La confirmación del Poder Judicial de que un examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML) concluyó con una probabilidad superior al 99,999% que la mujer encontrada en Argentina corresponde a Bernarda Vera -quien figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig- generó una serie de reacciones.
El ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el caso y recordó que los antecedentes ya se habían conocido públicamente hace algún tiempo.
"Esa es una situación que tiempo atrás se conoció públicamente a través de un reportaje o un medio de comunicación. Entiendo que hoy día el juez que lleva la causa se reunió y comunicó con los familiares que había prácticamente un 100% de coincidencia en el ADN de esta persona que usted señala, pero al mismo tiempo expresamente todos sabemos que hay una investigación de carácter reservada o secreta", señaló.
Desde el oficialismo, en tanto, la jefa y el subjefe de la bancada de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, junto al diputado Daniel Lilayú, solicitaron al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos que, a su juicio, habrían sido obtenidos de forma fraudulenta tras confirmarse que Bernarda Vera estaba con vida.
Los parlamentarios recordaron que, de acuerdo con una respuesta del Instituto de Previsión Social (IPS), por figurar en el Informe Rettig se otorgó una pensión a la madre de Vera hasta su fallecimiento y posteriormente a su hija, quien volvió a recibir un beneficio económico por causal de discapacidad, el que continúa pagándose actualmente por un monto cercano a los $800 mil mensuales.
Por ello, pidieron que se ejerzan las acciones correspondientes para recuperar esos recursos. "Si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad", sostuvieron. Asimismo, agregaron que "lo que ha confirmado el Poder Judicial es de la máxima gravedad y amerita que el Gobierno ejerza todas las acciones que tenga a su alcance", tanto para recuperar los fondos públicos como para perseguir "las eventuales responsabilidades que puedan existir".
Asimismo, la diputada Stephanie Jéldrez (Republicanos), señaló "ya basta de abusos a nombre del 73’ Los chilenos no tenemos por qué seguir subvencionando mentiras cargadas de ideología".
"Es por eso que como bancada republicana vamos a impulsar una Comisión Especial Investigadora para conocer la pertinencia de los beneficiarios en pensiones de gracia y exonerados. Invitamos a las demás bancadas a sumarse para reencontrar a Chile con la verdad y avanzar", agregó.
Su compañero de bancada, el diputado Alejandro Riquelme (Republicanos), respaldó la iniciativa y aseguró que "esta noticia es de la máxima gravedad, porque demuestra que el Estado tiene la obligación de revisar con rigor los antecedentes que sustentan los registros oficiales en materias tan sensibles como las violaciones a los derechos humanos. La supuesta reparación no pueden construirse sobre errores, omisiones o información que no haya sido debidamente verificada. Si hoy una persona que figuraba como detenida desaparecida fue identificada con vida, corresponde esclarecer cómo ocurrió esta situación y si existen otros casos que deban revisarse".
Con respecto a la comisión investigadora que impulsarán, el parlamentario aseveró que "esa instancia también deberá analizar la entrega de pensiones de gracia vinculadas al estallido de 2019, luego de conocerse casos de beneficiarios con antecedentes penales e, incluso, personas que posteriormente volvieron a delinquir, porque los recursos públicos y la confianza en las instituciones exigen total transparencia y un control riguroso del Estado".
En la misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gloria Naveillán (PNL), cuestionó el monto de los recursos que el Estado habría desembolsado en este caso. "Yo me pregunto cuánto dinero ha desembolsado el Estado pagándole a familiares de estos supuestos detenidos desaparecidos que en realidad no lo eran", afirmó.
La parlamentaria sostuvo que, según un cálculo realizado por ella, la hija de Bernarda Vera habría recibido $109 millones desde 1975 a la fecha y emplazó al Ejecutivo: "¿El Estado buscará que la hija de Bernarda Vera le devuelva esta suma? ¿Qué es lo que correspondería?".
