La votación en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Sala del Senado marcó este miércoles el momento más complejo de la tramitación de la principal reforma económica del Gobierno.
Más allá del debate sobre el contenido de la iniciativa, el Ejecutivo llegó a esta instancia tras semanas de intensas negociaciones y conversaciones, un acuerdo que terminó rompiéndose con el PPD pero que terminó sumando más votos, la intervención directa del ministro del Interior, Claudio Alvarado, para intentar recomponer las confianzas y un despliegue paralelo pensando ya en el tercer trámite en la Cámara de Diputados.
La Moneda sabía desde un comienzo que el Senado sería la prueba política más difícil del proyecto. Por ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; gracias a la gestión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), iniciaron una mesa política con la intención de construir una mayoría que permitiera aprobar la reforma con un respaldo más amplio que el oficialista.
Sin embargo, luego de dos sesiones y un quiebre al interior del partido Socialista, el principal foco estuvo puesto en los senadores del PPD, Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal, y es que ambas partes alcanzaron un entendimiento respecto del régimen de invariabilidad tributaria, uno de los aspectos más sensibles del proyecto.
La fórmula impulsada por el PPD reducía los plazos de invariabilidad a 10, 15 y 20 años, según el monto de la inversión, e incorporaba una sobretasa de 1,5% para las empresas que optaran por ese beneficio. El Ejecutivo hizo propia esa propuesta e incluso el ministro Jorge Quiroz llegó a afirmar públicamente que ese acuerdo permitiría aprobar el proyecto con "más votos que los del oficialismo".
Sin embargo, el escenario cambió por completo cuando Hacienda ingresó las indicaciones para la discusión en particular en la comisión. Entre ellas apareció una rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde 23% a 22% para las empresas que no ingresaran al régimen de invariabilidad, punto que, según los senadores del PPD, nunca había sido parte de las conversaciones.
La reacción fue inmediata. Pedro Araya sostuvo que todas las negociaciones se habían desarrollado sobre una tasa de 23%, mientras Ricardo Celis y Loreto Carvajal acusaron que el Ejecutivo había alterado unilateralmente las bases del acuerdo. Lo que hasta ese momento era presentado por el Gobierno como uno de los principales logros políticos de la tramitación terminó convirtiéndose en el mayor flanco de la reforma.
El rol de Alvarado
Fue entonces cuando Claudio Alvarado asumió personalmente la conducción política de las conversaciones.
Tras un receso de la Comisión de Hacienda, el biministro le solicitó al ministro Jorge Quiroz retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo. Horas más tarde, Hacienda repuso el texto originalmente negociado, manteniendo la tasa en 23%.
Posteriormente, Alvarado salió públicamente a cerrar la controversia. Aseguró que todo obedeció a "un malentendido" y descartó cualquier mala fe por parte del ministro de Hacienda.
Pese a ese giro del Ejecutivo, las confianzas quedaron dañadas. Ricardo Celis afirmó que el Gobierno debía pedir disculpas antes de volver a conversar; Loreto Carvajal confirmó que mantendría su rechazo a la norma de invariabilidad; y Pedro Araya comenzó a plantear nuevas condiciones para respaldar la iniciativa, entre ellas abrir una discusión sobre el impuesto específico a los combustibles, alternativa que posteriormente fue descartada tanto por Jorge Quiroz como por el ministro José García Ruminot, quien se mantuvo al margen de casi todas las negociaciones por Reconstrucción en el Senado.
"Quiroz jamás actuó de mala fe. Él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Como no fue así, se reconoce y se retira la indicación", sostuvo Alvarado este martes, luego de una nueva reunión con Pedro Araya en la que también participó García Ruminot.
Posteriormente el día miércoles y minutos antes de que comenzara la Sala, el biministro se reunió junto al ministro Quiroz y los senadores oficialistas en el comedor de la vicepresidencia para coordinar la jornada y así la votación.
En paralelo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, asumió un rol activo para evitar que el acuerdo terminara completamente sepultado. La senadora mantuvo conversaciones con los parlamentarios del PPD y aseguró públicamente que el texto que llegaría a la Sala sería exactamente el mismo que había sido negociado con la colectividad. "Me atrevo a decir que deberíamos contar con ese apoyo", sostuvo en la antesala de la votación.
