Más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional es lo que incluye la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) anunciada ayer por el Presidente José Antonio Kast y detallada hoy por el Ministerio de Seguridad Pública.
24 horas después del despacho total de la Ley de Reconstrucción Nacional, el Ejecutivo empezó una segunda fase enfocada en la seguridad, donde entre las principales medidas se encuentra la ACOT.
En su cadena nacional, el Mandatario señaló que "el mensaje es claro y directo:
los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre. Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer".
En concreto, el objetivo de ACOT es fortalecer el sistema de seguridad pública a través de diversos mecanismos y endurecer las penas contra las organizaciones criminales y el terrorismo, consagrando expresamente en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado.
Las cifras del Gobierno
Según señalan desde el Gobierno, al asumir la administración las cifras de delincuencia evidenciaban 1.091 víctimas de homicidio en 2025; más de 218.000 robos violentos durante 2025; un aumento de más de 300% en los casos por contrabando en la última década; una percepción de inseguridad que se mantiene sobre el 80% de las personas, y más de 10 organizaciones de crimen organizado transnacional identificadas.
Tras aplicar el Plan Operativo de Seguridad Pública al asumir el Ejecutivo, afirman que se habrían registrado bajas de homicidios, secuestros, robos violentos, ingresos de migrantes irregulares, eventos de violencia en la Macrozona Sur, y un aumento de incautación de droga.
Bajo ese contexto, se anunció el envío de una reforma constitucional que consagraría en la Carta Fundamental el deber del Estado de resguardar la seguridad pública y una batería de treintena de proyectos de ley.
Zoom a la ACOT
Esta mañana el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mencionó que "hay momentos en que un país debe decidir quién manda, si manda la ley o manda el delincuente, si la calle, nuestros barrios, villas y poblaciones pertenecen a las familias, a los chilenos que madrugan y trabajan o al delito, al crimen organizado, al terrorista. Este es uno de esos momentos".
"Se acabó el Chile que acepta que el crimen organizado mande a nuestras fronteras. Se acabó el Chile que aceptaba que el crimen organizado mandara a nuestras cárceles. Se acabó el Chile que miraba con más consideración al delincuente que a quienes mandatábamos hacer cumplir la ley. Hoy presentamos nuestra Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo llamada ACOT", mencionó.
"La ACOT propone un alto volumen legislativo, una reforma constitucional, 20 proyectos de ley hoy día en trámite con diferentes grados de urgencia y cerca de una quincena de proyectos de ley que iremos ingresando en las próximas semanas y meses con un intenso trabajo prelegislativo para que tenga un apoyo transversal y tal como nos ha mandatado el Presidente de la República, prontamente su gran mayoría puedan ser ley y estén totalmente tramitados", señaló el ministro.
A la fecha ya se han presentado, entre otras, las siguientes iniciativas legales incorporadas en el ACOT: el proyecto que mejora las condiciones salariales de Carabineros de Chile, iniciativas que enfrentan la migración ilegal -como la ampliación del plazo de retención de expulsados y el delito de tráfico de migrantes irregulares,
y urgencias al fortalecimiento de la Ley Nain Retamal, al proyecto que agrava penas a quienes cometan delitos encapuchados y a las reglas del uso de la fuerza (RUF).
La medida contempla incorporar una nómina de organizaciones involucradas en el crimen organizado y el terrorismo; regímenes penitenciarios diferenciados respecto de delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo; facilitar la incautación y liquidación de bienes derivados del crimen organizado, narcotráfico y organizaciones terroristas, y un Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública.
"Hablar sobre un nuevo Estado de Excepción vinculado a la seguridad pública, adecuado especialmente a las necesidades de ese fenómeno que hoy día nos tiene en algunas partes de nuestro país, renovando una y otra vez estados de emergencia que resultan a veces no tan eficaces y que podríamos tener un estado algo más preciso para ello", apuntó Arrau.
Nuevas iniciativas
Entre las nuevas medidas legales se incorpora la modificación de la Ley Antibarricadas mediante la eliminación del requisito de violencia, la reforma de Zona Primaria de Seguridad Fronteriza para las operaciones de Carabineros y PDI sin requerir autorización de Aduanas, la destrucción de todo bien irregular ingresado por paso no habilitado, y el cierre y destrucción de máquinas de destreza y azar ilegales.
Además, se incluye la habilitación a las policías -laboratorios de criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR) y de la Policía de Investigaciones (LACRIM)- para la toma de muestras biológicas (ADN) y de huella, sin acreditación separada ante el Servicio Médico Legal (SML).
Se suma la destrucción de drogas en colaboración policial con Servicios de Salud, una Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería para incorporarla a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos, y la modernización de la PDI mediante mejoras salariales.
El llamado a la reflexión de Arrau
El ministro Arrau llamó a "hacer la reflexión de que el Congreso no solamente votará artículos, votará si el Estado vuelve a recuperar el control que le cedió al crimen organizado y el terrorismo en las últimas décadas".
El secretario de Estado afirmó que "si Chile vuelve a darle tranquilidad a los vecinos en los diferentes barrios de nuestro país, en las diferentes ciudades que recorremos, donde los vecinos en cada uno de esos operativos a las más diversas horas pide mayor presencia, pide mayor fuerza, pide mayor decisión. A quienes confiaron en este Gobierno les decimos que recibimos su mandato con absoluta claridad, no llegamos a administrar la inseguridad, llegamos a cambiarla".
"El bien no puede pedir disculpas por defenderse, la autoridad no puede avergonzarse por ejercer su rol, el Estado no puede temerle más al actuar del delincuente o violar la ley. La seguridad no se recupera de un día para otro, pero recuperarla requiere de actitud y aptitud y Chile en su historia ha demostrado ambas. Hemos sido capaces de levantarnos una y otra vez, y por supuesto que somos capaces de levantarnos esta vez y volver a ser uno de los países más seguros del mundo. Trabajemos juntos por esta agenda, trabajemos juntos por recuperar nuestra tranquilidad y nuestra libertad", cerró el ministro de Seguridad Pública.
