Las intensas lluvias registradas en 10 regiones del país y la llegada de posibles nuevos sistemas frontales volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad de la infraestructura chilena para enfrentar eventos cada vez más frecuentes e intensos producto del cambio climático.
En ese contexto, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y académico de la Universidad San Sebastián, Carlos Aguirre, realizó el estudio "Discusiones sobre la Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura y la Resiliencia" en el que advierte que el país debe avanzar desde una lógica centrada en la reconstrucción hacia una estrategia basada en la resiliencia.
A juicio del especialista, "la resiliencia de la infraestructura no consiste únicamente en construir obras más resistentes, sino en diseñar sistemas capaces de mantener operativos los servicios esenciales, contar con alternativas cuando falla un componente y reducir al mínimo los tiempos de recuperación".
Aguirre afirmó que "cada invierno vemos cómo se interrumpen caminos, colapsan sistemas de drenaje o quedan aisladas comunidades completas. La pregunta ya no es si estos eventos volverán a ocurrir, sino si nuestra infraestructura está preparada para seguir funcionando durante ellos y recuperarse rápidamente después".
A partir del trabajo desarrollado por el CPI, Aguirre propuso cinco medidas prioritarias para enfrentar los efectos del cambio climático. El primero es incorporar el riesgo climático en todas las inversiones públicas, ya que "cada proyecto de infraestructura debería evaluar distintos escenarios de lluvias extremas, inundaciones y otros eventos asociados al cambio climático antes de ser ejecutado".
Se suma priorizar el fortalecimiento de infraestructura crítica como hospitales, rutas, redes de agua, electricidad y telecomunicaciones, las cuales "deben diseñarse considerando estándares de continuidad operacional durante emergencias".
Aguirre agregó que se debe complementar las obras tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza, como humedales urbanos y parques inundables, ya que esto permite reducir el escurrimiento superficial y disminuir el riesgo de inundaciones.
Se añadió utilizar monitoreo y sistemas predictivos a través del uso de sensores y sistemas predictivos para anticipar fallas y tomar decisiones antes de que ocurran interrupciones mayores.
Como último punto, mencionó que se debe cambiar el foco desde la reconstrucción hacia la prevención. "Cada peso invertido antes del desastre evita costos mucho mayores después. La resiliencia no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión que protege vidas, infraestructura y recursos públicos", afirmó el consejero del CPI.
En ese sentido, Aguirre afirmó que uno de los principales desafíos consiste en dejar de evaluar las obras únicamente por su costo inicial y comenzar a medir su capacidad para mantener funcionando las ciudades durante situaciones de emergencia.
"La infraestructura debe planificarse como un sistema integrado. Cuando una carretera queda inutilizable, también puede verse afectado el acceso a hospitales, el abastecimiento de agua o el funcionamiento de servicios básicos. Por eso debemos diseñar redes con redundancia, alternativas y capacidad de adaptación", concluyó.
El académico agregó que considerando la creciente frecuencia de eventos extremos asociados al cambio climático, "fortalecer la resiliencia de la infraestructura pública representa una de las inversiones estratégicas más relevantes para el desarrollo sostenible del país y la protección de sus comunidades".
