El acuerdo alcanzado este miércoles entre la bancada de senadores del PPD y el Gobierno para modificar el régimen de invariabilidad tributaria abrió un nuevo foco de tensión política, tanto al interior de la oposición como dentro del propio partido.
La negociación se concretó luego de una reunión entre los senadores PPD, la mesa del Senado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.
El Ejecutivo acogió gran parte de las propuestas planteadas por la colectividad, reduciendo de 25 a 10 años el plazo general de invariabilidad para inversiones de hasta US$100 millones; fijando un período de 15 años para proyectos de hasta US$350 millones; y manteniendo los 25 años solo para inversiones superiores a US$500 millones.
Además, incorporó una sobretasa permanente de 1,5% para quienes se acojan al beneficio y mantuvo el pago del royalty minero. Como parte del entendimiento, los senadores PPD anunciaron que no recurrirán al Tribunal Constitucional por ese aspecto específico de la reforma.
Sin embargo, la decisión generó inmediatas críticas desde el resto de la oposición. Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez calificó el entendimiento como "un pésimo acuerdo" y sostuvo que "la invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones". Añadió que "esto es una vergüenza", cuestionando que las empresas acogidas al régimen especial terminen pagando una tasa inferior a la vigente.
En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez (FA) lamentó que "el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz" y recalcó que ello no modifica la estrategia del resto de la oposición. "Vamos a levantar la mejor propuesta para llevar al Tribunal Constitucional, porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio", afirmó.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores endureció aún más el tono y acusó que el Gobierno "entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió". Asimismo, cuestionó que el PPD negociara "a espaldas de todo el resto de la oposición" y lanzó: "Yo quisiera saber el precio de esa venta".
Las señales de la directiva
Las críticas también comenzaron a surgir al interior del propio PPD. Horas después del anuncio, la Mesa Nacional del partido emitió una declaración pública para marcar distancia de cualquier interpretación de respaldo al proyecto del Ejecutivo.
En el documento, la colectividad reafirmó que "mantiene su postura contraria a la megarreforma del gobierno del presidente Kast" y precisó que el entendimiento alcanzado por sus senadores "es exclusivamente respecto de la invariabilidad, donde la propuesta fue mejorada". Además, enfatizó que "en todos los otros aspectos, no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos".
La directiva también buscó despejar dudas respecto de la estrategia judicial de la oposición, confirmando que "el partido ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la megarreforma del Gobierno", mientras que anunció que impulsará el proyecto de "invariabilidad social" presentado por la bancada de diputados para proteger derechos sociales.
Alcaldes piden resguardar los recursos municipales
A la declaración de la mesa nacional se sumó otra emitida por los alcaldes y alcaldesa del PPD, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre las finanzas municipales.
Las autoridades comunales respaldaron la postura crítica del partido frente a la iniciativa y advirtieron que modificaciones como la exención o reducción de contribuciones, sin mecanismos permanentes de compensación, podrían traducirse en menores recursos para los municipios y afectar programas sociales e infraestructura local.
Asimismo, exigieron que el Gobierno garantice una "Invariabilidad Social Territorial", que asegure que no habrá retrocesos en inversión social, seguridad vecinal ni infraestructura comunal, e hicieron un llamado al Ejecutivo a incorporar a los gobiernos locales en la discusión.
En esa línea, respaldaron las acciones que el partido impulse ante el Tribunal Constitucional si estiman que el proyecto termina afectando la autonomía financiera de los municipios.
Juventud PPD también toma distancia
Las presiones internas se extendieron además a la Juventud del PPD, que difundió un comunicado rechazando expresamente el respaldo otorgado por la bancada de senadores al acuerdo con el Ejecutivo.
La organización sostuvo que las decisiones "deben responder al mandato y las convicciones expresadas por la ciudadanía, y no a intereses personales ajenos al bienestar común", cuestionó que el proyecto no garantice el crecimiento económico comprometido por el Gobierno y advirtió que sostener aquello "sin evidencia concluyente" equivale "a un acto de fe más que a una afirmación demostrada".
Finalmente, hizo un llamado a los parlamentarios de la colectividad a actuar "con transparencia", rendir cuentas a sus electores y anteponer "siempre el interés público" en el ejercicio de sus funciones.
Tras estas presiones, se espera que el presidente del partido y diputado Raúl Soto, se refiera en las próximas horas al acuerdo de los senadores.
