Este jueves, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se dará inicio a la audiencia de formalización en contra de 11 personas, entre ellas Michael Clark -ex presidente de Azul Azul- y Pedro Larraín Mery, en el marco del Caso Sartor, donde el Ministerio Público indaga una serie de delitos económicos.
La investigación se originó tras varias fiscalizaciones efectuadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre Sartor Administradora General de Fondos (AGF), detectando graves irregularidades y presunto abuso fiduciario que se habrían cometido entre 2020 a la fecha.
Los antecedentes fueron remitido a Fiscalía, que presentará cargos por
Administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA); estos dos últimos delitos fueron los últimos detectados por los persecutores en el transcurso de la causa.
La CMF constató que Sartor AGF utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dineros a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas.
"Un grupo de imputados, entre ellos Clark, estructuraron un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. para financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes", señala la causa.
Por esa infracción, el regulador aplicó multas históricas que en conjunto suman 367.500 UF y revocó el permiso a la gestora para su funcionamiento.
Los formalizados serán Pedro Pablo Larraín Mery -excontrolador y expresidente de Sartor-, Michael Clark Varela -expresidente de Azul Azul-, Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.
El relato de víctimas
En una carta publicada por El Mercurio en junio pasado y que contó con la firma de 55 querellantes, estos entregaron su relato sobre los efectos negativos que supuso invertir su dinero en Sartor AGF.
"Somos personas comunes: jubilados que depositaron sus recursos acumulados durante años de trabajo; profesionales, dueños de pequeñas empresas, padres y madres de familia. Confiamos en una institución fiscalizada por el propio Estado. No tuvimos señales de alerta e hicimos lo que se supone que debe hacer un ciudadano responsable: ahorrar y resguardar ese ahorro en el sistema formal".
Manifestaron que "el resultado ha sido devastador", agregando que "hay quienes hoy dependen de sus hijos para pagar hasta el supermercado o no pueden pagar los colegios de sus hijos; otros han visto truncado su plan de jubilación a pocas semanas de concretarlo o no pueden costearse sus gastos médicos ni su defensa.
Todos compartimos la misma incertidumbre: no sabemos cuánto ni cuándo recuperaremos nuestras inversiones, ni bajo qué condiciones".
Debut de la nueva Ley de Delitos Económicos
Según consignó El Mercurio, en esta causa se estrenará la nueva ley de Delitos Económicos. "Con esta ley, la cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata deja de ser una posibilidad meramente teórica porque fue diseñada precisamente para reducir la sensación de que los grandes delitos económicos terminaban en una multa, firma mensual o cursos de ética", señaló a ese medio José Ignacio Camus, socio de la firma de compliance AdmiralOne.
Si bien esta ley no garantiza cárcel para los eventuales culpables, sí modifica atenuantes que antes permitían una penalización simbólica: "La irreprochable conducta anterior ya no opera como atenuante habitual. Ser director, gerente general o encontrarse en una posición superior dentro de la empresa puede transformarse en una agravante muy calificada", dice Camus, quien plantea que este caso "puede convertirse en la primera gran prueba pública" de esta nueva ley.
