El Gobierno abrió este lunes la puerta a introducir modificaciones al proyecto que crea un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades, una de las iniciativas que actualmente tramita la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo manifestó su disposición a revisar aspectos relacionados con la publicidad del registro y con quiénes podrán acceder a la información contenida en él, en respuesta a las inquietudes planteadas por parlamentarios durante la discusión.
Durante su exposición ante la comisión, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el diseño de la iniciativa y abordó uno a uno los principales cuestionamientos formulados por los diputados, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir ajustes durante la discusión en particular.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate dice relación con el carácter público del registro y el eventual daño reputacional para las personas que sean incorporadas. Sobre ese aspecto, el secretario de Estado sostuvo que "este proyecto no altera el principio general de publicidad en las actuaciones jurisdiccionales", ya que "las sentencias condenadoras hoy día ya son públicas". A su juicio, la iniciativa "solamente lo que hace es establecer un mecanismo específico de registro respecto a determinadas condenas definidas por la ley".
No obstante, reconoció que existen materias que pueden perfeccionarse. "Tratándose de la información que dispone el registro, si se estima necesario, en el debate en particular, se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción o también alguna regulación sobre quiénes pueden consultarlo", afirmó.
Alvarado enfatizó que eventuales modificaciones no alteran el fondo del proyecto. "Dejar claro que ello no cuestiona la constitucionalidad del registro en sí mismo, sino únicamente la forma en que la información es presentada. Si hay preocupación sobre esta materia, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto", señaló.
Respecto de las críticas por la proporcionalidad de las sanciones, el ministro insistió en que "la inscripción en el registro es una pena distinta y complementaria a la pena principal de cada delito. El criterio de proporcionalidad opera precisamente sobre esta pena de inscripción", explicó. Agregó que "los actos vandálicos que corresponden a crímenes o simples delitos permanecen cinco años en el registro y las incivilidades que son faltas permanecen tan solo un año", precisando que la reincidencia aumenta esos plazos y que "solo los casos más graves activan el régimen agravado".
Asimismo, rechazó que la iniciativa afecte con mayor fuerza a personas de menores recursos. "La norma establece que se aplica por igual a todas las personas que se encuentren en la misma hipótesis legal, con independencia de su situación económica", sostuvo, añadiendo que el mecanismo replica una lógica ya existente en otros registros, como el de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El biministro también respondió a quienes han cuestionado que el proyecto no defina expresamente qué debe entenderse por "acto vandálico" o "incivilidad". Según explicó, "el diseño de este proyecto es taxativo. Identifica con precisión cada uno de los delitos y faltas que se incorporan al registro, en lugar de definir en abstracto qué es un acto vandálico o una incivilidad". A su juicio, establecer conceptos abiertos "podría dejar a la interpretación judicial qué conductas caben dentro de esas categorías, ampliando más allá de lo que pretende esta iniciativa".
En cuanto a la eficacia del registro, Alvarado sostuvo que el análisis no debe centrarse únicamente en los delitos más graves. "Muchas de las conductas tienen penas significativamente menores y es justamente ahí donde la inscripción en el registro puede incidir en la conducta del infractor". Como ejemplo, mencionó que quienes "rayan los muros, que acumulan la basura, que cometen otro tipo de incivilidades (...) indudablemente que cualquier vecino con sentido común lo va a pensar dos o tres veces antes de querer cometer esta falta por la afectación que va a tener en el registro posteriormente".
Exposición de Arrau
En la misma sesión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expusó por primera vez acerca del proyecto y aseguró que busca enfrentar un fenómeno que, a su juicio, el Estado no ha abordado con suficiente decisión: el impacto que las incivilidades y los actos vandálicos tienen sobre la percepción de inseguridad.
La autoridad citó cifras de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2024, señalando que el 87% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional. Agregó que entre los factores que más inciden en esa sensación figuran el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos (62%), los rayados no autorizados (58%), el comercio ilegal (51%) y los microbasurales (47%).
"Ese tipo de cosas que pueden parecer algo meramente material, de cosas que hay que reparar, tienen un tremendo impacto en la percepción de inseguridad de los chilenos. Así está estudiado, está demostrado y ese desorden, esa anomia, esa falta de respeto a las normas (...) son la puerta de entrada precisamente al desorden y a otro tipo de incivilidades de manera escalada", sostuvo.
Arrau también respondió a las críticas respecto de los efectos del registro sobre beneficios sociales, asegurando que "las medidas más gravosas, suspensión de gratuidad y PGU, aplican exclusivamente a 14 delitos de máxima gravedad" y recalcó que "nadie pierde su gratuidad por evasión del transporte ni por un rayado, como se ha dicho". Además, precisó que "no es un registro de sospechosos, sino que de condenados, de culpables", ya que la inscripción exige "una sentencia firme y ejecutoriada".
Finalmente, sostuvo que la iniciativa constituye una herramienta preventiva frente al deterioro del espacio público. "Una ley como esta y un registro de vándalos es un tremendo aporte a combatir estas incivilidades con penas accesorias, que nos permiten enfocar cierta acción respecto de delitos que hoy día están bastante naturalizados en nuestra sociedad", concluyó.
