horas, ya que en muchos casos será necesario crear un nuevo turno, encareciendo la operación en cerca de un 23%", señaló.
"Hemos visto una disminución en las contrataciones y, en el área gastronómica, varios establecimientos han debido reducir sus horarios de funcionamiento, adelantando el cierre de cocinas y comedores en comparación con lo que ocurría hace dos años", concluyó Pirola.