La estrategia dio parcialmente resultado. Finalmente, la Comisión de Hacienda aprobó por tres votos contra dos la propuesta original impulsada por los senadores del PPD, restableciendo el acuerdo inicial y dejando atrás la polémica por la rebaja al impuesto corporativo. También aprobó mantener la tasa de Primera Categoría en 23%, luego de que Hacienda retirara la indicación que proponía reducirla al 22%.
Posteriormente, en Sala la indicación del PPD con respecto a la invariabilidad tributaria fue aprobada por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, correspondiente al senador Pedro Araya (PPD). Mientras que la rebaja al impuesto corporativo por 26 votos a favor y 24 en contra.
Tércer trámite constitucional
Sin embargo, mientras el Senado se preparaba para votar la iniciativa, en La Moneda ya miraban un paso más adelante.
Superado el segundo trámite constitucional, el verdadero desafío para el Ejecutivo aparecerá en la Cámara de Diputados, donde el Partido de la Gente (PDG) volverá a tener un rol decisivo y donde el Gobierno buscará evitar que el proyecto termine en una comisión mixta.
En el Ejecutivo existe optimismo respecto de la votación en la Cámara Alta, aunque reconocen que el escenario cambió tras el quiebre con el PPD y que el margen político con que esperaban llegar a la Sala se redujo considerablemente. Por ello, las negociaciones no solo se han concentrado en recomponer el diálogo con esa colectividad, sino también en comenzar a asegurar los votos para el tercer trámite.
Con ese objetivo, durante los últimos días el ministro Jorge Quiroz inició contactos con el Partido de la Gente, esto, con el fin de "enmendar" la situación ocurrida con los senadores PPD.
Por su parte, el ministro García Ruminot sostuvo este martes una reunión con la diputada Zandra Parisi, quien llegó al Senado por instrucción del fundador de la colectividad y su hermano, Franco Parisi.
Aunque inicialmente circularon versiones sobre una eventual negociación por una rebaja al impuesto específico a los combustibles, tanto la parlamentaria como el ministro aclararon que la reunión estuvo centrada en el avance del proyecto comprometido por el Ejecutivo para establecer la devolución del IVA en pañales y medicamentos, una de las principales demandas del PDG.
Tras el encuentro, García Ruminot comprometió agilizar esa iniciativa, aunque descartó que existiera un condicionamiento de votos respecto del proyecto de Reconstrucción. Zandra Parisi, en tanto, evitó comprometer el respaldo de su bancada y sostuvo que esperarán conocer el texto definitivo que despache el Senado antes de fijar una posición.
Los cálculos que hoy maneja el Ejecutivo indican que ya no contará con los 14 votos que el PDG aportó durante la aprobación en general de la iniciativa. Tras las conversaciones sostenidas entre el ministro Jorge Quiroz y Franco Parisi debido a su estrecha relación, en La Moneda estiman que solo cuatro diputados de la colectividad -Javier Olivares, Alex Nahuelquín, Patricio Briones y Zandra Parisi- estarían disponibles para respaldar nuevamente el proyecto.
Ese estrecho margen mantiene instalado el principal fantasma que hoy ronda al Ejecutivo: una eventual comisión mixta.
Los cálculos que manejan tanto en La Moneda como en la Cámara de Diputados indican que, si el oficialismo mantiene sus respaldos y suma únicamente cuatro votos del PDG, alcanzaría alrededor de 79 apoyos, apenas uno por sobre el quórum requerido para ratificar las modificaciones del Senado con la Cámara completa de 155 diputados.
Cualquier desmarque podría impedir aprobar alguno de los artículos modificados por la Cámara Alta y obligar a conformar una comisión mixta, retrasando el despacho definitivo de una de las principales reformas económicas del Gobierno.
En el Ejecutivo existe además otra inquietud. De concretarse una comisión mixta, por la integración que corresponde reglamentariamente podrían participar la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), dos de los parlamentarios que con mayor fuerza han cuestionado el contenido del proyecto y la conducción del ministro Jorge Quiroz durante toda su tramitación.
Por ello, mientras el Senado trabajaba la iniciativa, el Gobierno ya trabaja en una estrategia para el tercer trámite constitucional. El objetivo es que la Cámara de Diputados ratifique únicamente aquellas modificaciones introducidas por el Senado que cuentan con respaldo del Ejecutivo, minimizando así el riesgo de una comisión mixta y permitiendo que el proyecto pueda convertirse en ley durante las próximas semanas, tal como espera La Moneda.
