La decisión del Gobierno de evaluar un veto a la norma que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, conocida como anatocismo, abrió un nuevo flanco en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.
Mientras desde el oficialismo pidieron al Ejecutivo eliminar esa disposición y también el denominado "derecho al olvido financiero", parlamentarios de la oposición criticaron la posibilidad de revertir una norma que ya fue aprobada por el Congreso y acusaron presiones del sistema financiero.
El diputado e integrante de la comisión mixta, Diego Schalper (RN), sostuvo que "nosotros, de Renovación Nacional, le hacemos un llamado al Gobierno a vetar los dos artículos en disputa".
"Para nosotros, como partido, tanto el anatocismo como el derecho al olvido nos parece que son cosas improcedentes, y, por lo tanto, le decimos al Gobierno, para Renovación Nacional es extremadamente importante, no obstante, demora un poco la tramitación de este proyecto de ley, que tanto el anatocismo como el derecho al olvido se veten. Y yo sé que eso es una cosa que se está discutiendo dentro del Gobierno, pero nuestra posición como partido es que el proyecto de ley se ve muy perjudicado, si es que esas dos materias quedan finalmente", afirmó.
En la misma línea, el senador Javier Macaya (UDI), quien presidirá la mixta, aseguró que ambas normas podrían tener consecuencias negativas para el acceso al crédito.
"Yo creo que hay dos aspectos muy importantes que, a mi juicio, hacen necesario el veto. El no cobro de interés sobre interés, que es denominado anatocismo, y lo que significa el denominado derecho al olvido. Las consecuencias de la aplicación de estas normas pueden ser quizás populares en el papel, pero muy negativas para el crédito, para los más vulnerables que no van a tener acceso al crédito, para personas que tienen depósitos a plazo, que no van a recibir un interés por ese depósito a plazo. O sea, son de las típicas políticas públicas que muchas veces hace el Congreso que no consideran sus consecuencias”, señaló.
Agregó que "lo decía hoy día, veía desde el sector financiero personas que dicen que incluso puede ser más regresivo que lo que significó en su momento los retiros de los fondos de pensiones. Así que nos parece que es importante que en lo que corresponda al rol y a las potestades que tiene el Ejecutivo, que pueda aplicar un veto respecto a estas dos normas".
{Oposición critica eventual veto}
Las declaraciones encontraron una rápida respuesta desde el oficialismo, donde cuestionaron que el Ejecutivo evalúe eliminar una disposición aprobada durante la tramitación del proyecto.
La senadora Karol Cariola (PC) manifestó que "me parece que esa es una norma absolutamente contingente a lo que está ocurriendo, y me parece lamentable, me parece absolutamente fuera de lugar, y además desconsiderado por parte del Ejecutivo querer vetar esta norma. Con todo lo que está ocurriendo en estos días, con tres regiones que han tenido que enfrentar una situación de emergencia dolorosa, que además no se tome conciencia de que la reposición inmediata de los servicios básicos es una necesidad, me parece que habla de un Ejecutivo desconectado".
Asimismo, sostuvo que "lamento que se opongan a estas medidas y que aquí se estén tratando de nuevamente desvirtuar lo que democráticamente se aprobó en el Congreso Nacional, y que no se respete la voluntad soberana que en este Congreso Nacional finalmente terminó transformando en ley cada una de estas normas".
En tanto, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, manifestó su respaldo a la prohibición del anatocismo y cuestionó los argumentos que se han levantado para justificar un eventual veto.
"Sé que existen presiones para que el Ejecutivo la vete. He revisado personalmente la minuta técnica que circula en contra de esta norma, y sus propios ejemplos numéricos demuestran que en el segmento de crédito más afectado, la prohibición no encarece el crédito, sino que sólo obliga a mostrar el costo real en la tasa, en vez de esconderlo en la capitalización de intereses”, sostuvo.
Además, agregó que "no es coherente que este mismo proyecto le dé 20 años de certeza tributaria a las grandes empresas, y al mismo tiempo, abra la puerta para que se mantenga, por presión del sistema financiero, el cobro de intereses que ahogan a las familias afectadas".
